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| 6/15/2016 12:04:00 PM

Que la Corte Constitucional salve a La Guajira

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el estado de cosas en ese departamento de la región caribe.

Para poder superar la crisis humanitaria que vive la población de La Guajira, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el estado de cosas en ese departamento de la región caribe de Colombia. 

Eso significa que, de prosperar la solicitud, todas las entidades estatales responsables quedarán bajo la vigilancia de ese alto tribunal hasta que se supere ese estado deficitario. Lo que implica posibles medidas disciplinarias, fiscales y hasta penales contra los organismos que sigan siendo renuentes e indiferentes frente a este drama social.

Para nadie es un secreto que la crisis humanitaria de La Guajira refleja negligencia, falta de previsión e irresponsabilidad de altos funcionarios y mandos medios de las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de políticas sociales.

El desarrollo de proyectos de explotación de recursos y otras actividades económicas que se ejecutan en la zona sin tener en cuenta la opinión de la población, la desatención en materia de salud, la falta de acceso a servicios públicos son sólo algunos de los males endémicos de la región.

Las muertes de niños y adultos que perecen de inanición, vencidos por el hambre y la sed son hechos que si bien escandalizan a la ciudadanía, parecen no conmover en nada a la institucionalidad, sorda incluso ante las órdenes de organismos multilaterales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (Lea: Crisis de sequía en La Guajira )

De ahí que la Procuraduría crea que la solución sea la intervención inmediata de la Corte Constitucional. Así lo expresó la delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, quien dio cuenta de la actuación que rindió la oficina a su cargo a instancias del ente judicial.

La funcionaria señaló que el informe sobre la situación que viven los guajiros, especialmente la comunidad wayúu, es tan lamentable, que decidió incluir en su titulación la alusión a este pueblo como un ejemplo de "hambre de dignidad y sed de justicia".

Para ella, la indiferencia de las entidades es tal, que ni siquiera hay certeza de cuántos habitantes tiene el departamento. En su criterio, urge adelantar un nuevo censo, pues pese a que las autoridades cuentan con información que daría cuenta de la residencia en el lugar de 900.000 personas, los subregistros pondrían en evidencia la existencia de al menos 300.000 habitantes más.

Frente a la problemática de los programas de alimentación escolar, que comprometen la responsabilidad de los entes territoriales, que contratan a las fundaciones que suministran los refrigerios, Hoyos tampoco ocultó su indignación.

Por sus palabras, parecería ponerse en evidencia que fue el Ministerio Público el primer organismo en poner el dedo en la llaga. Según ella, desde el 2012 la Procuraduría le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le explica los excesos de los contratistas, sus debilidades y la permisividad de alcaldías y demás entes.

Explicó que cuatro años después, el jefe del Estado no ha respondido a esa primera advertencia, pero que la situación se ha hecho visible gracias a que organismos como la Contraloría se han sumado a la preocupación de la Procuraduría, que hoy comparten casi todas las entidades del Estado.

El delegado de asuntos disciplinarios, Carlos Arturo Ramírez, también denunció episodios de vulneración a los derechos de los guajiros que explican el porqué de la intervención urgente.

Según él, ha habido varios casos de menores que han sido víctimas de acceso carnal violento y actos sexuales abusivos, por lo que se espera también que la vigilancia se extienda a lo que ocurre en las aulas de clase, donde los niños son blanco de numerosas actuaciones que los victimizan y los ponen en un estado de vulnerabilidad aún mayor.

Para defenderse de las críticas respecto a la supuesta falta de actuaciones disciplinarias contra los responsables de esta crisis humanitaria, el jefe de la entidad, Alejandro Ordóñez, explicó que el hecho de que no haya sanciones no significa que el poder de esa entidad en aquella materia no se haya activado.

Al contrario, dice, ha sido gracias a esa intervención que muchas de las problemáticas se han ido corrigiendo.

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