La guerra por el agua

Por estos días en los que la mayoría de los colombianos centran su atención en el tema de la paz, se libra una verdadera guerra en la que están involucrados dos pesos pesados de la política nacional: Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, y Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda. Ambos están enfrentados por un producto de primerísima necesidad: el agua, que se convierte así en un instrumento para medir fuerzas.

No se trata de monopolizar el agua ante una eventual sequía, pues la geografía ha bendecido el territorio nacional con centenares de ríos, lagunas y decenas de represas que hacen de Colombia la cuarta potencia hídrica en el planeta, sino de la manera en que se distribuye el líquido y el valor que se cobra por este.

La confrontación viene de meses atrás. En este lapso ha habido momentos de alta tensión en los que, al final, se pasa a una breve tregua. Así, por ejemplo, las partes se mostraron cordiales en la reunión del viernes 21 de septiembre en la Casa de Nariño, en la que medió el propio presidente Juan Manuel Santos. Algunos creyeron que la ocasión sería un bálsamo, pero las aguas no se calmaron.

Sin embargo, en la última semana Vargas Lleras, con el apoyo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien en este pleito se ha convertido en su mejor escudero, dejaron el lenguaje conciliador para entablar acciones legales contra Petro. ¿La razón? “El uso arbitrario que el alcalde le está dando al agua” que, según ellos, está causando profundas secuelas en el desarrollo de la región central del país.

El quid de la cuestión pasa por el abastecimiento a 16 municipios de la Sabana en donde además de los pobladores anónimos se ven involucradas importantes constructoras, empresas y multinacionales. Vargas Lleras se muestra categórico. Según sus cuentas, la política de Bogotá de no venderle agua a esta región generó “una caída preocupante de todos los indicadores de la construcción”. Para el ministro, la decisión de Petro no solo afecta los municipios de Cundinamarca sino a sectores de Bogotá. “La venta de viviendas, especialmente de interés social, ha bajado un 79 por ciento y muchos proyectos, incluso dentro de la ciudad, están parados porque no les quieren dar agua o conexión a las redes”. Vargas no ha dejado nada al azar: “La situación es muy preocupante, y ya le pedí al Ministerio de Ambiente que revise la concesión que tiene la Empresa de Acueducto de Bogotá”.

El gobernador Cruz respalda a Vargas Lleras y empieza a mostrar sus armas para enfrentar esta batalla. En diálogo con SEMANA reveló que tiene el apoyo incondicional de los 16 alcaldes de los municipios afectados para combatir a quien “se ha autoproclamado jefe supremo de la Sabana”, como lo califica. El mandatario departamental advierte: “Vamos a pedir una concesión de agua para crear una nueva empresa de acueducto departamental, que nos libere de la tiranía de la Empresa de Acueducto, y ya le pedimos al gobierno que nos dé la parte del agua que nos corresponde de las concesión Chuza-Chingaza, que en últimas es una riqueza de Cundinamarca, no de Bogotá”.

A estas alturas la pelea ya está en otros escenarios, pues la Superintendencia de Servicios Públicos investiga al Acueducto de Bogotá para evaluar si esta empresa ha violado la ley. “Creo que frente a lo que está pasando, donde hay posiciones confusas y decisiones individuales, hay que actuar porque este es un tema que atañe a todo el mundo, a la ciudadanía, al Estado colombiano en su conjunto, y no solo a unos pocos”, dijo el superintendente de Servicios, César González.

La visión de Petro 

 Pero, ¿qué es lo que está pasando con el agua en el centro del país, que tiene enfrentados a dos de los posibles candidatos que en el futuro buscarían suceder al presidente Santos? En el fondo lo que está en juego es el modelo de desarrollo y ciudad de Petro que ha entrado a chocar con otras propuestas. Como se recordará, el mismo día de su posesión, el alcalde anunció que iba a liderar una “revolución del agua”, algo que nace de su convicción de que las ciudades deben ordenarse alrededor de los recursos naturales. En esa idea ha sido consistente desde el Senado, en su campaña presidencial y ahora en su alcaldía. De hecho, Petro estudió una maestría de Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad de Lovaina en Bélgica.

Pero lo que pasa con la propuesta del agua de Petro es lo mismo que sucede con todos los debates alrededor del desarrollo sostenible: suena muy bien en los foros, pero en la práctica es difícil de aplicar porque es una decisión que debe ser tomada por instancias nacionales, regionales y locales. El caso del agua no es el único. Petro se opuso a la construcción de la ALO (Autopista Longitudinal de Occidente), con el argumento de que pasa por encima de unos humedales; anunció la prohibición de la minería dentro del perímetro urbano (a pesar de que grandes empresas como Cemex y Holcim tienen grandes concesiones desde hace años), aplaudió la consolidación de la reserva forestal del norte, que impide desarrollos urbanísticos y empresariales en una zona clave, y no quiere que se construyan más viviendas populares en los bordes de la ciudad.

Con esta filosofía, no le gusta que se levanten más edificaciones en los municipios vecinos por lo que se opone a venderles agua en bloque ya que considera que no hay que estimular “un desarrollo depredador de la Sabana”.

A esto se suma su mirada de promover una política pública que privilegie el interés común y de los pobres. En la Bogotá Humana de Petro más de 3 millones de estos empezaron a recibir seis metros cúbicos gratis de agua al mes, que le valdrán a la Empresa 61.000 millones de pesos al año e incluso se anunció la instalación de 10.000 contadores para que quienes no pueden pagar en los estratos 1 y 2 no se queden sin el líquido. Entre tanto los grandes constructores, empresas y el propio gobierno nacional han visto cómo el Acueducto les cerró la llave por la que circula el 90 por ciento del agua potable de la Sabana, lo que hizo frenar decenas de proyectos de vivienda, fábricas e industrias.

Precisamente ante la dificultad que ha tenido Bogotá de habilitar suelo para construir grandes y medianos proyectos de vivienda, los constructores y el gobierno nacional han dado pasos para impulsarlos en municipios vecinos como Soacha, Mosquera, Funza o Madrid. El problema es que esos acueductos se surten del agua que les vende en bloque el Acueducto de Bogotá. Y esta administración considera “que vender el agua en bloque es ilegal” y que así “se les está entregando agua a zonas rurales para condominios, empresas e industrias, lo que desata una urbanización ilegal que destruye la sabana y contamina las fuentes de las que nutre el agua que consumen más de 8 millones de bogotanos”, dice Diego Bravo, gerente del Acueducto y el más férreo escudero de Petro en esta batalla.

La consecuencia de esa polémica medida, según el gobernador Cruz, es que frenó en seco más de 70 proyectos urbanístico en la Sabana porque sin agua y sin reglas claras no hay posibilidades de vender una sola casa, incluso los megaproyectos que había impulsado el gobierno en Mosquera o Soacha. De hecho, en la subasta que hizo el gobierno para las 100.000 casas, Cundinamarca perdió 20.000 subsidios.

Según Camacol, con la llegada de Petro también han aparecido trámites y barreras en el Acueducto y en otras instancias del Distrito lo que ha llevado a muchos constructores a congelar todos sus proyectos futuros en Bogotá y buscar en otros lugares distintos. SEMANA consultó a varios importantes constructores, quienes revelaron que habían decidido trasladar sus actividades a “Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio”, para evitar que sus empresas quiebren en un futuro.

El abogado Juan Manuel González, que representa a más de 40 constructoras afectadas por las decisiones, dice que el “Acueducto se ha convertido en la punta de lanza de la alcaldía de Petro, que busca imponerles a la ciudad y a los municipios de la Sabana su idea de ordenamiento, sin importar si pasa por encima de la Constitución, la ley o del derecho que tienen los municipios y personas a recibir un derecho fundamental como el agua”. Según González y los constructores consultados por SEMANA, ha empezado a poner en práctica esta decisión de varias formas. La primera ha sido frenar la expansión en los bordes sur y occidente. La Empresa les ha advertido a varios constructores que no tiene posibilidad de prestar los servicios públicos de acueducto o alcantarillado en estas zonas, incluso a proyectos que ya tienen licencia de construcción en Bosa o Usme, algunos de los cuales tienen de socio a Metrovivienda, empresa distrital que ya ha invertido millonarios recursos públicos.

Uno de los casos que más ha sonado es el de Campo Verde, que tardó más de ocho años en obtener un plan parcial para hacer unas 17.000 viviendas de interés social, además de parques, escuelas y colegios. Cuando todo estaba listo, apareció la polémica sobre si el terreno se podía inundar o no, y la obra está parada. “Frente a este y otros proyectos, esta administración respeta las licencias que se han otorgado y los servicios aprobados, sin embargo, en algunas zonas deberán esperar a que se construyan las redes. Nuestra prioridad está en llevar a los pobres a vivir en el centro ampliado y no en los extramuros, en zonas inundables o que se deslicen”, dijo Bravo.

En la otra orilla, fuentes del gobierno nacional consideran que Petro no puede incidir así en el desarrollo de municipios sobre los que no tiene mandato. “Además de cerrar los bordes de expansión, dice Luis Felipe Henao, viceministro de Vivienda, el Acueducto está generando restricciones a proyectos que ya están terminados o en construcción”.
Él, como Vargas Lleras, cree que esta decisión también ha afectado proyectos en la propia Bogotá: “El Acueducto les envió una carta a los curadores, para informarles que entre las calles 116 y 153, de la autopista hacia el oriente no hay disponibilidad de servicios, por lo que cada proyecto deberá solicitarlos. Y a los constructores que les van a aprobar servicios o contadores, deben firmar una carta abierta en plazo y en precio, en que se comprometen a pagar las obras que se tengan que hacer en el futuro para solucionar los problemas de redes”. El funcionario da un ejemplo. “Solo en Cedritos hay más de 40 proyectos, algunos ya terminados, que están sufriendo problemas de agua. Por esta y otras medidas, creemos que en toda la ciudad hay más de 100.000 unidades de vivienda paralizadas”.

Cuestión de élite

Otro ejemplo en el que la ciudad ha hecho valer el poder para marcar sus ideas políticas ha sido Anapoima, donde están las casas de verano de la élite política y económica de Bogotá. A pesar de que la empresa promovió la construcción de una tubería desde Tibitó hasta esa área y ya se están terminando de construir las redes, ahora la Empresa dice que no les venderá agua más allá del casco urbano. “Esta no es una gasolinera, y no les vamos a vender agua para condominios, casas campestres y campos de golf de unos pocos que quieren asentar en un territorio que no tiene cómo soportar esa población ni este tipo de proyectos. Esa no es la función social ni la responsabilidad ambiental que quiere promover la Empresa de Acueducto”, le dijo Bravo a SEMANA.

Algunos expertos creen que si bien esta tesis es aplaudida por la galería tiene una contradicción enorme. La fuente natural de Anapoima y otras poblaciones del Tequendama es el río Bogotá, del que no se pueden surtir porque la capital lo destruye con su contaminación. “Que limpie el río y hablamos”, dicen.

Así como hay municipios afectados, la misma suerte la han corrido grandes empresas. Por ejemplo, Coca Cola-Femsa está construyendo una gigantesca embotelladora en Tocancipá, con una inversión de 320 millones de dólares. “Como es natural, el agua es fundamental, pero en abril pasado la Empresa de Acueducto nos informó que no hará ningún tipo de conexión ni venta de agua en bloque a nuestra planta, lo que nos ha llevado a buscar alternativas, que están en estudio, para solucionar esta dificultad, porque el proyecto no se va a detener”, afirmó Silvia Barrero, vocera de la empresa

Hace un par de semanas Bravo anunció que está evaluando suspender el abastecimiento de agua a la planta de Bavaria-SabMiller en Tocancipá porque “de acuerdo con la normatividad existente, la empresa no puede suministrar agua por fuera del perímetro urbano de Bogotá”. La avanzada de Bravo es en serio. Así, por ejemplo, le pidió a la Corporación Autónoma Regional que inspeccione e investigue los vertimientos que vienen haciendo al río Bogotá empresas como SabMiller, Emgesa, Britalia y las demás que funcionan antes de las bocatomas que captan aguas para ser tratadas en la planta de Tibitó, que abastece al occidente de Bogotá y a diez municipios de Cundinamarca.

El gobernador Cruz afirma que “frente a la venta de agua en bloque, la concesión que el gobierno les dio a Bogotá y a 16 municipios de la Sabana no tiene restricción, por lo que la Empresa de Acueducto no puede imponer condiciones a merced del monopolio que ejerce, pues según la Constitución el desarrollo territorial está en cabeza de los alcaldes y Concejos de cada municipio, y no de una empresa o de alguien que quiera mandar sobre toda una región. El Acueducto y Petro están suplantando a los alcaldes, Concejos, autoridades ambientales y nacionales, y al mismo gobierno, pero ya hay suficientes argumentos, incumplimientos y violaciones para demandarlos”, le dijo Cruz a SEMANA.

Para el mandatario departamental, Petro también actúa de forma contradictoria porque cerca del 80 por ciento del agua que trata y consume la capital nace en el páramo de Guerrero, ubicado entre Chiquinquirá y Ubaté, y de los páramos de Chingaza y Sumapaz, del territorio de Cundinamarca. Por eso, el gobernador y los alcaldes de la Sabana sentencian que Bogotá no les puede restringir la venta de agua a “sus dueños naturales”. Y “más aún cuando no está usando ni 15 de los 29,5 metros cúbicos por segundo que trata en todas sus plantas”. Además, observan que Petro predica pero no aplica. “Bogotá tampoco ha sido justa con la región, ni con sus fábricas de agua”, dicen. Y razones no les faltan. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la ciudad apenas invierte 1 millón de pesos diarios en conservar el parque natural de Chingaza, de donde proviene la mayor parte del líquido que toman los bogotanos.

Verde, verde, verde

Desde la perspectiva de Petro se trata de frenar el avance de algunos constructores que a punta de bulldozer amenazan con crear una catástrofe ambiental en el centro del país, pues sin proponérselo ha encarecido aún más el precio del suelo y la vivienda, que ya están por la nubes, al tiempo que ha frenado proyectos diseñados para los más pobres. Roberto Moreno, presidente de Amarilo, cree que la idea de desarrollar el centro ampliado es buena, pero que necesitará tiempo y mientras eso ocurre “la administración debe permitir que los proyectos que ya están aprobados en los bordes se puedan hacer para evitar que la construcción, especialmente la de interés social, no se frene ni se afecte el empleo”. A su vez, Gabriel Díaz, presidente de Oikos, reconoció que el mayor problema de este momento es la incertidumbre: “Creo que lo mejor es sentarnos a dialogar con la administración y aclarar, que nos digan claramente qué es lo que quieren hacer, si hay un cambio de filosofía o no, porque con lo que está hoy sobre la mesa es muy difícil tomar decisiones hacia el futuro”.

Sin duda, lo que está sobre la mesa no es solo la discusión en torno a la propiedad del agua, que no es de una empresa o del dueño del predio donde nace, sino que es un bien preciado de todos. La discusión, como la plantea el gerente del Acueducto, es sobre la necesidad de que haya una verdadera política en la forma como se debe desarrollar la Sabana, de cuánta gente puede vivir, dónde y cómo, y en especial del manejo que se le debe dar al agua, de cuánta se debe traer de otras cuencas, de cómo se usa y se evacúa, y más frente a las duras condiciones que está imponiendo sobre el país el cambio climático.

No falta quien resalte que por más buena voluntad que tengan las medidas de Petro, no puede imponerlas a la fuerza. “Es una decisión que debe resolverse, lo antes posible, entre todas las autoridades locales, departamentales, nacionales, y nosotros, los habitantes de la región”, es el consenso que hay entre los alcaldes municipales de Cundinamarca.

Esta crisis demuestra la necesidad de que el gobierno, de la mano de los líderes de la región, defina de una vez por todas la ciudad-región, idea que se promueve y cacarea cada cuatro años, pero que no sale del papel ni de los escritorios oficiales. Ese es un mandato de millones de personas que viven en la región más poblada del país y están desconcertadas frente a un futuro cada vez más incierto.
 
¿De quién es el agua?
 
El agua no es de nadie, es de todos y es un derecho fundamental, más si es para el consumo humano. No es del sitio de donde nace, ni donde se capta para un acueducto ni de quien la trata o distribuye. Otra cosa es que es un derecho y un mercado que está regulado y controlado por el Estado, con el fin de darle un uso racional y equitativo, desde su captación, distribución y descarga final.

Las Corporaciones Autónomas, y en algunos casos el gobierno, otorgan las licencias y concesiones para usar el agua, según los caudales de los ríos y las necesidades locales. En el caso de la capital, la concesión que explota la Empresa de Acueducto de Bogotá abarca también a 14 municipios de la Sabana. Pero la primera tiene la titularidad, trata el agua y la vende en bloque a los municipios, es decir, la pone en un tubo en la cabecera y este se encarga de distribuirla por sus propias redes.

Según la Comisión de Regulación de Agua, los Ministerios de Ambiente y Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos, la venta de agua en bloque es legal y esta regulada por la ley, al contrario de lo que plantea la alcaldía de Petro. Además, cada municipio es libre de distribuirla y venderla en el perímetro urbano y rural. También se le puede vender a los particulares, incluso en bloque, y una empresa no puede sancionar a un municipio o una empresa por el uso indebido que haga de este bien. Esa es una competencia de las autoridades ambientales.