LA HORA CERO

Fernando Botero ha estado caminando en una cuerda floja desde que decidió hace tres semanas buscar una salida inmediata a su proceso judicial. Para ello tomó la vía más corta de la audiencia especial. Esto significa que su suerte depende única y exclusivamente de la Fiscalía. Y como éste mecanismo jurídico no había sido utilizado por ninguno de los implicados en el proceso 8.000, Botero ha tenido que hacer camino al andar. Cada día que ha transcurrido desde que el ex ministro tomó esta decisión las versiones sobre su suerte han sido radicalmente opuestas. Pero la hora de la verdad llegó la noche del viernes pasado. Hasta ese momento lo único que se sabía era que a Botero le había ido mal en el transcurso de la última semana. Ocho días antes de la audiencia las perspectivas parecían bien diferentes. El ex ministro y su abogado, Fernando Londoño, tenían en sus cuentas una pena de siete años, que por el sólo hecho de acudir a la figura de la audiencia especial se podría rebajar en la tercera parte. Es decir, 56 meses (cuatro años y ocho meses). A partir de ahí comenzaría un forcejeo con el fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, con el fin de alcanzar más descuentos teniendo como base la colaboración del ex ministro. Por mal que le fuera, Londoño aspiraba a que la Fiscalía le concediera una rebaja de 20 meses, lo que dejaría a su cliente con una pena efectiva de 36 meses y con la posibilidad de pedir de inmediato su libertad condicional. Las cuentas hechas por Botero y su abogado parecían bastante alegres. La propia fiscalía regional, que tiene a su cargo el proceso 8.000, llegó a afirmar que eso era imposible, pues la unidad de fiscales sin rostro que interrogó al ex ministro de Defensa consideraba que la colaboración de Botero no había sido eficaz y por lo tanto no merecía el otorgamiento de más rebajas. Cuando el tema fue debatido públicamente y se conoció que Botero tenía un pie en la calle se armó la de Troya. Pero tanto Botero como Londoño se defendieron con el argumento de que era un derecho legal y que la figura de la audiencia especial no se la habían inventado ellos sino que estaba contemplada en el Código de Procedimiento Penal. Al inicio de la semana pasada, y después de múltiples debates al interior de la fiscalía regional, la posición de ésta se endureció y todo parecía indicar que Botero y Londoño estaban en una encrucijada. El martes en la tarde la unidad de fiscales y Fernando Londoño realizaron una extenuante reunión, en la cual los fiscales dejaron en claro que no darían su brazo a torcer. Ese día las cosas quedaron así: Botero sería acusado de enriquecimiento ilícito a terceros y se le fijaría una multa de 500 millones de pesos. Cuando la reunión estaba a punto de levantarse se presentó un incidente. Varios fiscales dejaron sentar su voz de protesta porque el delito de falsedad no estaba contemplado para la negociación en la audiencia especial y manifestaron que de no incluirse se estaría desconociendo una parte vital en la investigación del proceso 8.000. Como no hubo consenso alrededor de este punto la reunión terminó. Frente a esta situación, el jueves pasado fue convocada una nueva reunión con el abogado Fernando Londoño. En ella los fiscales radicalizaron sus posiciones y dejaron en claro que para poder llevar a cabo la audiencia especial tenía que regirse bajo los siguientes parámetros: que la pena por enriquecimiento ilícito a terceros había sido fijada en 84 meses (siete años). Que el delito de falsedad tendría una sanción de seis meses. Es decir, que la condena por estos dos delitos sería de 90 meses. Que la rebaja automática por acogerse a la audiencia especial no sería ni la mínima (16 parte) ni la máxima (13), sino un promedio entre las dos que arrojaba una rebaja efectiva de 27 meses. Y la multa pasó de 500 millones a 1.000 millones de pesos. Después de sumar y restar, el defensor estaba frente a una condena de 63 meses (cinco años y tres meses). Partiendo de esta base, la siguiente rebaja por colaboración efectiva estaba resultando más dura de lo que el abogado de Botero esperaba, pues los fiscales sin rostro habían llegado a la conclusión de que la confesión del ex ministro no fue "suficiente". Esto significaba que el proceso para la fiscalía regional terminaba en cinco años y tres meses. Con esta información Londoño partió rumbo a la Escuela de Caballería (sitio de reclusión de Botero) con el fin de informar a su cliente las condiciones que ponía la Fiscalía para la audiencia especial que había sido programada para el viernes a las 2 de la tarde. Si Botero no aceptaba esas condiciones no tendría otro remedio que someterse a un juicio, que en el mejor de los casos duraría por lo menos dos años y medio, al final de los cuales podría ser condenado a muchos más años de cárcel. La audiencia especial finalizó el viernes a las 9:30 de la noche. Botero firmó el acta de compromiso en la cual quedó plasmada una condena efectiva de 63 meses y el pago de una multa de 1.000 millones de pesos. A partir de ese momento comenzó la segunda etapa de este proceso. Fernando Londoño tendrá que hacer muchos esfuerzos para convencer a la Fiscalía de que la colaboración de su cliente sí ha sido eficaz y que por lo tanto merece que se le concedan los beneficios de la rebaja de penas contemplados por la política de sometimiento a la justicia. Para llevar a cabo esta tarea el abogado esgrimirá dos argumentos. Con el primero pretenderá demostrar que la Fiscalía acusó al presidente Samper ante la Cámara de Representantes, teniendo como base el 80 por ciento del testimonio entregado por Botero en sus indagatorias ante los fiscales sin rostro. Con el segundo argumentará que la colaboración de su cliente le permitió a la Fiscalía acumular las pruebas suficientes para dictarle medida de aseguramiento a los ministros Horacio Serpa, Juan Manuel Turbay y Rodrigo Pardo por encubrimiento. Igualmente, Londoño tratará de demostrar que las investigaciones contra el procurador general de la Nación, Orlando Vásquez, y el coronel Germán Osorio fueron consolidadas con base en el testimonio entregado por Botero. Si Londoño convence a la cúpula de la Fiscalía de que Botero sí colaboró eficazmente con la justicia es muy posible que logre una rebaja adicional para su cliente. SEMANA estableció que el ex ministro recibiría un beneficio por colaboración que oscilaría entre 20 y 27 meses. Como consecuencia de esto la pena efectiva quedaría entre 36 y 43 meses de prisión. Si logra llegar a la famosa cifra de los 36 meses Botero quedará de inmediato en libertad condicional, pues así lo contempla la ley. Si no es así, al ex ministro le quedarían por cumplir entre dos y cuatro meses más de prisión en la Escuela de Caballería antes de obtener la libertad condicional. A esta fórmula se está llegando después de un tire y afloje entre dos tendencias enfrentadas que existen dentro de la Fiscalía. La regional representa la línea dura, la cual considera que Botero no dijo toda la verdad. La cúpula, sin embargo, considera que, independientemente de cuánto dejó de decir Botero, suministró información que merece algún tipo de reconocimiento. Por otro lado, si no se crea un antecedente de remuneración para quienes colaboran con la justicia se puede estancar el proceso 8.000, pues nadie va a volver a asumir ese riesgo. La necesidad de tener una puerta abierta para futuros colaboradores ha jugado a favor de Fernando Botero en este capítulo.