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| 2/14/2014 12:00:00 AM

La Habana: aún falta para gritar ‘tierra a la vista’

Gobierno y FARC llevan casi tres meses negociando acerca de drogas ilícitas. Un acuerdo es distante, pero asoman coincidencias.

Si quedaba alguna duda, el final de la ronda número veinte de las negociaciones en La Habana, el jueves pasado, dejó claro que, salvo un milagro inesperado, en el tercer punto de la agenda que discuten el gobierno y las Farc –solución al problema de las drogas ilícitas– es prácticamente imposible que lleguen a un acuerdo antes de las elecciones a Congreso, el próximo 9 de marzo. Sin embargo, por primera vez desde noviembre pasado, cuando arrancó la discusión de este tema, las partes anunciaron coincidencias que, aunque apenas incipientes, son de trascendencia.

EL comunicado 32 que marcó el final del vigésimo ciclo de las conversaciones entre las Farc y el gobierno para poner fin al conflicto es tan lacónico –y tan revelador de en qué va la negociación–como casi todos los que lo han precedido. 

“Iniciamos la construcción de acuerdos”, dicen las partes, sobre el primero de los tres subpuntos que componen el tema de drogas ilícitas, el cual versa sobre sustitución de cultivos. Es decir, pasados casi tres meses de conversaciones sobre este tema, no se han puesto de acuerdo ni siquiera en el primero de los tres (los otros dos son sobre consumo de drogas ilícitas y sobre narcotráfico).

Hasta las elecciones del 9 de marzo queda solo una ronda de negociación, que empieza el 24 de febrero y debe terminar unos días antes de los comicios. Para entonces, pues, un acuerdo completo en el tema de drogas es evidentemente casi imposible (habrá que ver si se logra en el primer subpunto). Y es muy probable que no se consiga antes de abril o, incluso, de mayo, alrededor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El comunicado, sin embargo, no se limita a eso. Sobre el tema de solución definitiva al problema de los cultivos ilícitos, las Farc y el gobierno afirman: “Tenemos los primeros borradores sobre los lineamientos o bases de esa solución”. Las coincidencias a las que han llegado son cuatro:

La primera es que toda solución está ligada a la reforma rural integral, ya acordada en el primer punto de la agenda, y que implica cambios de fondo en el mundo rural, con énfasis en acceso a la tierra y la mejoría de la situación de los campesinos pobres, fenómenos que han facilitado la penetración del cultivo de coca y amapola en vastas regiones del país.

La segunda es que toda solución debe involucrar a las comunidades, desde el diseño hasta la evaluación de los planes de sustitución. Este es un tema en el que han insistido mucho las Farc, pues hasta ahora las políticas oficiales no consultan al campesinado cultivador e imponen fórmulas como la aspersión aérea o la erradicación forzosa. “Son decisiones que impactan a la Mesa”, dijo Marco León Calarcá en un artículo sobre el anuncio del gobierno de que el 15 de febrero se retomará la fumigación de campos cocaleros. Que el gobierno acepte que las comunidades en esos lugares deben ser consultadas en la solución del problema es un paso sin precedentes.

La tercera –destacada por Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, en su intervención en La Habana al cerrar este ciclo– es que se incluye como “un elemento importante” el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios afectados. Si la consulta a las comunidades era un asunto clave para las Farc, este lo es para el gobierno, y que la guerrilla así lo reconozca es otro avance importante.

Por último, las partes coinciden en que para contribuir al cierre de la frontera agrícola y la preservación del ambiente es necesario apoyar formas organizativas como las zonas de reserva campesina, cuando estas coincidan con regiones de cultivo de coca o amapola. Este reconocimiento ratifica lo acordado en el primer punto de la agenda, sobre el agro, en un punto particularmente sensible, como el de las zonas de reserva campesina.

Se trata, como lo precisan las partes, de “lineamientos” sobre los cuales apenas se están “elaborando soluciones”. Es decir, aún falta para llegar a acuerdos sobre el primer subpunto (sustitución); no se diga para hacerlo en los otros dos subpuntos.

Sin embargo, estas coincidencias son de fondo en el tema de drogas ilícitas y, como durante la negociación sobre el agro, implican que las partes han flexibilizado sus posiciones y están yendo al encuentro: las Farc, al reconocer la necesidad de la presencia estatal en las zonas cocaleras, y el Estado al aceptar que las comunidades cultivadoras deben tener protagonismo a la hora de buscar soluciones.

¿Culminarán estas coincidencias iniciales en fórmulas de consenso en las políticas frente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico? No es fácil decirlo. No solo es grande la distancia que aún separa a las partes sino que ni las Farc ni el gobierno están hablando todavía de los temas esenciales: pese a su discurso en favor de cambios en la estrategia de guerra contra las drogas, el gobierno Santos no ha modificado un ápice su política represiva contra el campesinado cocalero; y las Farc tienen todo un discurso sobre el narcotráfico como un mal del capitalismo pero no han dicho una sola palabra sobre su comprobada participación en el mismo.

Quizá por eso, las partes podrán darse por bien servidas si logran hacer un trato en materia de drogas ilícitas antes de las elecciones presidenciales de mayo.

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