La hora cero en el proceso contra Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización de la Cacica La Gaitana

Para este martes está programada la continuación de la audiencia preparatoria en el proceso que se adelanta desde hace diez años contra el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, dos coroneles en retiro del Ejército y un grupo de exguerrilleros de las Farc, por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana, que se registró el 7 de marzo 2006, en el municipio de Alvarado (Tolima).

El pasado 29 de enero se adelantó una audiencia atípica en la que reaparecieron los abogados de los exguerrilleros Raúl Agudelo, alias ‘Olivo Saldaña’ y Felipe Alejandro Salazar, Biófilo, señalados por la Fiscalía de ser pieza fundamental en el entramado para presentar a habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas, desempleados, para hacerse pasar como guerrilleros que querían dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.

En esta diligencia, tanto el fiscal del caso como la jueza especializada pusieron de presente el riesgo que existe de que el proceso prescriba. Esto debido a que ya se están superando ampliamente los plazos que exige la ley para investigar los delitos por los que fueron acusados. Según las cuentas, el caso prescribiría el próximo 20 de febrero.

A esto se le suma la probabilidad de que los abogados de los acusados presenten una nulidad del proceso al señalar que el caso parte de una premisa falsa, es decir, que la compañía guerrillera no existió y que estas personas no eran guerrilleras. Si el juez no anula el caso los juristas podrían presentar recurso de apelación el cual sería definido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Debido a esta situación, los tiempos no darían para que la Sala resuelva antes del 20 de febrero. Esto llevaría, claramente, a que el caso prescriba definitivamente.

La prescripción, a la vuelta de la esquina

Pese a que el caso estalló hace diez años y todas estas personas fueron acusadas en 2013 por este crimen, hasta la fecha no ha sido posible entrar en etapa de juicio. Esto debido a las solicitudes de los abogados de los procesos para acceder a los elementos materiales probatorios, los cambios de fiscal, las recusaciones, los aplazamientos por inasistencia de las partes, los cambios de abogados y las aclaraciones al escrito de acusación de la Fiscalía General.

Restrepo, cuyo paradero se desconoce desde hace una década, fue acusado por los delitos de apropiación a favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado, y tráfico, fabricación y transporte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado, por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización de 62 personas que fingieron ser integrantes de esa guerrilla.

Para la Fiscalía General, pese a que sabía que esas personas nunca habían hecho parte de esta estructura guerrillera Restrepo habría avalado su desmovilización con el fin de demostrar resultados en el proceso de paz. Frente a esto se le reclamó no haber constatado ni investigado sobre la mera existencia de este grupo guerrillero. Su actuar, según las cuentas de la Fiscalía, causó un detrimento al patrimonio estatal cercano a los mil 119 millones 384 de pesos pesos, de los cuales 81 millones fueron causados por los gastos del proceso de desmovilización.

Olivo Saldaña fue señalado de lanzar la idea y la concretó con personas en la cárcel La Picota de Bogotá para contactar a 62 personas que nunca tuvieron relación con el conflicto armado interno. El coronel Jaime Joaquín Ariza Girón, quien para la época de los hechos era jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de la Rime 5, en el Tolima, fue acusado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, fraude procesal, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares agravado, tráfico, fabricación de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado. La Fiscalía General lo cuestionó por no advertir que dicha estructura no existía.

El coronel fue señalado de haber ayudado el traslado de armas desde Santa Marta hacia Bogotá y luego a la Tebaida, jurisdicción de Alvarado, donde se produjo el engaño. El dinero para la desmovilización habría sido entregado por un narcotraficante quien pretendía presentarse como desmovilizado y así acceder a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.

Los hermanos Miguel Alcides, Flor Inés y José Alfredo Pacheco Ramos habrían incurrido en los cargos de fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros, fabricación, tráfico y transporte de armas de uso privativo de las fuerzas militares agravado, y fabricación, tráfico y movilización de munición de uso privativo de las fuerzas militares agravado.

Por su parte, Alejandro Salazar Pacheco fue acusado por los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares agravado, y tráfico, fabricación y porte de munición de uso privativo de las fuerzas militares agravado.