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| 11/1/2008 12:00:00 AM

La historia detrás del remezón

Semana revela los detalles de las operaciones militares que llevaron a las aterradoras ejecuciones extrajudiciales en diferentes regiones del país.

Cuando Robert Jairo Mesa puso la denuncia por la desaparición de su hermano José en enero pasado, no se imaginó que estaba dando la primera puntada para que se produjera, nueve meses después, uno de los remezones más sonoros de la historia de las Fuerzas Militares.

Ese día de finales de enero le tomaron apenas sus datos. Y meses después, cuando su familia ya se estaba haciendo a la idea de que José había desaparecido, un funcionario de Medicina Legal llamó a Robert el viernes 22 de agosto y le dijo que en Ocaña habían identificado un cuerpo que podía ser el de su hermano.

Si esto hubiera ocurrido el año pasado en Colombia, casi seguramente no habrían dado con el cadáver. Pero esta vez fue posible gracias al nuevo Sistema Nacional de Identificación de Víctimas que cruza múltiples bases de datos para dar con los desaparecidos.

Esa misma noche Robert salió con destino a Ocaña. Las neveras de la morgue con NN estaban abarrotadas. Pero no vio a su hermano. Le dijeron que lo buscara en una fosa común en una vereda a donde habían mandado decenas de cadáveres. Hasta allá fue y, a falta de funcionarios de la Fiscalía y de Medicina Legal, que estaban en paro, convenció al enterrador para que le ayudara con la exhumación.

Para ese día, primero de septiembre, ya llevaba cinco días de insoportable papeleo, pero lo más duro fue cuando el enterrador le dijo que su hermano aparecía de último en una fosa en la que estaban apilados seis cadáveres. Les tocó separarlos uno por uno. Estaban desnudos y sin bolsas. Y así reconoció algunos rasgos de otros de los muchachos desaparecidos de Soacha. Cuando llegaron al último, a José, lo identificó por sus iniciales tatuadas en los dedos.

¿Cómo era posible que su hermano, desaparecido de Soacha el 26 de enero de este año, apareciera muerto el día siguiente, a las 10 de la noche, a más de 400 kilómetros de distancia? Aun peor, ¿cómo podía ser que su hermano, que trabajaba como obrero de construcción en Soacha, apareciera como un guerrillero dado de baja en combate por el Ejército?

Robert volvió a Bogotá y les contó sobre su hallazgo a los familiares de otros muchachos desaparecidos que había visto en la fosa común. La noticia se regó como pólvora. Y casi de inmediato, saltó a los medios de comunicación, que bautizaron como "falsos positivos" el escándalo de los 11 muchachos, que más se demoraron en salir de Soacha que en aparecer muertos en combate en Ocaña.

Los hallazgos

Las denuncias de 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales no son nuevas. Pero los primeros indicios recogidos por Robert y por las autoridades eran tan graves, que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, no dudó en actuar. Primero, lanzó una frase que parecía una sentencia: "Me dicen que hay reductos de Fuerza Pública que están exigiendo como resultado cuerpos", y después, nombró una comisión especial para investigar lo ocurrido, así como otras seis muertes que podrían ser también "falsos positivos" de la Brigada 14 en el Magdalena Medio.

La comisión tenía un detalle muy significativo, estaba liderada por un general activo, Carlos Arturo Suárez, lo cual les daba garantías a los uniformados; lo acompañaban tres militares más con tareas específicas y el único civil invitado fue Carlos Franco, quien por su trayectoria y su trabajo en la Vicepresidencia de la República se ha ganado el respeto de organismos de derechos humanos.

La tarea de ellos no era investigar si a los 11 muchachos los habían matado o no en combate, sino revisar el procedimiento que siguieron los militares implicados en las operaciones: es decir, qué tipo de análisis de inteligencia hicieron, cómo diseñaron el plan de las operaciones y qué tipo de controles aplicaron después sus superiores. En otras palabras, su propósito no era encontrar delitos, sino fallas de carácter administrativo.

La comisión tuvo acceso privilegiado a todos los archivos secretos de las unidades implicadas, al balance de los gastos reservados y estuvo en cada uno de los sitios donde murió cada uno de los muchachos de Soacha e hizo una réplica de la operación. El trabajo fue tan detallado y extenuante, que la misión, que estaba diseñada para 15 días, se tuvo que extender una semana más.

Quedaron aterrados de lo que encontraron. Un desorden en el ejercicio militar que rayaba con lo criminal. "Un trabajador indisciplinado en una empresa cualquiera es un lastre, pero en una militar es un riesgo para las vidas de los demás", explica una alta fuente. Si bien guardan con celo los resultados, SEMANA pudo establecer algunos de los hallazgos.

En la mayoría de los casos, se repitió un modus operandi que no cumplía la doctrina militar básica. En primer lugar, no había ningún tipo de inteligencia previa antes de salir a la operación o, si la había, era un reporte vago, sin análisis. En segundo lugar, tampoco salían con un plan de operación, es decir, quién dirigía el grupo, cuál era la estrategia, etcétera, y en algunos casos sin poner al tanto a mandos superiores. Y, por último, hacían la operación de noche. En los informes reportan haber encontrado una o dos sombras sospechosas que se mueven, les gritan "alto", la 'sombra' dispara con una pistola y ellos responden con ráfagas de fusiles.

Y, como si fuera poco, el control que debían ejercer los mandos superiores brillaba por su ausencia. Por ejemplo, en el caso de Ocaña hay 111 muertos en combate en el último año, muchos de ellos enterrados como NN.

Estos procedimientos son la almendra de una guerra. En un conflicto como el colombiano, los militares están entrenados para seguir al pie de la letra una doctrina: "No se trata de salir a la calle a ver si encuentran a alguien mal parado para convertirlo en una baja. La baja tiene que ser producto de una operación militar plenamente justificada y planeada", explicó otra fuente militar.

Más allá de las graves fallas de procedimiento, también hallaron un reporte de gasto de munición excesivo. Por ejemplo, en un 'combate' en el que murió uno de los muchachos de Soacha, en su cuerpo aparecieron tres impactos de bala mientras el informe de los soldados registró la utilización de más de 1.000 municiones.

La comisión terminó su trabajo el viernes 24 de octubre, y el lunes siguiente, en la noche, le presentó los resultados al presidente Álvaro Uribe. Y el mandatario, que semanas antes había expresado su incredulidad de que se tratara de "falsos positivos", comenzó a entender el macabro modus operandi. Desde el primer momento, Uribe se mostró dispuesto a tomar las decisiones que fuera necesario y con cierta voz de indignación dijo: "Yo presiono, pero no presiono a nadie para que haga actos criminales".

En la reunión estaban el Ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, aunque brilló por su ausencia el comandante del Ejército, general Mario Montoya. Ya muy entrada la noche, Uribe se quedó solo con Santos y Padilla. La legitimidad del Ejército estaba en el filo de la navaja: hacía caso omiso de lo que estaba ocurriendo y retrocedía años en su imagen como institución ante el país, o daba un timonazo para pasar a la historia no sólo como el Ejército que doblegó a las Farc, sino también como el que le dio un impulso definitivo a la Fuerza Pública en materia de derechos humanos.

No dudaron en tomar decisiones drásticas. Y el miércoles a las 7:15 de la mañana las anunciaron en una rueda de prensa inusual. El retiro de 27 militares, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles. Y a estos, se sumaban los tres coroneles que por su cuenta el general Montoya decidió retirar por estos mismos hechos cuatro días antes.

Sin duda era una medida ejemplarizante que, al incluir dos comandantes de división y un comandante de Brigada, mandaba un mensaje más contundente que cualquier cartilla o curso de derechos humanos a los cerca de 250.000 soldados del país de que el gobierno no acolita ni se hace el de la vista gorda ante las muertes fuera de combate.

Los tres generales retirados -José Joaquín Cortés, Paulino Colorado y Roberto Pico- salían no necesariamente por ser ellos los directamente implicados, sino por no haber evitado, ni detectado, ni corregido las fallas tan evidentes de sus hombres. En el caso del general Pico, comandante de la séptima división y un general formado bajo la tutela del general Mario Montoya, llama la atención que las cinco brigadas a su cargo (4, 11, 14, 17 y la móvil 11) hayan sido protagonistas de escándalos de supuestas ejecuciones extrajudiciales.

El presidente Uribe fue más allá de las fallas administrativas en las que incurrieron los militares: "Estos hallazgos muestran que en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del Ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de su actividad delictiva".

Esas palabras significaban un cambio de 180 grados en lo que había sostenido un año antes Uribe en la inauguración de las sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez sesionó en Colombia. En ese entonces había dicho: "En Colombia no hay ejecuciones extrajudiciales, como lo señalan algunos sectores críticos al gobierno, pues, desde 1910 el país eliminó la pena de muerte". Y atribuyó las denuncias a una estrategia contra el Ejército: "Cuando avanza la acción contra la guerrilla, cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial".

Por todo el país

¿Cuál es la verdadera dimensión del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales? El caso de Soacha se convirtió en el símbolo del destape, pero no es el único. La Fiscalía investiga 657 casos que involucran a 688 militares y de ellos han sido condenados 43 y hay otros 12 casos en juicio. A esto se suma que la Procuraduría está investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 miembros del Ejército, una tercera parte de ellos por hechos ocurridos en 2007.

Así, por Soacha, han empezado a salir a la luz todo tipo de casos. Desde el lustrabotas que se llevaron del Parque Centenario de Bucaramanga en agosto y dos días después murió "en combate" en Catatumbo, hasta los dos vendedores de dulces del Parque de Berrío de Medellín, que se fueron con alguien que les ofreció trabajo en una finca y aparecieron 12 días después como guerrilleros muertos en San Roque (Antioquia). Algo parecido les había ocurrido dos años antes a otros tres jóvenes que estaban en el Parque de Bolívar de Medellín, un hombre al que le decían el 'Gato' les ofreció subirse a un taxi para ir a buscar un trabajo, y al día siguiente aparecieron muertos en combate en Montebello (Antioquia). Y la misma dosis les aplicaron a tres coteros de la plaza de mercado de Sincelejo en 2005. A las 2 de la tarde del 16 de diciembre llegó un taxi con dos personas buscando mano de obra que iban a pagar bien, estos se subieron y al día siguiente eran tres bajas más del Ejército en El Roble (Sucre).

No todos los supuestos 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales son iguales. Hay cuatro tipos de casos distintos. Se da el falso positivo por ocultamiento. Es decir, que no existía la intención de asesinar a un inocente, pero al hacerlo, no admiten el error, sino que lo presentan como guerrillero. Es el caso de Cajamarca.

El segundo es el de "limpieza social". Con el ánimo de aumentar las bajas, deciden matar personas en un alto grado de vulnerabilidad y por quienes, suponen ellos, nadie va a preguntar. Son múltiples los ejemplos que tiene la Fiscalía, entre ellos los llamados loquitos que deambulan por los cascos urbanos, drogadictos y muchachos con antecedentes judiciales.

El tercero es la táctica paramilitar. Las víctimas son personas que les resultan sospechosas de vínculos con la guerrilla, pero por falta de pruebas no pueden capturar. Entonces deciden matarlos simulando un combate.

Y el cuarto caso, es el de Soacha, que es el más reciente y el más preocupante porque implica además una macabra sociedad con la mafia. La Fiscalía ha identificado otros ocho casos con un modus operandi similar, como el de 11 jóvenes de Toluviejo (Sucre) que aparecen muertos en Chinú (Córdoba), los tres de Barranquilla que aparecen en Sahagún (Córdoba) y los tres de Chinchiná (Caldas).

En estos casos hay de por medio un reclutador que se mueve bien en la zona donde viven los muchachos, pero tiene nexos con bandas emergentes de otras partes del país. En Bogotá, han identificado 19, según un investigador del caso Soacha, a los cuales les pagan en promedio 300.000 pesos por muchacho. Estos reclutadores se hacen conocer de jóvenes de barrios de estratos 1 y 2 y les ofrecen un trabajo, no siempre legal pero sí jugoso en dinero, que resulta ser falso. Los llevan al sitio y a los pocos días aparecen muertos en combate.

La tesis que se maneja es que las bandas emergentes son las que corren con esos gastos y su propósito es ponerles en bandeja de plata a los militares a un joven que, tras una farsa de combate, termina siendo un 'positivo' que le suma puntos a la hoja de vida de la guarnición militar. En contraprestación, los militares dejan tranquilos a los delincuentes. Y de paso se hace otro tipo de negocios: la munición que se registra como gastada en el combate puede terminar en manos de la mafia y los gastos reservados que se usan para inteligencia pueden terminar en manos de un civil testaferro del militar corrupto.

¿Por qué se dan estas ejecuciones extrajudiciales? ¿Tiene alguna relación con el fin de los paras? No es descartable esa hipótesis. A partir del año 2003, se empezó a notar un incremento en los casos que investigaban tanto la Fiscalía como la Procuraduría (ver Una curva significativa). El número de denuncias era tan preocupante, que en 2004 Michael Frühling, para entonces director de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, se reunió con el presidente Uribe en la Casa de Nariño y lo puso al tanto. Y en 2006, se conocieron cerca de 30 casos de falsos positivos bastante escandalosos en Antioquia. Pero todo parecía ser un asunto de algunos mandos medios o bajos descarriados.

Es importante recordar que se trata de un Ejército que en menos de cuatro años pasó de 181.000 hombres a 241.000 y no hubo tiempo suficiente para formar todos los mandos que se necesitaban. Además, la filosofía del body count (el conteo de las bajas), que puede resultar tan perniciosa, aún no se ha podido erradicar. En algunas guarniciones mantienen vigentes incentivos perversos como dar días libres por bajas. Otros estímulos como las recompensas, que si bien se les dan a civiles, también estimulan la corrupción de militares.

Y sin duda, el debilitamiento, cada vez mayor, de la guerrilla, deja a una cantidad de hombres de brazos cruzados a los que todavía hoy no les dan instrucciones precisas de qué hacer para consolidar las zonas en las cuales ya derrotaron al enemigo. No es lo mismo la "guerra" que tiene que dar la brigada 13 en Cundinamarca, donde hace varios años la Operación Libertad 1 desalojó a las Farc, que el papel que está jugando hoy la Fuerza de Tarea Omega combatiendo al grupo más fuerte de la guerrilla en el río Duda.

Por lo pronto, los militares siguen tratando de digerir lo ocurrido. El comandante de las Fuerzas Militares dice que ahora van a fortalecer la inspección en cada una de sus guarniciones. Y la Fiscalía y la Procuraduría siguen a todo vapor con la investigación del caso de los muchachos de Soacha para determinar qué responsabilidades penales caben.

Robert Jairo, sin duda, no tenía la menor idea de que había destapado una verdadera caja de pandora en el corazón de las Fuerzas Militares.
 
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