La guardia pretoriana

En 1990 miles de jóvenes salieron a marchar pacíficamente por las calles de Bogotá y de las principales ciudades del país. Era la época del terror, del magnicidio de Luis Carlos Galán, de los bombazos que estremecían las ventanas en la mitad de la noche, de la figura terrorífica y fantasmagórica de Pablo Escobar, de los discursos en las escalinatas de las universidades. Era la rabia contenida de una sociedad que no aguantaba más y de una nueva generación que sintió y ejerció su deber de tratar de cambiar el país.

Ese entusiasmo estudiantil desembocó en uno de los proyectos políticos más ambiciosos de la historia reciente del país: impulsar la votación por la 'séptima papeleta', con la que los cololombianos expresaron su apoyo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

El país encaraba una década con la ilusión de cambiar las cosas. Había futuro. Sobre todo con la firma de la nueva Constitución de 1991. Con ella, el país le daba el puntillazo final al Frente Nacional y se imponían unas nuevas reglas para ejercer el poder y empoderar al ciudadano. Se creó la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, se crearon mecanismos de participación ciudadana como la tutela, las acciones populares y los cabildos abiertos. Sin duda, el país se volvió más democrático, participativo y plural. Pero también en los últimos años se agudizó la guerra, aumentó la pobreza y el Estado raspó la olla del erario público.

¿Qué papel ha desempeñado la Constitución de 1991 en la construcción de ese nuevo país? Quince años después, el debate está abierto. Sobre todo con coyunturas como la que marca el proyecto de reelección inmediata que aprobó el Congreso, figura prohibida por la nueva Constitución.

Para hacer un primer balance, SEMANA habló con seis de los líderes de la séptima papeleta, que cuando eran estudiantes inspiraron a cientos de jóvenes con sus discursos entusiastas y hoy son exitosos profesionales en sus campos. Catalina Botero, Claudia López, Fabio Villa, Óscar Ortiz, Fernando Carrillo y Óscar Guardiola discutieron sobre el impacto de la Carta Política del 91 en los aspectos estructurales de la realidad nacional y en los avatares de la coyuntura actual.

Lo importante para los promotores de la séptima papeleta es que en esta convulsionada coyuntura, la Constitución no se convierta en el caballito de batalla entre uribistas y antirreeleccionistas o entre personas con diferentes visiones del poder. Para ellos, "la Constitución por encima de los partidos".

SEMANA: ¿Cómo evalúan los resultados del trabajo político que hicieron hace 15 años, con la promoción de la séptima papeleta?

CATALINA BOTERO: La Constitución quedó muy bien hecha. Es un muy buen resultado del único proceso nacional democrático, pluralista y participativo. Creó la tutela, la Corte Constitucional, les dio poder a los jueces para aplicarla y consagró la forma de hacerla realidad. Además, con la Constitución del 91 aumentó la conciencia de los colombianos sobre los deberes y los derechos.

ÓSCAR GUARDIOLA: Por eso el reto es aplicarla y defenderla. No tiene ningún sentido que haya personas con poder político que atenten contra ella y contra instituciones como la Corte Constitucional. Estas personas buscan que el poder no se les salga de las manos a quienes han ido perdiendo privilegios después del proceso constituyente. Ellos tienen el discurso de la nueva política, cuando en realidad promueven el regreso a la época más oscura de la política colombiana.

ÓSCAR ORTIZ: Por eso hay que invitar a la gente para que defienda a capa y espada la Constitución. No en vano, su legitimidad fue el resultado de tres días electorales. El de la séptima papeleta, el plebiscito y la elección de los delegatarios. No fue una decisión volátil.

FERNANDO CARRILLO: Logramos la Constitución más democrática de América Latina. Y en un escenario de globalización de la justicia, el compromiso con los principios constitucionales es el mejor argumento que tiene el Estado colombiano para mostrar su frente a instituciones como el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya o la Corte Penal Internacional.

SEMANA: Pero algunos creen que las normas se deben ajustar a las realidades cambiantes y que la Constitución de 1991 no está hecha para un país en guerra.

C.B.: Es paradójico que responsabilicen a la Constitución de los problemas de orden público. Para algunos es por culpa de la Constitución que no hay gobernabilidad, que hay choque de trenes y no hay justicia, que no puede haber una política de seguridad. Pero si algo ha hecho que este país se mantenga relativamente cuerdo en la mitad del conflicto son las instituciones democráticas consagradas en la Constitución y que permiten tramitar muchos problemas por vías civilizadas.

FABIO VILLA: Ese punto es fundamental. El país está mal. Pero si uno evalúa cómo estaría el país sin la Constitución, estaría peor. La Constitución le ha dado un respiro a esta crisis. Si bien el narcoterrorismo no se ha acabado, el país respiró de él después de la Constituyente. Claro, también hay que entender que los grandes actores de la guerra en Colombia siguieron su guerra y se volvieron narcotraficantes. Que la guerra tiene dinámicas propias que trascienden las capacidades transformadoras de una Constitución.

SEMANA: Muchos asumen que como la Constitución de 1991 estuvo acompañada de un pacto de paz con el M-19 y el EPL, en nuevas negociaciones con actores armados habrá que volver a ajustar las reglas de juego.

C.B.: En ese momento, hace 14 años, era fundamental cambiar las reglas porque las instituciones de la Constitución de 1886 eran cerradas. Pero hoy tenemos unas instituciones que permiten que quienes han estado al margen de la ley puedan entrar a la vida civil, y que tengan ciertos privilegios temporales para competir políticamente en igualdad de condiciones. Hoy no tendría sentido modificar la Constitución para un proceso de paz.

CLAUDIA LÓPEZ: Además hay que aclarar que cuando se hizo la Constituyente ya se había surtido el proceso de paz con el EPL y el M-19. Y una sociedad que ajusta sus reglas para ceder ante los delincuentes está condenada a extinguirse.

F.V.: Ni siquiera la amnistía necesitó de la Constituyente, porque pudo definirse antes.

O.G.: Hace 15 años el regreso a la vida política del M-19 y del EPL se dio de manera transparente y cuando la Constituyente legitimó esta transparencia. Hoy no es tan clara esa transparencia. Estamos viviendo una seudodemocracia que se levanta sobre tres bases: la presión paramilitar, el pánico guerrillero y los liderazgos mesiánicos que se aprovechan del miedo generalizado.

SEMANA: ¿Existe un proyecto político deliberado contra la integridad de la Constitución de 1991?

C.L.: Sí, desde el día que se promulgó la Constitución. Pero este es un proceso natural, porque todos los cambios producen reacciones a favor y en contra. Quienes perdieron privilegios con la Constitución han impulsado un proyecto regresivo. Lo atípico sería que los Londoño y compañía no hubieran saltado, quienes añoran el país de 1800.

O.G.: Quienes han impulsado el proyecto contra el espíritu democrático de la Constitución de 1991 son sectores muy poderosos en este país. Han buscado atentar contra la tutela, las acciones populares, la Corte y contra el hecho de que algunos derechos sociales se reconozcan.

C.L.: Lo que más incomoda a esos sectores es que la Constitución sea garantista, haya empleado los derechos y les haya dado a los colombianos instrumentos para defenderlo.

C.B.: Pero quienes atentan contra la Constitución han fracasado sistemáticamente.

SEMANA: Y ¿a qué se debe este fracaso?

F.V.: Es que en el país hay una profunda cultura política alrededor de la Constitución. No hay nada políticamente menos rentable que atacarla. Finalmente estamos en una democracia. Y las mayorías están desprotegidas, pero no inconscientes.

O.G.: Antes del 91 esta era una democracia de mentiras, la política o se heredaba o se compraba. El efecto democratizador ha hecho que la gente no tenga que sentarse a esperar a ver si algún día hereda el caudal político de alguien por su apellido o porque lo logra comprar. Hay conciencia de que hay otras maneras de hacerlo.

F.C: El fracaso de quienes intentan atacar la Constitución de 1991 también se debe a que sus defensores están cerrando filas alrededor de ella. Hay un acuartelamiento de primer grado en defensa de la Carta Política que es cada vez más evidente.

SEMANA: ¿La próxima campaña presidencial puede terminar convirtiéndose en un plebiscito de la Constitución?

O.G.: En este momento hay un pedradón que le quieren meter al centro de la Constitución que es la reelección presidencial.

C.L.: Estamos de acuerdo en que lo que resulta terrible no es el precedente de que haya reelección, porque incluso eso perfecciona el sistema democrático. Pero sí es un pésimo precedente que un presidente pueda cambiar las reglas más sagradas de una sociedad -que se reflejan en la Constitución- en beneficio propio. Hay mucha gente que no quiere a Uribe y decide usar como caballito de batalla contra el Presidente la defensa de la Constitución.

C.B.: Lo importante frente a la reelección es que la Corte tome un fallo en derecho. Y cualquiera que sea, hay un sector de la población que se va a sentir descontento, pero tiene que respetarlo.

C.L.: Hay que superar la paranoia histérica de reeleccionistas y antirreeleccionistas. Lo más importante en esta coyuntura es defender las instituciones más allá de los resultados y las decisiones.

F.C: En otras palabras, defender la Constitución trascendiendo el debate sobre la reelección. Utilizarla exclusivamente como argumento para hacer oposición política es acabarla.

SEMANA: ¿Es más evidente el proyecto contra la Constitución de 1991 en este gobierno que en los pasados?

O.G.: Sí, claro. Parece estarse constitucionalizando un proyecto político, más que construyendo un proyecto a partir de las normas que impone la Constitución.

C.L.: El personaje más destacado en los ataques a la Constitución fue Fernando Londoño, ministro del Interior de este gobierno. Y el gobierno ha incorporado en sus filas a quienes comparten esta posición. Yo nunca había visto un representante de otro gobierno expresar tales críticas contra la Carta Política y la Constituyente. Además, si algo ha caracterizado a la política de este gobierno es que es de adjetivos y no de argumentos. Terroristas, politiqueros. Son calificativos de circunstancias, pero no sustento de decisiones políticas.

SEMANA: ¿Qué creen que hay que hacer para defender la Constitución?

C.B.: Promover una cultura política democrática que permita que la Carta Política esté por encima de la polarización que reina en el país.

F.C: Aunque tal vez, la polarización es el escenario ideal para llamar a un acuartelamiento de primer grado en defensa de la Constitución. Pero siempre, como lo hemos recalcado aquí, "la Constitución por encima de los partidos", y, claro, por encima del debate de la reelección.