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| 10/31/1994 12:00:00 AM

LA HORA DEL CAMBIO

El gobierno le va a prestar al Congreso un ambicioso paquete de proyectos para dar un nuevo revolcón a la justicia.

LA JUSTICIA EN COLOMBIA no solo es la mujer ciega, sino también la niña fea de la función pública. Su credibilidad ante el país es prácticamente nula y su cobertura es mínima. Y es además demorada, distante, ajena e impredecible para la mayoría de los colombianos. Esa fenomenología es tan grave que no pocos estudios vinculan la falta de justicia con los altísimos índices de violencia que tiene el país.

Tal diagnóstico impulsó al gobierno anterior a meterle la mano al sector mediante toda una serie de reformas y un incremento importante en los recursos presupuestales que se inyectaron en ésta área. Pero ese es un esfuerzo que va a requerir muchos años de trabajo.

Afortunadamente esa parece ser también la línea del actual gobierno, que tiene preparado un paquete de ocho proyectos relacionados con el tema en lo que se considera uno de los más ambiciosos planes de reforma que haya visto el sector. El paquete comprende la ley estatutaria de la administración de la justicia, el estatuto anticorrupción, la reforma al Código Penal para el aumento de penas, el estatuto de notariado y registro, la ley de acceso y eficiencia de la justicia, la ley de acciones populares y de grupo, la ley de acciones de cumplimiento y la ley de titulación masiva y regularización de tierras.

Todos y cada uno de los proyectos corresponden a una estrategia concreta. Se trata de legitimar la función pública de la justicia por dos vías: la mejora en la eficiencia, eficacia y productividad, y la creación de nuevos mecanismos de acceso a ésta.

El proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia busca crear un marco institucional para su funcionamiento en Colombia. Define jurisdicciones y los órganos que las ejercen, distribuye competencias y pretende abrir espacios a sistemas alternativos de resolución de conflictos.

El proyecto de estatuto introduce el concepto anglosajón de accountability (rendición de cuentas) en esta materia. Para tal efecto se le van a imponer anualmente metas específicas al Consejo Superior de la Judicatura que es el administrador de la rama judicial. Esas metas, por las cuales deberá responder cada año en un informe que le presenta al Congreso, incluyen temas como la ampliación de cobertura, indicadores de desempeño por juzgado, reduccción de costos en el servicio y la formulación pública de planes y programas de desarrollo para que se concrete el compromiso del sector con la sociedad.

También introduce la figura de los jueces de paz, que no es otra cosa que el establecimiento de la justicia de vecindad para los casos de mínima cuantía. Estos jueces deberán resolver en equidad y no en derecho los casos civiles, comerciales o laborales que les presente la comunidad.

El proyecto de Estatuto Anticorrupción, que ya fue aprobado en la Cámara y ahora debe ir al Senado, busca esencialmente desarrollar a nivel legal los principios constitucionales de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en la función pública. Según el ministro del área Néstor Humberto Martínez, lo que se busca con este proyecto, ante todo, es "cumplir con el mandato ciudadano inequívoco de controlar los niveles que está adquiriendo la corrupción en Colombia".

El proyecto de aumento de penas está directamente ligado con el anterior. La idea fundamental es rescatar el Código Penal como elemento preventivo y disuasivo del delito. Según Martínez, "lo que existe en la actualidad en Colombia es un sistema punitivo laxo y débil que no puede subsistir con un sistema procesal que acogió mecanismos como el de colaboración con la justicia, que consagra el derecho anglosajón". Esto explica en buena parte las sentencias tan bajas que han recibido algunos de los narcotraficantes que se acogieron a ese sistema. De hecho, el 65 por ciento de los delitos en Colombia tienen una pena mínima -que es la que normalmente se impone- que va entre cero y 12 meses. Y esos delitos representan el 53 por ciento de las conductas criminales del país. La consecuencia práctica es que esa impunidad le envía un mensaje descorazonador a la sociedad.

Detrás del proyecto de acceso a la justicia hay una razón de orden social. Las normas de descongestión, que se dictaron a finales de 1991, tienen una vigencia de 42 meses que se acaba en junio de 1995. Los resultados de mecanismos alternativos como la conciliación y el arbitraje, han sido tan buenos que el gobierno quiere darles carácter permanente.

Sin embargo, la idea del proyecto es ir más allá de lo que existe hoy. El eje fundamental de la propuesta del gobierno es la llamada desjudicialización de la justicia, que no pretende quitarle a los jueces la función pública de impartirla, sino más bien ampliar la gama de alternativas mediante la creación de nuevos canales de resolución de conflictos. El propósito es involucrar a todo el Estado en la administración de la justicia, adscribiendo mediante la ley competencias a la administración para ejercer esa función en casos puntuales y específicos.

El proyecto del nuevo estatuto notarial busca, por su parte, adecuar el régimen actual a la nueva Constitución. El gobierno también quiere aprovechar esta reforma para generar mayor acceso a la justicia y permitir que los notarios -que son 800 en todo el país- puedan servir de mediadores en aquellos conflictos donde la ley permita transigir.

El proyecto de titulación de tierras busca resolver una de las causas más frecuentes de conflictos ciudadanos. Un estudio adelantado por el gobierno encontró que el 40 por ciento de las propiedades en Colombia -tanto rurales como urbanas- tienen un título precario a pesar de tener un dueño incontrovertido. Mediante el proyecto se busca darle una solución por la vía administrativa a esos casos, puesto que la vía judicial -el llamado proceso de pertenencia- ha demostrado ser un vehículo demorado, costoso y poco efectivo.
Por último, están los proyectos de ley que reglamentan las acciones populares y las acciones de cumplimiento que consagra la Constitución para proteger y aplicar los derechos fundamentales y colectivos.

Las acciones colectivas son el medio procesal para asegurar la protección de los derechos e intereses colectivos que consagra la Constitución. Estas acciones son bastante corrientes en países como Estados Unidos y suelen resultar en condenas multimillonarias cuando se prueban perjuicios por productos defectuosos o daños a cosas como el medio ambiente.

Las acciones de cumplimiento buscan dotar al ciudadano común y corriente de un instrumento para poderle exigir a la administración, al gobierno o a cualquier autoridad renuente a cumplir con las normas vigentes, su cumplimiento efectivo. El proyecto contempla que esta sea una acción relativamente sencilla y desprovista de formalismos como es el caso de la tutela. El trámite no se deberá demorar más de cuatro meses, en el peor de los casos.

Lograr la aprobación de este ambicioso paquete de leyes en el Congreso no es tarea fácil. Pero la verdad es que la situación de la impunidad en Colombia es tan crítica que ese revolcón es impostergable. Sólo así se tendrá el marco jurídico estable y la justicia efectiva y eficiente que se requieren para atraer los recursos externos necesarios con el fin de lograr que Colombia deje de ser algún día un país subdesarrollado.-
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