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| 2/25/2017 12:00:00 AM

SOS Guajira

El gobierno nacional intervino la administración de la salud, educación y agua potable en La Guajira. Una medida excepcional que se justifica ante un gobierno regional fallido.

Al designar al frente de la Gobernación de La Guajira al antropólogo e historiador Weildler Guerra Curvelo, de origen wayúu, y al nombrar tres agentes interventores para la salud, la educación y el agua potable, el gobierno nacional decidió asumir la administración de este departamento por lo menos en estos sectores. Tomó la medida de carácter temporal, cautelar y correctiva, ante la sed, el hambre, la miseria y la corrupción a la que están sometidos los habitantes de uno de los departamentos más ricos del país.

La medida revivió un viejo debate sobre un asunto clave: las relaciones del poder central frente al local y regional. El país asumió una descentralización administrativa y económica desde la Constituyente del 91 –que se considera indispensable ahora en el posconflicto–, pero el gobierno no podía quedarse con los brazos cruzados frente a la crisis de La Guajira.

La mayoría de los guajiros, incluida la clase dirigente, recibieron con buenos ojos la designación de Guerra, pero reclaman mayor claridad sobre cómo se manejarán esos tres sectores. Alfredo Deluque, representante a la Cámara, dijo que “más allá de manejar recursos, le pedimos al gobierno comprometerse con proyectos que de verdad le cambien la cara a La Guajira, como la circunvalar hasta la Alta Guajira, terminar la represa del río Ranchería para darles agua a varios municipios y un distrito de riego para mejorar la producción agrícola”. Esto, sin contar con el arduo trabajo que se necesita para crear una institucionalidad y una ciudadanía que es muy precaria o no existe.

El jueves, la ministra de Vivienda y Agua Potable, Elsa Noguera, estuvo en Riohacha y anunció que se pondrá a la tarea de resolver los problemas que hay en el suministro del vital líquido. Para eso, designó a la exsecretaria de Hacienda de La Guajira Zoraida Salcedo Mendoza.
Sin embargo, no cayó bien el nombramiento de quien al parecer se encargará de la Secretaría de Educación, José Martín Hincapié, quien estuvo durante cinco años como agente interventor de la educación en el Chocó. Los periodistas guajiros han indagado que es oriundo de Tuluá y que manejaba la Secretaría con un grupito de personas traídas del Valle del Cauca.

La intervención también revivió el malestar que tiene que ver con la riqueza que durante años la Nación ha sacado del departamento sin retribuirla con justicia. Manuel Sierra Deluque, asesor del departamento, en declaraciones a un programa radial, afirmó que desde 1942 han extraído 40 millones de toneladas de sal, y en los últimos 25 años 550 millones de toneladas de carbón y 20 billones de pies cúbicos de gas. Esto, dijo, refleja la desigualdad del diálogo La Guajira-Nación versus pobreza y desigualdad. Aunque frente a los billonarios recursos que se han ejecutado, la clase política tampoco tiene mucho que defender.

Algunos consideran que la intervención fue tardía, porque el gobierno conocía de las maniobras de políticos y gobernadores durante todos estos años de bonanza carbonera y gasífera que se quedaba en el papel de los contratos, o en elefantes blancos perdidos en los cardonales del desierto, y poco hicieron para evitarlo.

Los guajiros se preguntan si con la intervención el gobierno busca aliviar su responsabilidad y no dejar perder unos recursos para pagar a los maestros, los servicios de salud y un pobre plan de agua que no alivia las necesidades, o si va a resolver estos temas de fondo y va a ayudar a trazar una hoja de ruta que marque un porvenir distinto. ¿Qué espera el gobierno nacional mostrarle al país dentro de 36 meses? El departamento espera esa respuesta.

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