LA HORA FINAL

Hace APENAS TRES SEMAnas el procurador general de la Nación, Orlando Vásquez Velásquez, se veía sólido como una roca. Tanto que llegó a desafiar al fiscal Alfonso Valdivieso para que se enfrentaran en un debate cara a cara en el Congreso de la República. Pero la semana pasada al jefe del Ministerio Público le llegó la roya. El lunes la Corte Suprema de Justicia le pidió al Congreso suspender a Vásquez de su cargo, durante 90 días, porque habría tramitado una falsa demanda contra Valdivieso. El calvario de Vásquez estaba apenas comenzando. Un día después, el martes en la noche, el noticiero QAP soltó la chiva de que el Procurador sería detenido por la Fiscalía, que en su investigación encontró serios nexos entre Vásquez y el cartel de Cali. Finalmente la detención se produjo el viernes pasado y Vásquez fue recluido por la Policía en la Escuela de Adiestramiento del DAS al norte de Bogotá.
La noticia de que por primera vez en la historia de Colombia _y del mundo_ un procurador general había sido detenido, le dio la vuelta al planeta. Los despachos de las agencias internacionales hicieron extensas reseñas no sólo de la vida del jefe del Ministerio Público sino también de las serias acusaciones penales que enfrenta.
La suerte del Procurador quedó sellada cuando los investigadores de la Fiscalía descubrieron que el cartel de Cali, por intermedio de Exportcafé, una empresa de fachada de los hermanos Rodríguez Orejuela, hizo aportes a la organización de Vásquez en 1994 por una cifra que oscila entre 150 y 200 millones de pesos. Para desenredar la madeja de las consignaciones originadas en Cali los funcionarios tuvieron que recurrir a la declaración rendida por el contador de esa organización delictiva, Guillermo Pallomari, quien fue indagado en Estados Unidos por un grupo de fiscales sin rostro. Esa primera pista llevó a los investigadores a descubrir una intrincada red de testaferrato que se prestó para facilitar el movimiento de los dineros consignados por el cartel y que finalmente llegaron a las arcas del grupo de Vásquez Velásquez en Antioquia.

La ruta del dinero
Cuando los investigadores se metieron de lleno a seguirle la ruta a los dineros girados a los testaferros, encontraron una cuenta de ahorros en Medellín y descubrieron que a ella habían ingresado numerosos cheques, que sumaban 180 millones de pesos y cuyo girador era Eduardo Gutiérrez, representante legal de Exportcafé. Ahí empezaba el carrusel del manejo del dinero. Según descubrieron los fiscales, el dinero fue retirado de esa cuenta de ahorros y trasladado a una bancaria cuyo titular era una persona muy cercana a la campaña política que por ese entonces lideraban Vásquez Velásquez y Arlén Uribe. De acuerdo con las pesquisas, la plata fue retirada en efectivo y con ella fueron abiertas varias cuentas bancarias y de ahorros a nombre de personas cercanas al grupo de Vásquez y Uribe. En el seguimiento a esas cuentas los funcionarios de la Fiscalía descubrieron que una de ellas fue abierta a nombre de una persona ya fallecida. El siguiente paso del carrusel consistía en sacar el dinero en efectivo y con él pagar las cuentas pendientes de la campaña, mientras los fondos restantes iban a dar directamente a las arcas del movimiento político en Medellín.Para descubrir esta red los investigadores de la Unidad de Fiscales ante la Corte lograron convencer de colaborar con las pesquisas a varios de los titulares de las cuentas descubiertas, así como a muchas de las personas que cobraron cheques por ventanilla y luego entregaron el dinero en efectivo a los representantes del grupo de Vásquez. Estos testimonios entraron a engrosar el expediente que reúne el material probatorio que sustentó la orden de captura contra el jefe del Ministerio Público.
Los fiscales no sólo se dieron a la tarea de descifrar los movimientos bancarios de la campaña, sino que además trataron de demostrar que sí existía una relación política directa entre Vásquez Velásquez y Arlén Uribe, un parlamentario antioqueño asesinado el 19 de septiembre de 1994. ¿Por qué los investigadores querían probar ese nexo? Por la sencilla razón de que el Procurador, en su primera declaración ante la Corte Suprema de Justicia en octubre de 1995, aseguró que su grupo político nada tenía que ver con el de Arlén Uribe y que por lo tanto no era responsable del ingreso del dinero del cartel de Cali a esa organización política, como lo había señalado Pallomari.
Los investigadores de la Unidad de Fiscales ante la Corte encontraron múltiples pruebas que demostraban la alianza política que existía entre Vásquez y Uribe. Una de las testigos que colaboró en la investigación dijo que con un cheque de Exportcafé, procedente de Cali, fue abierta una cuenta de ahorros con 20 millones de pesos, y que con ese dinero pocos días después fueron compradas camisetas que tenían impresas la fotografía de Vásquez y de Uribe como candidatos al Senado y a la Cámara respectivamente. Tanto las camisetas como varias fotos de los dos políticos en campaña fueron halladas en las diferentes inspecciones que se realizaron en Medellín.
Otra persona que corroboró la alianza política de Vásquez y Uribe fue Justo Pastor Guarín, un acaudalado hombre de negocios de Antioquia, propietario de una empresa comercializadora de espumas y uno de los principales benefactores del grupo político de Vásquez y Uribe. Los investigadores de la Fiscalía llegaron a este empresario después de revisar los movimientos de una de las cuentas utilizadas para el recaudo de fondos para la campaña política de 1994 del hoy ex procurador.Cuando los fiscales decidieron indagar a Guarín fueron muchas las cosas nuevas que encontraron. Primero, que este empresario antioqueño tenía credenciales que lo identificaban como cónsul ad honorem de Corea en Colombia. Frente a esta situación, con un testigo que tenía rango diplomático, los investigadores creyeron que les iba a ser imposible indagarlo para precisar el porqué de sus donaciones. Sin embargo Guarín les manifestó que estaba dispuesto a colaborar y que renunciaba a su fuero diplomático. El industrial les contó a los investigadores que ese cargo consular lo había obtenido por intermedio de Orlando Vásquez Velásquez. A renglón seguido agregó que desde hacía varios años colaboraba con el movimiento de Vásquez, del cual también hacía parte Arlén Uribe. Guarín confesó a los fiscales que sus contribuciones con ese grupo partidista databan de hacía varios años y que en 1990 participó en una de las listas que llevó a Vásquez al Senado de la República y a Uribe a la Cámara de Representantes. En la diligencia, Guarín dijo que cuando faltaban cuatro meses para finalizar ese período legislativo ocupó la curul de Vásquez como senador.Cuando los investigadores le preguntaron por la contribución respondió que efectivamente había donado ese dinero para el movimiento político de Vásquez y Uribe, como lo había hecho en años anteriores. Así como Justo Pastor Guarín, fueron muchos los testigos que confirmaron que entre Vásquez y Uribe siempre existió una alianza política que terminó por convertirse en uno de los feudos liberales más importantes en Antioquia.
Para la Unidad de Fiscales ante la Corte uno de los aspectos más importantes de las indagaciones era establecer la realidad de los posibles aportes del cartel de Cali al movimiento liderado por Vásquez. Pero los investigadores también le dedicaron mucho tiempo a otro tema, igualmente mencionado por Pallomari, relacionado con el hospedaje de Orlando Vásquez en el Hotel Inter-Continental de Cali. Los fiscales establecieron que efectivamente la estadía fue pagada por Inversiones Ara, una empresa de los hermanos Rodríguez Orejuela. En lo referente a las conferencias en la Universidad Santiago de Cali, que habrían motivado la visita de Vásquez a Cali en 1993, los fiscales establecieron que nunca se llevaron a cabo y que la certificación presentada por el procurador a la Corte, con la cual pretendió justificar su viaje a la capital del Valle, resultó falsa.la entregaEl viernes pasado comenzó a escribirse el epílogo de esta novela de suspenso que mantuvo en vilo al país durante más de seis meses. Temprano en la mañana, Orlando Vásquez buscó al director de la Policía Metropolitana de Bogotá para cumplir con la decisión judicial que ordenó su captura. Pidió que el procedimiento fuera hecho de manera discreta y, mientras centenares de periodistas lo esperaban en una estación de Policía, el ex procurador ingresaba a la escuela del DAS al norte de Bogotá. Desde su reclusión Vásquez dio a conocer un dramático comunicado en el cual, al referirse a la delicada enfermedad que lo aquejó a mediados del 95, aseguró: "...en la sala de cirugía, no se me dio el beneficio de haber pasado a mejor vida. Si el destino me hubiera deparado esa suerte, no habría transitado esta dura pena, tan injusta, ni causado tanto dolor a mis seres queridos...". Por su parte, su abogado dijo que el jefe del Ministerio Público era inocente y que no se le había respetado el derecho a la defensa.Con la detención de Orlando Vásquez no parecen terminar las épocas difíciles de la Procuraduría General de la Nación. Las riendas fueron tomadas por el viceprocurador Luis Eduardo Montoya, que al igual que otros altos funcionarios de esa institución afronta investigaciones que ponen en peligro su permanencia en el cargo (ver cuadro). El Senado tendrá que asumir en un futuro muy cercano el reto de elegir un funcionario de cinco en conducta en reemplazo del saliente procurador. La terna para designarlo le dará la oportunidad al Consejo de Estado de reivindicarse cuando deba escoger su candidato, pues en la pasada elección su nominado fue Orlando Vásquez, y por lo visto no fue la mejor selección. Otro de los candidatos para la terna será postulado por el Presidente de la República, quien tendrá los ojos de todo el país encima y deberá cerciorarse de elegir a un jurista que garantice la imparcialidad y objetividad en la vigilancia del proceso 8.000. El último candidato será señalado por la Corte Suprema, que hoy por hoy se ha ganado la confianza de los colombianos por su firmeza en las decisiones adoptadas dentro de las investigaciones adelantadas contra la corrupción política. De esa terna saldrá el nuevo procurador, cuya principal misión será despertar al Ministerio Público de la pesadilla que está viviendo.

EL ROBO DE LA INDAGATORIA
Ya está claro cómo fue que se filtó la explosiva declaración de Santiago Medina y quiénes fueron los culpables.

UNO DE los episodios que puso contra la pared a Orlando Vásquez Velásquez ocurrió el 28 de julio del año pasado, cuando Santiago Medina decidió contar lo que según él era la verdad de lo que había ocurrido en la campaña presidencial. Ese día, por espacio de 11 horas, el ex tesorero rindió indagatoria ante un fiscal sin rostro, cuya diligencia fue asistida por un agente del Ministerio Público, identificado con el código MJEF, cuyo nombre no puede ser revelado por razones legales. Las explosivas declaraciones de Medina dieron lugar para que tres días después, el primero de agosto, los ministros de Gobierno, Horacio Serpa Uribe y de Defensa, Fernando Botero, dieran una rueda de prensa en la que pretendieron desvirtuar las afirmaciones del ex tesorero de la campaña presidencial.
La rueda de prensa fue un desastre para el gobierno porque los ministros no supieron contestar una pregunta de un periodista sobre cómo habían obtenido un resumen de la indagatoria, violando la reserva sumarial. Después de muchos ires y venires sobre el tema, ya hay claridad en que quienes le entregaron el resumen de la indagatoria al gobierno fueron el procurador Orlando Vásquez y su delegado para el Ministerio Público, José Hugo Valdés. Contra éste último funcionario el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento consistente en caución.
SEMANA obtuvo los detalles completos que rodearon el incidente. Ese día, viernes 28 de julio, el agente especial de la Procuraduría MJEF tomó apuntes en su libreta personal de los principales apartes del relato hecho por Santiago Medina. Según la investigación, al día siguiente MJEF fue visitado en su casa por un funcionario del Ministerio Público que le comunicó que lo necesitaban urgentemente en el despacho de Valdés. MJEF se negó a asistir a la reunión tras aducir que había tenido una larga jornada de trabajo el día anterior y accedió a entregar la libreta con los apuntes de la indagatoria.
Cuando Valdés recibió el manuscrito, lo remitió directamente a una casa de descanso en el condominio El Peñón donde se encontraba Orlando Vásquez, convaleciente de una operación de apendicitis. Al día siguiente, domingo 30 de julio, Vásquez, por intermedio de un mensajero, le hizo llegar al gobierno las notas de MJEF. Esa tarde el manuscrito llegó a la hacienda presidencial Hatogrande donde se encontraban reunidos Ernesto Samper, Horacio Serpa, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Turbay, Rodrigo Pardo, Antonio José Cancino y José Antonio Vargas.
Producido el escándalo de la rueda de prensa, dos días más tarde los ministros Serpa y Botero fueron denunciados por violación de documentos reservados. Cuando Horacio Serpa rindió una versión libre ante la Unidad de Fiscales sobre el tema, aportó la agenda original de los apuntes tomados por MJEF y alegó que había llegado a sus manos de manera anónima. En una diligencia posterior también ante la Corte, MJEF reconoció que esos eran sus apuntes de puño y letra y que los había entregado al funcionario enviado por Valdés.