La guerra por el agua, ¿debe abastecer Bogotá a los vecinos?

Pocas veces se había visto un mano a mano entre Bogotá, Cundinamarca y la nación con tantas implicaciones como el de la venta de agua en bloque. Aunque a simple vista parece un debate técnico, tiene consecuencias tangibles para muchos habitantes. Por una parte, está en juego una cuestión fundamental para la ciudad: si su crecimiento se va a dar hacia arriba o hacia los lados, y con esto, la solución de vivienda para miles de personas. Por otra, evidencia que el agua y los recursos naturales no son temas de un país lejano y selvático sino que son un articulador esencial de los desarrollos urbanos.

El problema es el siguiente. Desde hace 40 años, Bogotá les ha vendido 'agua en bloque' a ocho municipios cundinamarqueses. Esto significa que el acueducto de la capital les entrega el líquido para que estos lo distribuyan. Esa agua no es la que está en disputa, pues la ciudad va a seguir manteniendo el servicio a quienes lo tienen. La discusión tiene que ver con las viviendas nuevas. Para cumplir las ambiciosas metas del gobierno y solucionar el déficit que existe en la ciudad se ha pensado en construir urbanizaciones en localidades cercanas. A estas es a las que el alcalde de Bogotá no piensa venderles el agua.

La decisión de Gustavo Petro levantó una enorme polémica. Por una parte, según cifras del Ministerio de Vivienda y de Camacol, por cuenta de esto hoy hay 179.000 casas en riesgo, 95 por ciento de ellas de interés social. Más de 70 empresas constructoras se sienten afectadas. El elemento de fondo de esta puja es quién decide y cómo debe hacerse el ordenamiento territorial. Sobre el primer punto hay mucha discusión. De hecho, cuando Álvaro Uribe quiso hacer unos macroproyectos de vivienda, la Corte Constitucional los declaró inexequibles por considerar que la iniciativa del suelo debía ser de los municipios y no del gobierno central. Ahora quienes critican la negativa de Petro de vender el agua, entre ellos el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, señalan que el alcalde "pretende" ordenar el territorio y decidir sobre el futuro de la sabana.

La pregunta sobre el cómo es mucho más compleja. En últimas, se está hablando de un modelo de ciudad bien específico, el de Petro. El burgomaestre capitalino está convencido de que Bogotá debe crecer hacia arriba y no esparcirse hacia los municipios. "Hay quienes entienden que Bogotá le va a quitar el agua a la población, la va a matar de sed (…) ¡pero no!. Lo que hay detrás de la venta de agua en bloque es la urbanización de la Sabana de Bogotá", sostiene el alcalde. "Están reclamando con escopeta el derecho al desorden", reclama el gerente del acueducto Diego Bravo. Los municipios, el gobierno nacional y los constructores piensan una cosa distinta. Argumentan que muchas de las personas que se beneficiarían de las construcciones son bogotanos que no han encontrado un hogar en una ciudad cuyo déficit de vivienda para los más pobres alcanza las 350.000 unidades. Y que no vender el agua es estimular la informalidad. El debate sigue. Y por el momento, el único acuerdo que hay es del ministro Germán Vargas con Gustavo Petro para construir 3.000 viviendas en el centro y 8.000 en Bosa.

Sin embargo, destrabar el problema de la construcción no será la única dificultad. También es importante que a la par de las casas se garanticen las vías, los colegios, los hospitales y los recursos naturales como el agua y la energía que puedan soportar ese crecimiento. Esos recursos, que antes se daban por sentados, hoy son esenciales para planear las ciudades. Y el país está en mora de reconocerlo. Bogotá, por ejemplo, toma el 95 por ciento del agua que consume de Cundinamarca, especialmente del páramo de Chingaza. No obstante, según el ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, apenas invierte 1 millón de pesos diarios en conservar esa fábrica natural. Esa relación seguramente tendrá que cambiar. Hoy el agua es el eje fundamental de la discusión alrededor de la vivienda. Pasará muy poco tiempo para que empiece a serlo de muchas cosas más.