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| 6/17/1985 12:00:00 AM

LA GUERRA LLEGA A LOS BARRIOS

Más que en el campo, es en las ciudades donde se juega la suerte de la paz

El indulto a los guerrilleros continuaba su lento paso por el Congreso en medio de la indiferencia general. Poco interés despiertan las discusiones en el Parlamento sobre si se trata de "un proyectico inútil", que tendrá que ser repetido una y otra vez, como sostiene el senador liberal Federico Estrada Vélez y si debiera ser más amplio, cubriendo secuestro, extorsión y terrorismo "delitos naturales de la actividad guerrillera", como afirma el conservador José María Velasco Guerrero para no dar a la guerrilla el pretexto de conservar en el monte un brazo armado de gente no indultada. O si, por el contrario, es el mecanismo necesario para poner a prueba la sinceridad de la guerrilla, como dice el ministro de Defensa, general Vega Uribe. Lo que de verdad interesa es la sensación, cierta o falsa, pero en todo caso avivada por las informaciones de prensa, de que la guerra, lejos de ceder, se está extendiendo cada día más y está llegando incluso a las ciudades.
"La guerra de guerrillas ya la tenemos aquí, en el casco urbano", comenta en su columna de El Tiempo Lucy Nieto de Samper. Y el Ayatollah, vocero de los cocteles y los clubes sociales, titula sarcásticamente la suya: "Por fin llegó la paz a Bogotá", refiriéndose al asalto suicida de un grupo de guerrilleros del Ricardo Franco a la Escuela de Carabineros de Suba. Se dice que "la paz" -es decir, la guerra- llegó a Chía, y a Bosa, y al valle de Ubaté, y a la Cárcel Modelo de Bogotá, donde el 13 de mayo cuarenta guerrilleros del ELN dieron un asalto para rescatar a algunos de sus compañeros presos desde hace año y medio por el secuestro del hermano del Presidente de la República.
"La paz" empieza a tomarse las ciudades, como ha sucedido con la instalación de "campamentos urbanos" del M-19 en Cali y en Bogotá. En Cali, o más exactamente en sus grandes barriadas marginadas (los distritos de Aguablanca, que consta de 35 barrios y tiene 300 mil habitantes, y de Siloé, con 18 barrios y 250 mil habitantes) el M-19 ha sacado a la luz pública a varios centenares de sus militantes, sin armas ni uniformes, con el objeto de que adelanten trabajo político entre la población. Y el resultado ha sido sorprendente. Organizan a la gente en "milicias", izan la bandera y cantan el himno de su movimiento, forman "brigadas cívicas" que hacen trabajos de aseo, obras de alcantarillado, convocan a "ollas comunitarias" que se han convertido en la fiesta semanal de esos barrios sin fiestas.
En un principio las autoridades respondieron con detenciones y allanamientos violentos que dejaron numerosos heridos a bala. Pero luego, y en vista de la buena acogida que daba la población a los "campamentos", su actitud cambió, hasta el punto de que la Policía (distrito Valle) empezó a realizar acciones civicas en común con los militantes del M-19. El Ejercito, sin embargo, sigue pensando que los "campamentos" son en realidad centros de adiestramiento militar, y denuncia que las brigadas cívicas salen de noche a patrullar los barrios armadas de bastones. Y contra ellas ha empezado a actuar una nueva y misteriosa organización llamada JIC (Juventud Inconforme de Colombia), de la que se dice que está constituida por "hijos de ricos" caleños.
Pero no es sólo en Cali, feudo tradicional del M-19, donde se han instalado los campamentos urbanos, sino también en Bogotá. La semana pasada se inauguró uno en Villagloria, uno de los barrios miserables del suroriente, abandonado de Dios, del acueducto, de los políticos tradicionales e inclusive de la Policía. Y el recibimiento de la población fue, como en Cali, caluroso, en medio de las inundaciones habituales del invierno. Lo cual no es de extrañar, si se piensa que el abandono de esos barrios es absoluto.
Basta citar algunos testimonios recogidos en Cali por un enviado de SEMANA hace quince dias. Decia Elizabeth Riascos, de Aguablanca: "Ahora que el M-19 entró al barrio es que lo nombran, porque antes ni siquiera se imaginaban que el distrito de Aguablanca existía. Nos gusta que el M-19 esté aquí porque ahora sí nos respetan y nosotros nos sentimos respaldados". Un señor que no quería dar su nombre comentaba: "Si vieran cómo han disminuido el atraco y el robo desde que llegaron ellos. Y es bueno que pongan a los muchachos a hacer actividades cívicas en lugar de que estén parados en las esquinas fumando bazuco". Ana Valencia, del barrio Petecuy, decia a SEMANA:"Nosotros aquí les tenemos más confianza a los del M-19 que a la misma ley". Y Ana Judith González de Franco, también de Petecuy, remataba: "Yo soy liberal y roja como esta rosa. Pero hay que decir la verdad: el M-19 le ha traído mucho impulso y organización al barrio". Y advertía: "Yo soy presidenta del Comité de Renovación Liberal del barrio por el doctor Londoño Capurro, pero si el M-19 se fuera a las elecciones yo hasta votaría por ellos".
A toda esta actividad política de la guerrilla, las autoridades no han encontrado mejor manera de responder que el espectáculo militar. En Bogotá, en las colinas peladas que hay detrás de Villagloria, los militares han desplegado maniobras de advertencia -aunque no se han realizado hasta ahora, como en Cali, allanamientos-.
El ministro de Gobierno Jaime Castro, por su parte, ha anunciado que "la mano generosa y conciliadora" (es decir, el indulto), no implica "debilidad ni descuido ". Por el contrario -dice el Ministro- "se vienen extremando las medidas de vigilancia, se está aumentando el pie de fuerza, se están creando nuevos puestos de policía y reforzando los existentes, y se está mejorando y modernizando la dotación y el equipo de la fuerza pública".
El candidato liberal Virgilio Barco no ha callado esta vez. Ha propuesto la creación de "talleres de estudio" liberales para responder al desafío guerrillero de los campamentos urbanos.
Al tiempo que en las ciudades sucede todo lo anterior, en los campos se han recrudecido las acciones militares. El gobernador de Santander, Alvaro Cala, acaba de advertir que en su departamento la situación de orden público es "muy grave" a causa de las actividades de diversos grupos guerrilleros y de bandas de delincuentes comunes. En Antioquia se han presentado choques, en particular con el EPL -el cual reclamaba entre tanto, en una conferencia de prensa dada en Cali por su comandante Ernesto Rojas, su derecho a seguir armándose: "La tregua militar no impide continuar adquiriendo los elementos necesarios para la autodefensa".
En el Huila los enfrentamientos abiertos parecen haber disminuido, pero en cambio la violencia insidiosa del boleteo y las desapariciones va en aumento (ver recuadro). Sin embargo es el Valle el que acapara nuevamente la atención desde el punto de vista militar con los repetidos choques entre tropas de la Tercera Brigada y columnas del M-19 en la zona de La Magdalena, en Guacarí. En los últimos días han muerto ocho militares y un número indeterminado de guerrilleros, y, como ya es costumbre, cada bando acusa al otro de haber abierto las hostilidades. El hecho es que el Ejército comenzó a estrechar un nuevo cerco sobre los guerrilleros (unos ciento cincuenta hombres) a partir del 8 de mayo. Hubo varias escaramuzas, y el incidente más grave sobrevino el día 12 de mayo, cuando fue derribado un helicóptero de la Tercera Brigada y muertos casi todos sus ocupantes.
Los sobrevivientes acusaron luego a los guerrilleros de haber rematado a los heridos, cosa que el M-19 niega.
Los confió -dicen sus representantes- a los campesinos de la zona tras prestarles los primeros auxilios, y murieron por la demora del Ejército en rescatarlos. Al terminar la semana un soldado herido seguía en poder de los alzados en armas, que al parecer pensaban entregarlo a la Cruz Roja o a representantes de la Iglesia en algún lugar del Valle.
Pese a la gravedad de los enfrentamientos, ninguna Comisión de Verificación ha ido a comprobar qué es lo que está pasando. "La guerrilla no la ha pedido", explican las autoridades. En Bogota, representantes del M-19 dijeron a SEMANA que las comisiones de verificación, en el nivel en que han actuado hasta ahora, no tienen mucho sentido. "La vez pasada, cuando los choques de Pradera en Semana Santa, la comisión pedida no acudió; y cuando por fin fue, los militares no la dejaron pasar. Por eso es necesario que la verificación la haga alguien que tenga más autoridad".
Se piensa, por ejemplo, en el procurador Jiménez Gómez, con quien no han cesado los contactos desde su reunión en México con el jefe del M-19. Pero entre tanto los combates prosiguen y el cerco continúa cerrándose, con tropas frescas traídas de los batallones de Buga, Popayán, Armenia, Palmira, Pereira y Cali. Y el Ejército parece decidido esta vez a "no repetir los errores" del cerco a Yarumales, a finales del año pasado.
Existe, pues, la sensación generalizada de que la situación de orden público se agrava y la tregua, o lo que de ella queda, es cada día más precaria. El ministro Jaime Castro dice sin embargo a SEMANA que la cosa no es para tanto: "No hay que hacer tremendismo", afirma: "Hemos tenido una semana crítica, muy dura, pero sigo creyendo que estamos alcanzando buenos resultados, y que en estos días se van a acelerar las definiciones".


Sobre el indulto, naturalmente, pero no sólo sobre ese tema. Como señalaba en el Senado Federico Estrada Vélez, "la solución es un compromiso de los partidos, el gobierno y los gremios para transformar la sociedad colombiana, si no queremos que los guerrilleros lo hagan a balazos apoyados en la insatisfacción popular". Y esto, por primera vez en el accidentado proceso de las negociaciones de paz, parecen estarlo entendiendo mejor los gremios económicos que los políticos profesionales. Mientras estos, al aprobar a regañadientes la semana pasada la emisión propuesta por el Ministro de Hacienda de "bonos para la paz" por diez mil millones de pesos, aseguraban que se trataba de un simple "saludo a la bandera" puesto que nadie va a comprar tales bonos, los empresarios están empezando a reconocer -como en Antioquia- que "todos debemos asumir los costos de la paz", o -como en el Valle- que se requieren urgentemente "programas de desarrollo para aclimatar la paz". Se han dado cuenta de que el problema no es retórico, como piensan los políticos, ni militar, como siguen creyendo algunos militares, sino económico y social.
HUILA BOLETEADOS Y DESAPARECIDOS
"Este fue el primero. ¡El próximo puede ser usted!" dice la "boleta" que, con la foto del comisionado de Paz asesinado hace dos meses en Garzón, José del Carmen Yepes, estan recibiendo en el Huila sacerdotes, maestros y abogados. Su pecado, según los boleteadores, consiste en "tratar de legalizar la subversión y el boleteo". "Modifique su conducta", advierte el mensaje. "Ultimo aviso". "Le damos un plazo prudencial de 30 dias para que empiece a operar un cambio de actitud".
Las boletas van firmadas a veces por un "Movimiento Latino", otras por "Los Vampiros", y en ocasiones llevan sellos de organizaciones guerrilleras: FARC, M-19 o ELN. Estas han desmentido, diciendo que son obra de "las organizaciones paramilitares que se han apoderado del Huila" como, afirma un cassette que las FARC hicieron llegar a la Asociación de Institutores del Huila, gremio en el cual abundan los boleteados. Uno de ellos, José de Jesús Gamboa, a quien le exigen que "se haga a un lado permitiéndole el paso a un auténtico comandante en las luchas revolucionarias", dice a SEMANA que "los que me están pisando los talones son los grupos paramilitares, que utilizan este lenguaje para crear confusión".
Monseñor Rómulo Trujillo, administrador diocesano de Neiva, concuerda con Gamboa. "Para mi estas amenazas son hechas por grupos paramilitares -dice-. Las acusaciones que le hacen por ejemplo al padre Carmine Carrato consisten en que "trató de legalizar la subversion"; y eso no puede venir de una organización subversiva". Monseñor Trujillo aclara: "Digo paramilitares, no militares. Los paramilitares son los que se parecen a los militares".
Lo de "paramilitares" no les gusta mucho a algunos ganaderos de la región. Rafael Azuero Borrero, ex gerente del Fondo Ganadero del Huila, lo señalaba así el 14 de mayo en un artículo publicado en el Diario del Huila en réplica a una declaración firmada por cincuenta sacerdotes diocesanos. Estos condenaban "las torturas y la violencia cualquiera que sea su procedencia: represiva o subversiva" y añadían que "la extrema derecha que con violencia se resiste al cambio o la extrema izquierda que con igual violencia lo busca no lograrán acobardarnos en nuestro compromiso con nuestro pueblo". Azuero Borrero se sorprende: "Nunca -afirma- se produjo una protesta por parte del clero por los secuestros, extorsiones y asesinatos. En esa época decían que esos actos eran cometidos por delincuencia común. Ahora, cuando son amenazados algunos sacerdotes y ciudadanos practicantes de izquierda, desaparece como por encanto la delincuencia común y se acusa a grupos paramilitares sin mediar investigación". Efectivamente, en el Huila la confusión es grande. Sin ir más lejos, al comisionado de Paz Yepes lo asesinó el ELN, según este movimiento reconoció hace unos días. Comerciantes y ganaderos huilenses que hablaron con SEMANA afirman que son las guerrillas quienes siguen boleteando y secuestrando: "en el campo todo el mundo se conoce -explican- y no hay posibilidad de que un campesino olvide el rostro de un guerrillero: y los que cobran ahora son los mismos de antes". Gustavo Bríñez, del Comité de Derechos Humanos, vuelve a señalar hacia el otro extremo: "Los grupos paramilitares están saboteando el proceso de paz. Por eso han aumentado las desapariciones y han comenzado a aparecer muertos en las afueras de Neiva".
Desaparecidos, en efecto, ya van cerca de veinte, y casi todos son dirigentes sindicales o de partidos de izquierda. En el caso de Rafael Antonio Valencia, profesor de la Nacional y miembro de la Comisión de Diálogo por el M-19 desaparecido hace cerca de un mes, el Comité de Derechos Humanos sostiene que fue aprehendido por el B-2 del Ejército. En el de Jairo Rivera, militante del P.C., sus familiares cuentan que fue sacado amarrado de su casa y llevado al puesto de policía, de donde no regresó. Y la lista sigue. Y la confusión también. Monseñor Trujillo explica: "Es que el proceso de paz dividió a los colombianos."
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