Guerra fría entre el fiscal y la contralora

La pelea del fiscal Eduardo Montealegre, y del procurador Alejandro Ordóñez, que ha copado la atención de las cámaras de televisión, es un juego de niños o una simple discrepancia ideológica al lado de la guerra fría que se ha desatado entre el fiscal y la contralora, Sandra Morelli.

Y todo indica que este último puede llegar a convertirse en un problema de más hondo calado para el país.

Ninguno de los dos lo sostiene en público y ambos, de hecho, tratan de evitar pronunciar cualquier frase destemplada sobre el otro. Pero en el terreno las cosas están de la siguiente manera. El fiscal alega que la contralora se ha desbordado en sus funciones constitucionales y está convencido de que ella ha incurrido en excesos al querer tener acceso a bases de datos. “Ella quiere convertirse en el gran hermano observador de toda la sociedad”, ha dicho Montealegre. 

La contralora, por su parte, se ha mostrado mucho más parca al hablar en público. Sin embargo, allegados a Morelli, que conocen los intríngulis del caso, consideran que se ha desatado una guerra en su contra porque ha pisado muchos callos y es insobornable. “Como ella no le come cuento a nadie, la tienen que atajar de otra manera”, dice uno de sus asesores. De hecho, llama la atención que en el último mes se han conocido por lo menos cuatro decisiones de diferentes autoridades que, curiosamente, en últimas lo que consiguen es parar de un tajo investigaciones de la Contraloría.

Un momento de quiebre de la guerra fría se dio el pasado miércoles 11 de septiembre. En una operación judicial tal vez sin antecedentes en el país, 40 agentes de la Fiscalía se tomaron el edificio de la Contraloría General de la República. 

El equipo de investigadores se dividió en dos: mientras un grupo revisaba cajones, cajas fuertes, el centro de datos y se llevaba una copia espejo del computador de la directora del Laboratorio de Informática Forense, el otro grupo se dedicó a medir el tamaño de las mesas, a contar el número de sillas en la sala de juntas y las lámparas, e iba comparando que las cifras coincidieran con las consignadas en las actas de recibo del equipamiento del edificio. La inspección judicial comenzó a las dos de la tarde y terminó a las tres de la madrugada del día siguiente.

Si bien tanto Morelli como Montealegre coinciden en que la Fiscalía tiene que investigar todas las denuncias que llegan, lo cierto es que si las relaciones entre las cabezas de las dos instituciones fueran medianamente buenas para iniciar la investigación, nunca se habría hecho un operativo de estas dimensiones. 

¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué se llegó a este punto?

La Fiscalía, más exactamente el vicefiscal Jorge Perdomo, está investigando a la contralora Morelli por presuntas chuzadas (o, dicho de manera más elegante, por violación ilícita de comunicaciones) atendiendo una denuncia del columnista de El Espectador Ramiro Bejarano y de la directora de Noticias Uno Cecilia Orozco. Y en segundo término, por “contratación sin el lleno de requisitos” por una denuncia del sindicato de la Contraloría por presuntas irregularidades en el arrendamiento del edificio al que se trasteó el ente de control.

Las ‘pruebas reina’ en el primer caso son dos: un oficio de abril de 2011 en el que una de las contraloras investigadoras del desfalco de la salud hace un listado de 57 nombres y le pide al laboratorio forense de la Contraloría que busque si alguno de ellos aparece en los computadores de Saludcoop. En la lista, que El Espectador reveló en febrero pasado, aparecen empresas de dos exministros, un magistrado de la Corte Constitucional y un nombre que coincide con el de una destacada periodista de investigación.

La funcionaria que mandó el oficio, del cual no se enteró la contralora Morelli, le dijo a SEMANA que cuando empezó la investigación lo que ella hizo fue recoger todo tipo de nombres que aparecían en decenas de denuncias que llegaron a la Contraloría y pidió revisar si aparecían en el computador. 

La otra evidencia es un correo electrónico en el cual presuntamente Sandra Morelli alertaba a algunos de sus funcionarios sobre posibles anomalías que se podían estar dando en la Contraloría.

“No se me escapaban falencias en la preservación de la prueba, accesos remotos, llamadas ilegítimas a denunciantes, búsquedas no protocolizadas”, fue lo que citó El Espectador de dicho correo.

Sin embargo, esa pieza es motivo de investigación en la propia Contraloría porque ni la contralora Morelli recuerda haberla enviado ni los supuestos destinatarios recuerdan haberla recibido. “Es posible que ese correo sea falso. Ese no es el estilo de escribir de la contralora”, dice uno de los involucrados.

A esos dos indicios, que el país conoció en febrero, se le sumó la denuncia que hicieron en mayo Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco, a través de una carta al presidente y al fiscal. “Hemos recibido informaciones muy confiables que personal de la Policía vinculado en la Contraloría estaría haciendo mal uso de los equipos de interceptación para hacer operaciones e inteligencia respecto a personas que como Cecilia Orozco y yo hemos sido críticos de la labor de la contralora”, dijo el columnista. Y agregó: “No tenemos pruebas materiales de eso, pero tenemos un rumor que nos merece preocupación”.

Al parecer una pieza clave en esta historia es Adriana Posso, quien estuvo a cargo del caso Saludcoop en la Contraloría y fue destituida en julio de 2012. En su corto paso lo que más mortificó fue que Posso, a pesar de que hizo la imputación, extrañamente no firmó el documento, lo cual, de no haber sido detectado a tiempo, podía echar a tierra el caso. Ahora, todo indica, que Posso es desde afuera una de las fuentes de información sobre las presuntas anomalías en el ente de control.

¿Será que como dicen los detractores del fiscal no se quiere que el caso de Saludcoop avance? ¿O por el contrario, de verdad la contralora está excediéndose en sus funciones?

Por lo pronto hay una realidad difícil de entender y es que mientras la Contraloría hace un año le hizo imputación al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino y a 70 directivos más de esa EPS y tiene evidencias de la defraudación de 1,7 billones de pesos, en la Fiscalía los resultados de la investigación sobre el caso no son contundentes. 

A pesar de ello, la Fiscalía les abrió investigación a 14 funcionarios de la Contraloría, muchos de los cuales participaron en las pesquisas de ese caso. 

“Sandra Morelli –dice alguien que la conoce– mandó a la Fiscalía evidencias que involucran con el caso Saludcoop a uno de los hijos de un excontralor y a un alto funcionario de la Contraloría de esa época. A ellos no les han abierto investigación, que se sepa, en cambio a la contralora sí se la abrieron por supuesta obtención ilegal de esas pruebas”.

La pelea entre dos de los titanes de los organismos de control está al rojo vivo. Tanto la contralora Morelli como el fiscal Montealegre pueden tener razones e indicios  judiciales que los han llevado a pensar y a proceder como lo han hecho. Pero también es cierto que la tensión ha llegado a un punto en que algo se puede romper.

Hacer parecer a la contralora como una nueva versión de las terribles chuzadas del DAS, como ella misma lo dijo a La FM, “es injusto y malvado”.  Y por otra parte, pensar que el fiscal Montealegre actúa movido por supuestos intereses, porque antes de llegar al búnker fue abogado de Saludcoop, también es equivocado y puede ser, como dicen en la Fiscalía un ‘juego sucio’.