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| 1/1/1996 12:00:00 AM

LA HORA CERO

La decisión que está a punto de tomar Heine Mogollón puede no gustar a muchos, pero es posible que en derecho sea la única.

EL VIERNES 28 DE JULIO, A HEINE MOGOllón lo despertaron temprano las grandes cadenas de radio en su casa de Lorica. Todos llamaban a averiguar qué opinaba el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sobre la decisión comunicada la víspera al país por Ernesto Samper Pizano, en el sentido de pedirle a esa célula legislativa que lo investigara por las acusaciones sobre filtración de dineros del narcotráfico en su campaña para la Presidencia. El primer mandatario había dicho esa noche, 24 horas después de la detención por orden de la Fiscalía de Santiago Medina, que si ese dinero había entrado a la campaña había sido "a sus espaldas", y que por esa razón deseaba que la Comisión lo indagara.
En sus primeras declaraciones ese día, el representante Mogollón parecía un poco sorprendido por la forma como, de la noche a la mañana, el interés de los medios de comunicación se había volcado sobre él. En los cuatro meses que han transcurrido desde entonces, el congresista cordovés terminaría por descubrir hasta dónde eran capaces de llegar los medios en su acoso. Mogollón se convirtió pronto en figura central del escándalo narcopolítico y su hoja de vida y actividades pasadas, que nunca habían merecido la menor atención de los periodistas, fueron espulgadas hasta la saciedad. Fue acusado de desviar un crédito de fomento agropecuario para financiar su campaña, de recibir una pequeña parte del dinero en efectivo que se cree el cartel de Cali inyectó a la campaña y que llegó a Córdova horas antes de las elecciones, de arreglar el asunto del crédito agropecuario en una supuesta conversacion telefónica grabada y ampliamente difundida con un aparente funcionario del Banco Ganadero, y hace pocos días de haber sido declarado insubsistente de su cargo en la Lotería de Córdova en 1991.
Ante todos esos embates, lo cierto es que Mogollón se ha mantenido firme, y a pesar de su evidente inexperiencia en lidiar periodistas, en general ha dado declaraciones equilibradas y ha tenido el tino de no anticipar el sentido de la ponencia sobre el caso del Presidente que presentará, muy posiblemente esta semana, ante la Comisión de Acusaciones.
Pero a pesar de la forma reservada con que ha manejado el borrador de su ponencia, y debido a que ya ha comenzado a ser analizada por sus colegas de la Comisión, son muchos los detalles que se han ido filtrando. Al representante investigador le llegó la hora y su decisión está cantada. Se da por descontado que Mogollón propondrá a la Comisión un auto inhibitorio por falta de méritos, que significa que, por ahora, no hay elementos para abrir formal investigación en contra del Presidente de la República. La noticia no va a sorprender a nadie, pero sin duda la argumentación de la decisión va a desatar más de una discusión. SEMANA conoció la línea jurídica central del pronunciamiento, que al cierre de esta edición parecía imponerse no sólo a nivel de Heine Mogollón sino de la inmensa mayoría de sus colegas de Comisión.

NO HAY DELITO
Desde cuando Mogollón inició formalmente su trabajo a principios de agosto y pocos días después de que se conociera la ya célebre indagatoria de Santiago Medina, quedó en claro que sobre el presidente Samper pesaban dos señalamientos. El primero, que a su campaña presidencial ingresaron más de 5.000 millones de pesos supuestamente aportados por los principales cabecillas del cartel de Cali. El segundo, que el entonces candidato y hoy Presidente estaba al tanto de esa operación.
A lo largo de estos cuatro meses una mayoría de la opinión pública se ha ido convenciendo de que ambas acusaciones son ciertas. Según distintos sondeos divulgados en las últimas semanas, más del 60 por ciento de los encuestados cree que el dinero sí entró, y más del 50 por ciento piensa que el Presidente estaba al tanto. Pero incluso si ambos señalamientos se pudieran confirmar jurídicamente, no es fácil desde el punto de vista penal convertirlos en base de una acusación formal.
En cuanto a la primera acusación, aunque parezca increible, no todo el mundo está de acuerdo con que recibir dinero de un grupo de narcotraficantes para financiar una campaña política sea delito. Pese a que en algunos pronunciamientos, la propia Corte Suprema de Justicia están de acuerdo con la tesis de la Fiscalía en el sentido de que este tipo de operación podría asimilarse al enriquecimiento ilícito, los más conservadores en la interpretación del derecho penal creen que dicha interpretación es excesiva y no tiene valor jurídico. Y si recibir dineros de narcotraficantes para financiar una campaña no es delito, tampoco puede serlo para el candidato, el estar al tanto de ello.
SEMANA ha podido confirmar que Heine Mogollón se ubicará en su pronunciamiento del lado de quienes piensan que no hay delito, dándole con ello la razón a Antonio José Cancino, abogado del Presidente. Esta tesis apunta hacia lo que los especialistas llaman "la atipicidad" de las conductas investigadas, lo que en cristiano quiere decir que independientemente de la mala presentación que tengan los hechos investigados y más allá, incluso, de que se compruebe que ocurrieron, esos hechos no encajan en ninguna de las conductas calificadas como delito por la ley penal colombiana.
Hay un elemento adicional que va a contribuir a la decisión de Mogollón de proponer a la Comisión de Acusaciones que se abstenga de abrir investigación formal contra el Presidente. Si bien en su indagatoria ante la Fiscalía, Santiago Medina aseguró que el entonces candidato estaba al tanto de la operación, fuentes de la Comisión de Acusaciones dijeron a SEMANA que Medina se abstuvo de concretar esos señalamientos en su declaración ante Mogollón, hace un par de meses.
"Si Medina hubiera confirmado en esa declaración sus acusaciones contra Samper -dijo a SEMANA un penalista vinculado al proceso 8.000-, a Mogollón le hubiera quedado muy difícil no proponer la apertura de una investigación formal, pues incluso si se argumenta la atipicidad de la conducta, una declaración tan significativa de un testigo tan importante, hubiera obligado al representante investigadora plantear la apertura formal de la indagación para que la investigación estableciera, entre otras cosas, si la conducta es o no punible". Pero lo cierto es que Medina no lo hizo y con ello puede haber salvado al Presidente.

¿DEBATE POLITICO?
Teniendo en cuenta lo anterior, juristas de la talla de Alfonso Gómez Méndez consideran que Mogollón no tiene otra opción que proponer a la Comisión un auto inhibitorio porque no hay méritos para abrir investigación formal contra el Presidente. Según el ex procurador Gómez "Este debate ha estado mal planteado desde el principio, pues que la campaña haya sido financiada con dineros del narcotráfico o incluso que el Presidente lo hubiera sabido, más que los elementos de una discusión penal, son los elementos de una discusión política".
Quienes comparten esta opinión consideran que la habilidad de Cancino fue precisamente la de darle la vuelta al asunto, penalizando al máximo la indagación de Mogollón y evitando así a toda costa que el Congreso recorriera el camino de un debate de responsabilidad política. "Lo que hicieron fue volver esto un proceso de baranda", explicó Gómez Méndez.
Pero lo anterior no se debe exclusivamente a la habilidad del abogado del primer mandatario. También, y en buena medida, a las normas constitucionales y legales que rigen los procedimientos de acusación en el Congreso. Por un lado el proceso para definir si el Presidente debe ser juzgado penalmente tiene muchas escalas en el Parlamento antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia (ver gráfico). Por otro lado, todas esas escalas están bastante judicializadas por cuenta de la ley que reglamenta el funcionamiento del Congreso.
Según Gómez Méndez "En Colombia es casi imposible que un proceso político en el Congreso no se judicialice". En otros países la cosa es un poco más sencilla. Los equivalentes a la Comisión de Acusaciones se limitan a revisar los expedientes judiciales para ver si en ellos existe alguna prueba que pueda involucrar al jefe del Estado. Si la encuentran envían el expediente a la Corte Suprema que se encarga de llamar a declarar tanto a los acusados como a los testigos. Si la conducta investigada no constituye delito alguno, pero puede configurar un pecado político, el Congreso aborda de inmediato el debate en ese campo.
¿PUNTO FINAL?
Pero más allá de todos estos debates e interpretaciones, el hecho es que en muy pocos días Mogollón y la Comisión de Acusaciones van a producir la primera noticia judicial realmente favorable a Ernesto Samper desde que se inició el proceso 8.000. Pero aun aquellos funcionarios que desde el gobierno ven con optimismo este asunto, reconocen que el auto ínhibitorio de Mogollón está lejos de marcar, para el Presidente, el punto final de esta historia.
Para empezar, así como la apertura formal de investigación no habría implicado una condena, el auto inhibitorio tampoco significará una absolución. Como se trata de calificar una investigación preliminar, esa calificación, como el mismo Mogollón lo ha advertido, "no hace tránsito a cosa juzgada". En efecto, un vez que Mogollón tome su decisión y proponga que el proceso se archive por ahora, el expediente podrá reabrirse cada vez que la Fiscalía envíe una nueva prueba que en su concepto pueda llevar a involucrar al Presidente.
Las posibilidades de que algo así suceda no son remotas teniendo en cuenta que las investigaciones del proceso 8.000, y en particular de lo relacionado con la financiación de la campaña samperista, aún no han sido cerradas por la Fiscalía. Uno de los testimonios más importantes del proceso, el que está rindiendo en estos días en Estados Unidos el chileno Guillermo Pallomari, ex contador del cartel de Cali, no ha sido rendido en su totalidad y en opinión de quienes conocen el proceso 8.000 puede llegar a ser definitivo en cuanto a establecer si Ernesto Samper sabía o no los detalles de la financiación de la campaña por parte del cartel.
Además de lo de Pallomari, hay otros dos aspectos de la investigación que están por definirse. El primero es el de las cuentas bancarias en las cuales, según su propio testimonio, Fernando Botero habría manejado fondos de la campaña recaudados en el exterior. El segundo tiene que ver con Santiago Medina, pues según pudo establecer SEMANA al cierre de esta edición, el ex tesorero de la campaña no ha entregado aún a la Fiscalía todos los documentos que posee y estaría decidido a suministrarlos ahora que se definió el tema de su casa por cárcel.
Debido a lo anterior algunos han considerado que Mogollón debería esperar a que todo esto se resolviera antes de proponer el auto inhibitorio. Sin embargo, el representante investigador tiene que cumplir con unos plazos que se están venciendo. Además sus propios compañeros de la Comisión le han pedido que presente ya su informe, pues consideran que prolongar la espera no hace más que complicar su situación de seguridad por las amenazas que han estado recibiendo.
Pero si acaso las amenazas contra los miembros de la Comisión llegan a concluir con la presentación del informe de Mogollón, lo que está claro es que lo que sí no va a terminar tan pronto es el debate sobre todo este asunto. Si desde antes de conocerse formalmente, el documento de Mogollón ya ha hecho correr ríos de tinta, es fácil imaginar lo que va a suceder cuando el informe se divulgue en su totalidad y Mogollón descubra que los reflectores que se encendieron sobre su cabeza hace ya cuatro meses no se van a apagar tan fácil.
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