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| 6/11/2011 12:00:00 AM

La historia desconocida de los 'falsos positivos'

El pedido de la Fiscalía de que condenen a sesenta años de cárcel a los militares responsables de esos crímenes coincide con investigaciones recientes sobre lo que de verdad pasó.

No hay duda de que el escándalo de los 'falsos positivos' fue el que más daño le hizo a la imagen del gobierno de Álvaro Uribe y a la del Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos. Sin embargo, aunque han transcurrido más de tres años desde que se destaparon esos hechos, no se han revelado aún todos los detalles de cómo el gobierno se enteró y de qué manejo interno le dio a esa crisis. Algunos investigadores han venido recopilando información sobre el tema, y han salido a flote elementos desconocidos interesantes.

Un dato nuevo es cuál fue el primer momento en que el gobierno tuvo conocimiento sobre los 'falsos positivos'. Eso ocurrió a mediados de 2007, cuando un funcionario de la Naciones Unidas les pidió al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y al comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla de León, reunirse con ellos en su despacho para transmitirles una información muy delicada. Los dos funcionarios se desplazaron a un despacho de ese organismo internacional donde el funcionario los esperaba con un soldado de la Brigada XIV de Puerto Berrío. Este había abandonado las filas del Ejército y había entrado en contacto con las Naciones Unidas con una historia que parecía tan aterradora como inverosímil. Según el militar, él pertenecía a una pequeña unidad casi secreta cuya función era conseguir muchachos de origen humilde, asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Sin embargo, anotó que cuando se encontraba en licencia, esa misma unidad asesinó a su padre, sin saber del parentesco con él, y lo presentó como un 'falso positivo'. Cuando regresó a la brigada y se enteró de lo ocurrido, tomó la decisión de dejar el Ejército y contarle al mundo lo que estaba sucediendo.

Santos y Padilla de León quedaron estupefactos, pero también bastante incrédulos. No solo era difícil de creer que el Ejército estuviera matando muchachos inocentes, sino que una de las víctimas fuera el padre de uno de los miembros de la supuesta unidad en cuestión. Sin embargo, el Ejército decidió llevar a cabo una investigación administrativa, cuyas conclusiones preliminares fueron que lo que decía el soldado no era verdad y que su padre en realidad era un guerrillero. Un año antes, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Onu en Colombia había manifestadso su preocupación por los crecientes casos de desapariciones forzadas en el Ejército, pero el tema no había trascendido.

Algunos meses después de la reunión con Santos y Padilla, la entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, comenzó a registrar que once muchachos de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar, cuya desaparición había sido denunciada por sus familias, aparecieron en Ocaña como muertos en combate. A su despacho llegó ese tema porque la Secretaría de Gobierno tiene un departamento de Atención a las Víctimas, y los familiares de estos jóvenes recurrieron a este para dar cuenta de los hechos y pedir el retorno de los cadáveres.

A la doctora López le llamó la atención que al cotejar las fechas de las desapariciones con las de los supuestos combates no habían transcurrido más de tres días, máximo una semana entre un evento y otro. No le pareció lógico que en un lapso tan corto esos jóvenes pudieran ser reclutados, entrenados, puestos a combatir y luego dados de baja. También le pareció una extraña coincidencia que muchachos de diferentes barrios de la capital, que no se conocían entre sí, acabaran muertos todos en el mismo enfrentamiento 48 o 72 horas después de su partida. Sin ninguna información adicional, la doctora Clara dio declaraciones a los medios de comunicación diciendo que para ella todo ese asunto tenía cara de desaparición forzada. Se armó un gran revuelo en la opinión pública, pues eso implicaba el concepto de 'falsos positivos', que hasta ese momento no se conocía. Pero días después, el personero de Soacha, con base en información y conclusiones parecidas a las de la funcionaria del Distrito, dio declaraciones en el mismo sentido.

El presidente Uribe, el ministro Santos y el general Freddy Padilla decidieron indagar sobre los hechos, para ver si se trataba de una confusión, como la que habían creído que había sucedido unos meses antes con el hombre que se había presentado a las Naciones Unidas. En esa ocasión investigaron a la Brigada Móvil XV en Cimitarra y Ocaña, la cual había sido denunciada por el personero de Soacha ante la Fiscalía. De ese trámite administrativo surgió que el comandante de la Brigada en cuestión les manifestó al presidente, al ministro y al general que las denuncias parecían falsas pues un secuestrado, que acababa de ser liberado en esa zona, había identificado a uno de los muchachos de Soacha como al secuestrador al cual le habían pagado el rescate. El presidente Uribe se tranquilizó y pensó que sería conveniente hacer pública esa información. El general Padilla de León pidió un tiempo adicional para confirmar los hechos y poder hablar directamente con el exsecuestrado.

Esto desembocó en una conversación telefónica coordinada por el comandante de la Brigada XV. El general Padilla, acompañado del general Mario Montoya, le preguntó desde Bogotá al recién liberado si era cierto que el muerto era uno de los secuestradores y el que había recibido el dinero del rescate. El hombre le contestó que no tenía ni idea de qué le estaban hablando, que nunca había visto a esa persona y que esa versión era totalmente falsa. En ese momento, por primera vez, quedó claro que algo grave estaba pasando.

Para ese momento, ya los medios de comunicación estaban denunciando el tema y el concepto de los 'falsos positivos' empezó a inundar los titulares sin que los colombianos supieran realmente cuál era la dimensión real del escándalo.

Reunidos otra vez el presidente, el ministro y el general Padilla, se decidió ordenar una investigación a fondo dirigida por el inspector general del Comando de las Fuerzas Militares, Carlos Suárez Bustamante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Especiales, organismo que le reporta directamente al comandante de las Fuerzas Armadas. El general Suárez fue al Magdalena Medio y a las regiones de Santander donde habían sucedido los hechos, y su informe fue contundente: los 'falsos positivos' eran verdad.

El presidente Uribe y el ministro Santos, quienes tenían hasta ese momento esperanzas de que esas denuncias fueran exageradas, se inclinaron ante esta realidad. Con el general Padilla llegaron a la conclusión de que era necesario mandarle un mensaje inequívoco al país y a la comunidad internacional para dejar claro el reconocimiento de la existencia de esos crímenes, pero también el rechazo del alto gobierno a estos. Se decidió, por lo tanto, llamar a calificar servicios a 26 oficiales que, sin tener responsabilidad directa sobre los hechos, sí podrían tener alguna responsabilidad "política" por ser delitos que se cometieron por personas o en zonas que estaban bajo su jurisdicción. Sin estar acusados de nada penal ni disciplinario, esos 26 oficiales fueron retirados de la institución armada. El símil que se utilizó en ese momento fue el del ministro de Defensa ruso que fue retirado de su cargo en 1989 cuando una avioneta piloteada por un espontáneo aterrizó en la plaza Roja de Moscú. Nadie insinuó que él tuviera que ver con eso, pero la seguridad del espacio aéreo era su responsabilidad.

No sucede lo mismo con los condenados la semana pasada. Ellos sí fueron acusados de ser los autores materiales e intelectuales de esa monstruosidad que se ha denominado 'falsos positivos', y la Fiscalía pidió que sus condenas fueran de sesenta años de prisión. Y esos son solo los primeros casos. Vendrán otros y otras condenas, y ojalá esta aplicación de la justicia sirva para que nunca se repita una barbarie de esa naturaleza.
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