Lunes, 16 de enero de 2017

| 1995/10/09 00:00

LA HORA CERO

La suerte del general Alvaro Velandia está echada. Será destituido finalmente por orden de la Procuraduría, que lo halló responsable de la desaparición y muerte de una militante del M-19.

LA HORA CERO

A LAS TRES DE LA TARDE DEL PASADO viernes un funcionario de la Procuraduría llegó a la Casa de Nariño y entregó un sobre que debía ser enviado de inmediato al presidente Ernesto Samper Pizano. Pocos minutos después el documento llegó a las manos del jefe del Estado, quien lo leyó detenidamente. En ese momento quedó sellada en forma definitiva la suerte del brigadier general Alvaro Hernán Velandia Hurtado, actual comandante de la III Brigada del Ejército con sede en Cali. La carta que acababa de leer, firmada por Jesús Gómez López, encargado de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, no le dejó ninguna alternativa al primer mandatario: destituir al alto militar porque presuntamente "conoció y aprobó" la desaparición y muerte de la militante del M-19 Nidia Erika Bautista, ocurrida en agosto de 1987. Con la separación de Velandia del servicio activo de las Fuerzas Militares culmina un largo y tortuoso proceso judicial que en las últimas ocho semanas polarizó la opinión de diversos sectores en Colombia y en el exterior.
¿QUIEN ERA NIDIA ERIKA?
El tira y afloje entre la Procuraduría y el general Velandia y sus abogados se inició el pasado 6 de julio, cuando el entonces procurador Hernando Valencia Villa firmó la resolución mediante la cual solicitó la destitución del general Velandia. Según el fallo, el oficial, quien para la época en que ocurrieron los hechos era coronel y comandante del Batallón de Inteligencia Charry Solano -hoy Brigada XX- "tuvo conocimiento de de la retención (...) y debe responder por haber aprobado tal determinación o no haber tratado de evitarla cuando tenía el deber, el poder y la oportunidad de hacerlo".
Nidia Erika Bautista era una activa militante del M-19 que en 1986 fue detenida por el Ejército en Cali acusada de pertenecer a las redes urbanas de esa organización alzada en armas. No obstante, logró fugarse antes de que la entregaran a la justicia. La identidad de la mujer fue conocida públicamente cuando sus familiares denunciaron su extraña desaparición. Era el 30 de agosto de 1987. Durante los siguientes tres años, el paradero de la militiánte del M-19 fue un completo misterio. Hasta que en agosto de 1990, cuando todos creían que Bautista no iba a aparecer nunca, un hombre, que se identificó como ex integrante del Batallón Charry Solano, le dijo a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría que conocía los pormenores del secuestro y posterior asesinato de la mujer. Según el relato del ocasional testigo, a las 6:30 de la tarde del 30 de agosto de 1987, Bautista caminaba por el barrio Casablanca, al sur de Bogotá, cuando fue abordada por varios hombres que se desplazaban en un campero Suzuki, de color gris, adscrito al Ejército. Luego -dijo el testigo- la llevaron a Bosa, después a una residencia en Soacha, donde permaneció dos días antes de ser trasladada a Guayabetal, Cundinamarca, donde fue asesinada y sepultada una semana después. Allí, en un paraje rural, fue hallada por sus familiares.
Durante los siguientes cuatro años y medio, la Procuraduría adelantó las investigaciones que concluyeron con la atribución de la responsabilidad al general Velandia y al sargento segundo Julio Roberto Ortega Araque. Sin embargo, poco después el caso tomó otras dimensiones cuando el gobierno condecoró al general Velandia con la medalla Orden al Mérito Militar. Fue el pasado 4 de agosto, en la tradicional celebración del día del Ejército. De inmediato las Organizaciones No Gubernamentales acreditadas en Colombia y asociaciones de derechos humanos de Europa y Estados Unidos protestaron airadamente y calificaron la distinción a Velandia como un retroceso de las políticas esbozadas por el Ejecutivo en esa materia durante el último año. En la otra orilla, los compañeros de armas del oficial condecorado dijeron que su respaldo obedecía a que el general todavía tenía en sus manos algunos recursos judiciales para no dejarse destituir.

PELEA EN LOS TRIBUNALES
Y no les faltaba razón. A través de sus abogados el general Velandia inició una contraofensiva jurídica encaminada a retardar el cumplimiento de la destitución porque estaban próximos a cumplirse los cinco años establecidos por la ley para que prescribieran las acciones disciplinarias del Ministerio Público. Y los hechos se encargaron de darle inicialmente la razón. El Consejo de Estado, al fallar una acción de tutela presentada por el oficial, dijo que, en efecto, la Procuraduría para los Derechos Humanos violó el debido proceso del inculpado al no notiricarlo debidamente de las decisiones en su contra. En la misma decisión, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó que la Procraduría procediera a notificar debidamente al general. Sin embargo, cuando se iba a cumplir el trámite, se produjo la intempestiva salida del país del procurador Valencia Villa, quien adujo serias presiones y amenazas contra su vida. Este hecho polarizó aún más la opinión de quienes estaban a favor y en contra del oficial. De un lado, hubo quienes afirmaron que el exilio de Valencia había sido provocado por el general. Al mismo tiempo, en otros sectores se afirmó que el procurador delegado abandonó el país cuando vio que su fallo se venía a pique y que además iba a ser investigado penalmente por violación del debido proceso.
Entonces el general Velandia continuó con su ofensiva jurídica, y con el fallo del Consejo de Estado debajo del brazo y con el respaldo de sus superiores y subalternos en el Ejército, presentó una acción de tutela en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de lograr la suspensión definitiva del fallo de destitución de la Procuraduría. En su alegato el oficial sostuvo que la acción disciplinaria ya había prescrito. Pero este recurso le falló. El Tribunal dijo que el procedimiento de la Procuraduría y la solicitud de destitución se produjeron dentro de los términos legales, y estos no excedieron los cinco años exigidos por la ley. Además, fuentes de ese organismo judicial señalaron que en todo este proceso nunca estuvieron en entredicho la investigación y las conclusiones a las que llegó la Procuraduría cuando señaló al general como presunto responsable de la desaparición de Nidia Erika Bautista.
Así las cosas, al finalizar la semana pasada la Procuraduría reiteró su exigencia al gobierno, y éste hizo saber públicamente que acataría el fallo contra el alto oficial. El desenlace de esta historia le permitirá al gobierno mantener en la opinión internacional la imagen de que hay una real apertura en materia de derechos humanos en el país y que el Estado es capaz de aceptar responsabilidades cuando alguno de sus miembros se excede. Así ocurrió hace seis meses cuando el gobierno reconoció la participación, por acción y omisión, de miembros de las Fuerzas Armadas en la masacre de Trujillo (Valle), que le costó la vida a 107 personas.

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