La hecatombe de las cifras

Una de las características del estilo de gobierno del presidente Álvaro Uribe es tener siempre a mano una cifra para demostrar los logros de su gestión. Es como si supiera cuántos pupitres nuevos se han comprado en la escuela más apartada o el número de subsidios entregados en cualquiera de sus planes asistenciales. Cuando sale con una cifra de la manga, la audiencia calla y asiente ante la contundencia de los números. La semana pasada varios organismos internacionales de gran prestigio le dieron al gobierno su misma medicina. Y no con cualquier cifra, sino quizá con aquellas que muestran con mayor crudeza los dramas que vive el país. Las mismas que cuestionaron los alcances de la principal política del doble mandato de Uribe: la seguridad democrática.

Primero fue la Acnur, que presentó un informe en el que afirma que con tres millones de desplazados, Colombia ocupa el segundo puesto en el mundo después de Sudán, en África. Según el informe, un millón de esos casos han sucedido en los últimos cinco años (ver artículo en la página 44). También es el cuarto país en solicitudes de asilo.

Luego fueron los resultados de la medición anual que la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas hace sobre la extensión de los cultivos de coca. De acuerdo con estos estudios, las plantaciones crecieron el año pasado en 27 por ciento frente al año anterior, con lo que el país tendría 99.000 hectáreas sembradas.

A final de la semana el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un informe en el que asegura que en el país el 95 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos queda en la impunidad. El documento, presentado en Suiza por la Federación Internacional de Derechos Humanos, dejó a Colombia entre los peor situados junto a China, República Democrática del Congo, Zimbabwe, Sudán, Somalia, Chad y Uzbekistán

Y a este rosario de datos se le suma el análisis hecho hace pocas semanas por la revista inglesa The Economist, en el que muestra cómo en el Índice de Paz Global, que mide qué tan violentos son los países, la situación de Colombia empeoró, al pasar del puesto 116 al 130 en el mundo. Con ello quedó a sólo nueve puestos del país que tiene la situación más grave en esta materia, Irak.

Todas estas cifras son la radiografía de un país muy distinto al que vive la mayoría de los lectores de esta revista. De ahí que sea fácil para algunos verlas con escepticismo. El gobierno, por su parte, enfiló sus baterías en descalificarlas. Incluso en uno de los temas que para él resulta más sensible, el del aumento de los cultivos de coca, anunció que contratará un sistema de monitoreo que le resulte más confiable. No es gratuita su preocupación, pues diagnósticos como el hecho por Naciones Unidas dejan un sinsabor sobre programas de erradicación a los que se les invierte tanto dinero y que son bandera del gobierno, como el de Familias Guardabosques, en el que se pagan subsidios por no cultivar más coca. Para el gobierno resulta inexplicable que las cifras en cuestión no reflejen las 218.000 hectáreas que, según él, se han erradicado.

Pero quizá lo que sucede es que, como si fuera un mal paciente, una parte del país se niega a ver lo que muestran las radiografías que sobre él se hacen. Y pese a los esfuerzos y los innegables avances en muchos sectores, varios flagelos siguen ahí y no se han desterrado. Algo difícil de creer cuando en sectores de las ciudades colombianas se vive como en el primer mundo, lejos del imaginario que se tiene de lugares como Sudán e Irak, que es el vecindario en donde internacionalmente ubican al país en estas materias.