Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1998/10/05 00:00

LA HORA FINAL

Con la recusación de uno de los magistrados de la Corte Constitucional el fallo sobre la extradición podría quedar en manos de un conjuez.

LA HORA FINAL

A pocos dias de que se cumplan los términos para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el acto legislativo que revivió la extradición de nacionales sin retroactividad _aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado_ el tema sigue sin generar consenso en el alto Tribunal y todo hace pensar que, lejos de definirse, el asunto podría complicarse aún más.
La semana pasada quedó sobre el tapete la posible recusación contra el magistrado Alejandro Martínez Caballero. Este último, en declaraciones al diario El Tiempo, afirmó que es necesario "renegociar el tratado con Estados Unidos". Y que, "hay que hacerlo bajo la Constitución del 91 y tramitar las reformas internas para que ese tratado entre al derecho colombiano como norma".
Las afirmaciones de Martínez cayeron como un baldado de agua fría ante sus colegas de la Corte, puesto que se había acordado no referirse al tema públicamente para evitar que se generaran suspicacias que llevaran a los magistrados a tener que declararse impedidos a la hora de la votación. El primero en responder a Martínez fue el propio presidente de la Corte, Vladimiro Naranjo, quien afirmó que las declaraciones de su colega podrían originar un eventual impedimento del jurista para intervenir en el fallo definitivo.
La polémica por las declaraciones de Martínez distrajo la atención de los magistrados puesto que ahora la Corte Constitucional deberá evacuar primero la posible recusación en contra de Martínez y luego entrar a discutir el fallo sobre la Ley de Extradición. En caso de que la recusación contra Martínez Caballero prospere el máximo Tribunal deberá nombrar a un conjuez para que sea éste quien incline la balanza en favor de una de las partes.
En la actualidad, cinco de los magistrados respaldan la extradición sin retroactividad _incluido Martínez_ y cuatro consideran que hubo vicios de procedimiento y que por lo tanto el acto legislativo debe ser devuelto al Congreso para que cumpla con los requisitos de ley. De allí la importancia de la persona que sea nombrada como conjuez en caso de prosperar la recusación.
De acuerdo con informaciones obtenidas por SEMANA, existen dos inconvenientes para que el acto legislativo encuadre en los preceptos jurídicos que debe considerar la Corte para declarar su exequibilidad. El más importante tiene que ver con el hecho de que el trámite no cumplió con los ocho debates reglamentarios en el Congreso, con lo cual podría ser declarado inexequible por vicios de forma.
El otro obstáculo que podría llevar a la Corte Constitucional a declarar inexequible el acto legislativo es que durante el primer debate, en la comisión primera de la Cámara, dicho acto fue votado de forma negativa y no había razón alguna para que fuera revivido en el segundo debate y mucho menos para que se votara de manera afirmativa. Este también es un vicio de forma. Por ello hay quienes sostienen que el trámite del acto legislativo no sólo violó la Constitución, sino el propio reglamento interno del Congreso, que establece que al ser rechazado un proyecto no puede seguir su curso normal hacia otras instancias.
En otras palabras, los vicios en el trámite de la ley en el Congreso de la República llevarían a la Corte a no fallar acerca de la retroactividad de la norma, sino de la forma como se cumplieron todos los requisitos durante su gestación.
Pero sea cual sea el resultado final, lo cierto es que de la decisión que tome la Corte depende no sólo el futuro constitucional de la norma sino las relaciones con Estados Unidos, cuyo gobierno sigue apostando a la extradición de los principales capos del narcotráfico, entre ellos los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Y esa decisión, paradójicamente, podría estar en manos de un conjuez, a quien nadie conoce y del que nadie sabe cuál será su posición.

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