Viernes, 20 de enero de 2017

| 2000/07/10 00:00

La historia continúa

El polémico contrato de la Loto, que le costó el puesto al presidente de Ecosalud, podría terminar involucrando a otros altos funcionarios del Estado.

La historia continúa

Poco despues de su posesión como presidente de la República, Andrés Pastrana afirmó que todos aquellos funcionarios que aspiraran a ser presidentes, gerentes y directores de las principales entidades del Estado debían someter sus hojas de vida a un comité evaluador que elegiría a los funcionarios más calificados para ocupar los altos cargos del gobierno. Hoy algunos de esos funcionarios escogidos por sus cualidades se encuentran en el ojo del huracán por cuenta del polémico contrato firmado entre Ecosalud y la multinacional Gtech para la implementación del juego del Loto en el país.

El contrato, que el miércoles de la semana pasada originó un encendido debate en el Congreso, ha generado una serie de investigaciones por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, debido a las múltiples irregularidades detectadas en su elaboración. Según los organismos de control, por cuenta de esas irregularidades el país podría dejar de ganar en los próximos 15 años cerca de 1.500 millones de dólares. Una semana antes del sonado debate, y con la intención de minimizar el escándalo, el gobierno le había pedido la renuncia al presidente de Ecosalud, Ramiro Varela, por no estar de acuerdo con sus actuaciones al frente de esa entidad. La cabeza del ex funcionario fue la primera en rodar por cuenta del escándalo y durante el debate del pasado miércoles muchos no dudaron en señalarlo como el principal responsable de uno de los contratos más desventajosos que haya firmado el Estado en las últimas décadas. Sin embargo, para buena parte de los asistentes al debate y para los investigadores de los organismos de control, es claro que la responsabilidad no es exclusiva de Varela. Esa percepción, precisamente, es la que terminó involucrando a otra alta funcionaria del Estado en el ojo del escándalo: la superintendente de Salud, Inés Gómez de Vargas.



La polemica

Inés Gómez es una enfermera de profesión que durante las últimas elecciones no alcanzó a sacar una curul en la Cámara de Representantes a pesar de los 33.484 votos que obtuvo. De filiación liberal y perteneciente al grupo político del senador Fuad Char, fue nombrada como superintendente de Salud en septiembre de 1998. En concepto de algunos de los investigadores que siguen el caso de la adjudicación del contrato de la Loto, el papel desempeñado por Gómez durante la confección del documento fue excesivamente pasivo.

Como responsable de la entidad que tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control del sector salud y de sus entidades, entre ellas Ecosalud, Inés Gómez también fue citada al debate para explicar la actuación de la Supersalud en el controvertido contrato. A pesar de que las aclaraciones ofrecidas dejaron conformes a varios parlamentarios, la realidad es que el papel desempeñado por la Superintendencia de Salud ha dejado algunas dudas. La más importante consiste en que pocos entienden porqué después de que la Supersalud presentara algunas consideraciones y recomendaciones jurídicas a Ecosalud sobre el contrato de Gtech, luego decidió marginarse de vigilarlo, como consta en uno de los apartes de una carta enviada el 22 de abril de 1999 por parte de la superintendente al secretario jurídico de la Presidencia, en la que afirma que “la Superintendencia se abstiene de participar en la convocatoria pública anunciada” —la de Gtech—.

Sin embargo, según dijo a SEMANA uno de los investigadores de la Contraloría General que elaboró el análisis formal del contrato, es claro que la Supersalud no podía abandonar el proceso de adjudicación porque como organismo de control debía ejecutar las acciones de fiscalización, evaluación y control. “En el contrato con Gtech la Superintendencia debía mirar qué tan ajustados eran los estudios de mercado y las cifras presentados por Ecosalud y tal parece que esto no ocurrió”, concluye el funcionario. Actuaciones como estas son las que hoy están siendo evaluadas y tienen en la mira a la superintendente Inés Gómez.

La defensa, por su parte, tiene otros argumentos. Si bien SEMANA estuvo intentando comunicarse con la superintendente de Salud, el director de rentas de esa entidad, Diógenes Rosero —y quien según dijeron es el encargado de tratar el tema del contrato con Gtech— dijo que: “Las funciones de la Superintendencia tienen que ver básicamente con asegurar que se efectúen las transferencias de recursos en las cantidades que señala la ley. En ese sentido existen otras entidades de control, como la Procuraduría y la Contraloría, que tendrían una mayor obligatoriedad en el pronunciamiento sobre contratos o sobre actuaciones administrativas”. Para el funcionario la actuación de la Supersalud se acoge a la ley porque, según afirmó, el control que esa entidad debe ejercer sobre Ecosalud es posterior. Sin embargo, para los investigadores de la Contraloría que estudian el caso, es claro que en ninguna parte del decreto que reglamenta las actuaciones de la Supersalud dice que el control sólo es posterior. “El control puede ser previo, posterior o simultáneo. Es más, los controles posteriores han ido desapareciendo de las normas. El control de la Supersalud es preventivo”, afirmó un experto en derecho público.

Para los abogados especializados en derecho administrativo consultados por SEMANA esa falta de fiscalización y control preventivo por parte de la Supersalud es bastante cuestionable. “Todas las superintendencias del país se rigen por las mismas normas. Según la tesis del control posterior, por ejemplo, la Superbancaria tendría que esperar a que los bancos se quiebren para ejercer el control. El sector bancario y bursátil, según esa teoría, estaría al borde de una crisis. La realidad es que las normas son idénticas para todas las superintendencias. Eso es muy grave porque simplemente significa que el sector salud del país está al garete”, afirmó a SEMANA un ex superintendente de Salud.

Por su parte, Rosero señaló que no existen irregularidades en las actuaciones de la Supersalud porque “a nosotros hay que mirarnos en un contexto de restricción y en un contexto que la ley que rige los juegos de suerte y azar es una ley de 1923, por lo que nos toca operar en condiciones de una precariedad legal muy terrible”. Lo sorprendente, sin embargo, es que existe un sinnúmero de actos administrativos de control y vigilancia empleados por los superintendentes que estuvieron en el cargo entre 1993 y 1997, quienes utilizaban normas de supervisión del sector salud de 1993 y 1994.

Este tipo de contradicciones son tan sólo algunas de las dudas que las investigaciones de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía deben aclarar . Lo único cierto por ahora es que el escándalo de Ecosalud va creciendo con el paso de los días y no son pocos los que creen que el polémico contrato seguirá involucrando a más funcionarios.

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