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| 10/27/2012 12:00:00 AM

La guerra de las cajas de compensación

Las cajas de compensación cada año reciben 4 billones de pesos. Pero el dinero para atender las necesidades de los más pobres se ha convertido en un botín.

Cada año, las empresas del país tienen que girar el 4 por ciento de los salarios de sus trabajadores a las cajas de compensación. Eso suma cuatro billones de pesos para darles subsidios a los trabajadores de menores ingresos. Pero esa idea encomiable se ha convertido ahora en una verdadera rebatiña entre las cajas que se pelean a mano limpia cada afiliado.

Solo en el primer semestre de este año, la Superintendencia del Subsidio Familiar recibió 54 quejas que dan cuenta de esta guerra. Las quejas son de empresas que se quieren cambiar de caja pero no pueden porque la caja en la que se encuentran afiliados les niega el paz y salvo, un certificado indispensable para poderse trastear. Las cajas involucradas en estas quejas son Cafam, Colsubsidio, Compensar y Comcaja en Bogotá. Comfama y Camacol en Antioquia. Comfamiliar en Huila, Atlántico y Risaralda. Y Comfandi en el Valle.

A este problema de papeleo se suma la estrategia que han montado algunas cajas para conquistar a los directivos de las empresas y empleados, con ofertas especiales y visitas para ofrecer servicios, a pesar de que están prohibidas las labores comerciales. Un manejo de recursos que riñe con su labor social, como lo criticó Salomón Kalmanovitz en su columna en El Espectador: "Las cajas hacen un derroche inaceptable de recursos que en últimas son públicos. Los hoteles que han construido son lujosos y caros, fuera del alcance de los trabajadores; cuentan con zoológicos, parques acuáticos, clubes con precios que discriminan a la mayoría de sus afiliados. Sus droguerías y mercados atienden preferiblemente estratos 5 y 6". Mientras tanto, el subsidio mensual para los trabajadores de pocos ingresos es de 22.000 pesos por cada persona a cargo.

La Superintendencia ha abierto decenas de investigaciones. Según sus registros, la guerra ha tenido capítulos graves, como el de 2008 en Bogotá, cuando le tocó suspender durante dos años traslados de empresas que querían cambiarse de caja para tratar de apaciguar los intentos de arrebatarse afiliados. Lo mismo ocurrió en Valle del Cauca, donde la guerra entre Comfenalco y Comfandi se puso crítica entre 2009 y 2010. Comfenalco denunció que su adversario le había retrasado los paz y salvos a por lo menos 35 empresas y Comfandi denunció que su competidor visitó afiliados suyos y les ofreció cambiarse. La Superintendencia ordenó en 2010 que ninguna empresa podía trasladarse de caja. El castigo duró hasta el pasado febrero, después de casi dos años que la Superintendencia creyó suficientes "para que los intervenidos hayan entrado en razón sobre la importancia de desarrollar sus actividades dentro de los parámetros de la armonía y la sana competencia".

En Santander, Comfenalco había denunciado que Cajasan había afiliado empresas a las que aún no les había dado su paz y salvo e hizo lo mismo, al ver que Cajasan no le expedía el certificado a una cooperativa que quería trasladarse. El pasado mayo, el director y la revisora fiscal de Comfenalco fueron sancionados a pagar cada uno 1.899.000 pesos.

Generalmente, la Superintendencia se queda corta para castigar a las cajas que se demoran en entregar los paz y salvos. Pero sí lo hizo en Cartagena. Allí, Comfenalco tardó más de 60 días en entregar el documento a cuatro empresas y la Superintendencia sancionó al director de la caja con una amonestación escrita.

En Antioquia, la Superintendencia ha recibido quejas sobre Comfama y Camacol. Un caso puntual es el de una empresa de 2.500 trabajadores que en enero pidió su paz y salvo para cambiar de caja. El documento fue entregado a mediados de agosto y a esta empresa le tocó hacer aportes mensuales de 66 millones de pesos a Comfama. Al respecto, Maria Inés Restrepo, directora de Comfama, dice que "no estamos en esa guerra. También conozco casos de empresas que quieren salir de otra caja para venir a Comfama y no les han dado paz y salvo, y de gerentes a los que les ofrecen beneficios, pero yo no me quejo en la Superintendencia. Tenemos afiliadas 49.000 empresas y solo hay un caso en el que nos demoramos en entregar el certificado".

Nadie sabe hasta dónde llegará esta guerra. A pesar de las críticas que han recibido las cajas de compensación, en la reforma tributaria que el gobierno ha puesto a discusión del Congreso se les mete la mano a los parafiscales que van al ICBF y al Sena, pero no a los de las cajas.
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