Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/02/17 19:01

FARC destruye estrategia de defensa de Kiko Gómez

El jefe de la delegación de esa guerrilla, Iván Márquez, le envió una carta a la hija de un político asesinado en La Guajira, en la que descarta que sus hombres hubieran perpetrado el crimen.

La defensa de 'Kiko' Gómez esgrime la tesis de que el homicidio lo cometieron las FARC. Foto: Archivo particular

Fueron ocho meses de búsqueda obstinada de una sola información a través de congresistas, abogados, guerrilleros presos, investigadores sociales y asesores de paz. Al final de todo esto, una carta oficial de las FARC, entregada hace pocos días bajo el espíritu de los acuerdos de La Habana de revelar la verdad de medio siglo de guerra, echó por tierra la estrategia de defensa del exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, en un caso de homicidio por el que es juzgado.

El ex funcionario es acusado como autor intelectual del asesinato del concejal de Barrancas, La Guajira,  Luis López Peralta, en circunstancias que una de sus hijas, Diana López Zuleta, describió en un conmovedor relato recientemente publicado en Semana.com A mi papá lo mataron dos veces.

La defensa de Gómez esgrime la tesis de que el homicidio fue cometido por las FARC (sin dar detalles ni evidencias) y ha llevado testigos que lo sugirieron y otros que lo afirman parcialmente. Entre estos proliferan contribuyentes de sus campañas políticas y contratistas a los que benefició en la gobernación.

A López Peralta lo asesinaron en Barrancas dos sicarios el 22 de febrero de 1997. Le dispararon en el cuello a las 9 de la mañana, quedó herido, no recibió asistencia médica inmediata y fue sometido, por orden de Kiko Gómez a un viaje de carretera a Valledupar a lo largo del cual se fue desangrando hasta morir, pasadas las 12 del día, cuando llegó exánime a la clínica privada Valledupar.

El principal testigo de la defensa que planteó la tesis de que las FARC estarían detrás fue Carlos Figueroa Ucrós, cuñado de Kiko Gómez, a quien oficialmente aportó en su última campaña 59 millones 500.000 pesos. Además, está señalado de ser presunto testaferro del acusado y es pariente de Marcos Figueroa, jefe de sicarios de Gómez.

Quien fuera secretaria de López Peralta, Osiris Brito, el mismo día que asesinaron a su jefe declaró a la Policía Judicial que él no había recibido amenaza alguna ni tenía enemigos. No obstante, 19 años después reapareció, llevada por la defensa, a esgrimir en el juicio la tesis de que 15 días antes del homicidio la guerrilla había llamado al concejal para amenazarlo de muerte. Pero reconoció que carecía de indicios o evidencias para respaldar su declaración.

En la misma línea, William de Jesús Pitre Suárez sostuvo que él mismo había estado con López Peralta 15 minutos antes de ser asesinado y tuvo la oportunidad de recomendarle que tuviera mucho cuidado porque la guerrilla se disponía a matarlo. No supo explicar cómo se enteró ni por qué iba a ser cometido el crimen del que supo anticipadamente. También contó que había perseguido a los asesinos en circunstancias que no estuvo en capacidad de exponer.

López Peralta se perfilaba como seguro ganador en las próximas elecciones para la Alcaldía de Barrancas y en sus intervenciones había señalado a Kiko Gómez, quien para entonces era el alcalde, de innumerables arbitrariedades, principalmente hurtos de dineros públicos.

El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá dirime la causa por el homicidio de López Peralta. El debate público ya fue cerrado y las partes se preparan para presentar sus alegatos finales, previos a la sentencia.

Es uno de los 131 homicidios que le son atribuidos al exgobernador, hoy preso en la penitenciaría de La Picota, a disposición de dos juzgados que están por fallar sobre las acusaciones que se le hacen por las muertes violentas de seis personas. Entretanto, la Fiscalía General se alista para llevarlo a juicio por otros nueve homicidios.

Tanto Diana López como este periodista desde hace ocho meses nos entregamos a la tarea de examinar la presencia de las FARC en el momento y la zona donde se cometió el asesinato de López Peralta. Por distintos canales acudimos, cada uno por su lado, a guerrilleros recluidos en cárceles colombianas y de Estados Unidos con el propósito de aproximarnos a la verdad.

Los penalistas Carlos Toro López (representante de Diana López) y Rodolfo Ríos Lozano se comprometieron separadamente a indagar en las prisiones donde visitan a sus clientes, pues sabían que en ellas también había reclusos de las FARC.

A estos últimos les preguntaron si podrían entregar una versión sobre la posible responsabilidad de su organización en el crimen de López Peralta y todos contestaron que para conseguir una respuesta primero elevarían la pregunta a sus superiores con el objeto de iniciar una investigación interna y al final de ella saldría un pronunciamiento oficial en cualquier sentido que emitiría el mando nacional de la organización guerrillera. Esto, en principio, no pareció ser más que un imposible burocrático.

En un esfuerzo adicional, solicité al ex ministro Alvaro Leyva Durán el favor especial de llevarles a los jefes de las FARC en La Habana una carta mía en la que les pedía contestar si reconocían como suyo o no el asesinato de López Peralta. El emisario, sin ningún tipo de compromiso, aceptó llevarla, pero no hubo respuesta alguna.

En diciembre del 2015, Diana consiguió que la atendiera en Bogotá el senador Iván Cepeda Castro. Le expuso el caso del asesinato de su padre y le preguntó si en un viaje que estaba por emprender a Cuba estaría dispuesto a llevar una carta suya dirigida a la jefatura de las FARC en busca de una respuesta sobre la posible participación en el crimen de esa guerrilla. El congresista aceptó.

Entretanto, por conducto de una fuente de información cercana a Ricardo Palmera, ‘Simón Trinidad’, quien fue parte del Bloque Caribe de las FARC, que operó en la zona del homicidio, solicité que se le preguntara en la cárcel de Estados Unidos donde se encuentra si reconocía como propio el crimen, pero meses después no recibí más que una respuesta del intermediario: “Hasta donde se sabe, Kiko Gómez es un viejo narcotraficante y paramilitar de La Guajira, pero ha sido imposible conseguir una declaración de ‘Simón’”.

Diana López, de su lado, se dirigió a un reconocido escritor y periodista con el objeto de que, de ser posible, llevara también a La Habana una carta de ella dirigida a los jefes de las FARC en solicitud de que reconocieran o negaran el asesinato de su padre.

El escritor solamente pudo conseguir una dirección electrónica de “Benkos”, quien, según explicó, podría hacer un puente para tratar de dilucidar el asunto, pero no hubo respuesta a la primera comunicación.

No obstante, Diana le escribió por segunda vez:

Señor Benkos. Le escribo nuevamente porque tal vez no vio mi mensaje y necesito comunicarme urgentemente con usted para hablar sobre el tema que copio nuevamente debajo en este mensaje. Estoy dispuesta a ir a La Habana para hablar con usted o con quien usted me sugiera que pueda darme una declaración al respecto de la muerte de mi padre. Le ruego que por favor me responda”.

Ya habituada a fracasar en todos los intentos que había hecho, no le dio mayores esperanzas a este pedido hasta cuando, al revisar su correo, encontró, de pronto, este mensaje textual: “Hola, reina, sí recibimos su nota anterior y la tramitamos a quien por razones de ubicación puede dar fe de la situación que Ud. describe, el Está organizando (sic) y de manera oportuna dará respuesta puntual previa consulta al frente 59 que es a quien corresponde dar respuesta a su solicitud. Estamos al tanto y totalmente identificados con su causa”.

Simultáneamente, por mi parte, dirigí a la plana mayor de las FARC una comunicación igual a la que le había pedido al doctor Álvaro Leyva entregar en La Habana. En esta oportunidad la llevaron, también sin ningún tipo de compromiso, mis amigos los investigadores sociales León Valencia y Ariel Ávila en uno de los viajes que han hecho en función de investigar los caminos y las incógnitas del proceso de paz. El escrito fue entregado y tampoco hubo respuesta.

Supe después que Ávila y Valencia harían otro viaje, les entregué copia de la misma carta y les pregunté si podrían llevarla de nuevo. Aceptaron y la entregaron otra vez.

Simultáneamente, envié el mismo escrito con otro emisario que la entregó a ‘Pablo Catatumbo’ y recibió de él una explicación similar a la que dieron muchos otros miembros de las FARC: “Esa pregunta ya la hemos recibido muchas veces y estamos haciendo una investigación. Nosotros no matamos a Luis López Peralta, pero, para no equivocarnos, en tres días terminará una profunda investigación interna y transmitiremos los resultados. Nuestra gente en esa zona está viva y tenemos memoria de todo lo que ha pasado allá”.

Todas las fuentes e intermediarios contactados advirtieron el interés de las FARC de respetar la verdad, cualquiera que fuera, para honrar los acuerdos logrados hasta ahora con el gobierno de Colombia.

Transcurrieron mucho más de tres días sin respuesta de ninguna clase y otra vez se durmió la esperanza de obtener alguna claridad. Pero el 10 de febrero del 2016, el Whatsapp de Diana timbró dos veces en su teléfono a las 7:45 de la mañana para anunciar dos mensajes del senador Cepeda Castro en los que transmitió la ansiada respuesta que, por su intermedio, acababan de enviar las FARC por medio de su máximo jefe, Iván Márquez:

La Habana, febrero 10 de 2016

Apreciada Diana:

Desde esta isla que nos ha prestado su territorio para que los colombianos pactemos nuestra reconciliación le envío mi saludo lleno de afecto y de solidaridad con su dolor.

“He leído con detenimiento su relato de los tristes hechos de Barrancas aquel 22 de febrero de 1997 cuando sicarios asesinaron a  su padre Luis López Peralta, causando un gran impacto en una niña de 10 años que se preparaba para cantarle en su cumpleaños.

“Nos parece reprochable la estrategia de la defensa del procesado por el crimen, de endilgarle a las FARC este hecho para atenuar su responsabilidad ante la justicia.

“Con mucho gusto, Diana, podemos afirmar de manera perentoria, luego de consultar con el Bloque Caribe de las FARC, que nunca su padre, un hombre bueno, querido por sus paisanos, fue objeto de exigencia de carácter económico por la insurgencia, como torcidamente aduce la mencionada defensa.

“Esperamos que su incansable lucha por la justicia en este caso le dé la paz que su corazón merece.

Cordialmente

Iván Márquez”.

La respuesta de las FARC entra a respaldar la resolución acusatoria que hace dos años elaboró la Fiscalía General de la Nación contra Kiko Gómez en el caso de López Peralta. En una de sus partes, dice:

En el proceso está claro, que los ejecutores del crimen fueron dos sicarios que esperaron el momento propio para atacar por la espalda a su víctima con arma corta, al parecer pistola y luego emprender raudamente la huida. Tal forma de proceder, según la experiencia judicial, es propia de avezados asalariados del crimen organizado y no de guerrilleros”.

Testigos de la defensa han tratado de sostener que el crimen de López es obra de las FARC, pero sus afirmaciones han sido desbaratadas en el juicio por la Fiscalía y el representante de víctimas al comprobarles en las audiencias parentescos con el acusado, negocios, amedrentamientos para declarar y relaciones políticas o comerciales con Kiko Gómez, entre otras cosas.

La voluminosa investigación de la Fiscalía optó por acusar a Kiko Gómez y a nadie más por motivos que se ven resumidos en este párrafo:

Luis López Peralta no había sido amenazado ni tenía enemigos conocidos o declarados; y nunca se ha señalado a ninguna otra persona interesada en su muerte”.

Los acuerdos logrados por el Gobierno con las FARC en La Habana y la paz que se debería aclimatar cuando sean puestos en práctica prometen esclarecer, como en este caso, millares de crímenes que llevan décadas atorados en los anaqueles de la justicia colombiana.

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