La hora de la reparación

En marzo de 1999 el jefe paramilitar Carlos Castaño anunció públicamente que se tomaría el Catatumbo, y en particular, la región de La Gabarra. Sus palabras llenaron de zozobra a los habitantes de esta zona fronteriza de Norte de Santander, donde prosperaban los cultivos de coca. La Gabarra, una remota zona selvática, había sido controlada a finales de los años 80 por el ELN, pero a medida que crecieron los cultivos ilícitos, las Farc se fueron posesionando del territorio y del negocio de la droga. Idénticos planes tenían las AUC, que veían en la estratégica ubicación de La Gabarra una oportunidad para sus actividades ilícitas.

Castaño cumplió su promesa. Durante los meses que siguieron, los crímenes no cesaron. Pero el 21 de agosto los paramilitares hicieron un recorrido de varios días que cambiaría la historia de la región. Asesinaron con sevicia a 27 campesinos y obligaron al desplazamiento de por lo menos 3.000 personas. Las imágenes de dolor y de horror le dieron la vuelta al mundo y desde ese mismo momento se elevaron voces que señalaban a la Policía y al Ejército como cómplices de la masacre. No sólo por omisión sino porque estos actos de violencia se planearon y ejecutaron a pocos kilómetros de las guarniciones militares sin que la Fuerza Pública actuara. Poco después, La Gabarra estaba bajo el dominio paramilitar.

Varios oficiales de la Fuerza Pública fueron vinculados a la investigación de los organismos de justicia. Al final, sólo un capitán del Ejército, Fernando Campuzano, fue llamado a juicio y, apenas este año, suspendido durante 80 días, porque, según dijo la Procuraduría, "por espacio de ocho horas no llevó a cabo ninguna acción encaminada a perseguir a los homicidas, ni a prestar auxilio a la comunidad, a pesar de que las hostilidades habían culminado y que era evidente que se había presentado una acción armada en el caserío".

Cuando la sombra de la impunidad parecía cernirse sobre sus vidas, el Tribunal Superior de Cundinamarca emitió esta semana un fallo que alivia en parte el sufrimiento de quienes sobrevivieron a ese infierno. En un fallo sin precedentes, el Tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa pagarle 44.750 millones de pesos a 120 personas de La Gabarra. En la ponencia, presentada por la magistrada Myriam Guerrero, los jueces consideran que hubo una falla en el servicio de los miembros del Ejército y la Policía que conociendo de antemano los planes de Carlos Castaño, no hicieron nada para evitarlos.

Este fallo es el segundo en lo que va corrido del año que obliga al Estado colombiano a reparar el daño que ocasionaron grupos de autodefensas. En julio pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se les pagaran 16.000 millones de pesos a los familiares de 19 comerciantes asesinados por los paramilitares del Magdalena Medio en 1987. En ambos casos la conducta de la Fuerza Pública ha resultado ser cómplice de los asesinos.

El fallo sobre La Gabarra resulta trascendental también porque demuestra que aunque cojea, la justicia a veces llega. Y que en la reparación del daño que han vivido las víctimas de los grupos armados, el Estado tendrá que pagar más de una vez. Por omisión y por indolencia.