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| 2/6/2005 12:00:00 AM

La hora de la verdad

Después de dos años de gestos, el proceso de negociación con los paras deberá abocar el espinoso tema de las condiciones de desmovilización de los paras

Más que una anécdota insólita, la reciente salida de casillas del consejero presidencial Luis Carlos Restrepo en entrevistas para varios medios es una elocuente muestra del alto grado de dificultad que envuelve al proceso de negociación con los paramilitares. Restrepo, quien normalmente es parco y ecuánime, sorprendió a los oyentes con vociferaciones salidas de tono, poco conocidas en él. Y nada menos que contra congresistas tan aliados del gobierno como el senador Rafael Pardo Rueda y la representante Gina Parody.

Todavía más llamativo fue el contenido de sus declaraciones. Insinuó que el grupo de congresistas que durante meses concertó con el gobierno la redacción de un proyecto de ley para fijar las reglas de juego para la desmovilización de los paras había propiciado el rompimiento, en vísperas de la reunión de representantes de la comunidad internacional en Cartagena, con el objetivo explícito de generarle una crisis. Calificó también de cómoda la posición de estos parlamentarios, e insinuó que habían sido artífices de los duros editoriales que publicaron, justamente en vísperas del crucial encuentro internacional, The New York Times y Chicago Tribune, con cuestionamientos de fondo sobre la manera como se está conduciendo el proceso.

La guerra fría en las más altas esferas del uribismo tiene que ver con el cuello de botella por el que tiene que atravesar la negociación con los paras. Las diferencias entre los proyectos de ley de verdad, justicia y reparación que defiende Restrepo, y el que promueven Pardo, Parody, Wilson Borja y Luis Fernando Velasco, entre otros (ver recuadro), reflejan las necesidades de dos audiencias tan disímiles como la comunidad internacional y el grupo de negociadores en Santa Fe de Ralito.

Aunque la polémica se plantea con frecuencia en el plano moral o ideológico, la verdad es que tiene connotaciones muy prácticas. La visión de Pardo y compañía, más dura, refleja un entorno internacional en el que imperan concepciones propias de la globalización como la justicia mundial y la Corte Penal Internacional. Un entorno que deja un espacio muy reducido, mucho más estrecho que el de otras épocas, para aplicar las dosis de impunidad que siempre han tenido los procesos de paz entre estados y grupos ilegales armados. Y que no olvidará fácilmente los crímenes atroces cometidos por las autodefensas, ni se hará el de la vista gorda hacia sus estructurales vínculos con el narcotráfico.

En la otra esquina Restrepo, cuyo cargo lo obliga a mantener un contacto permanente con toda la cúpula paramilitar, busca condiciones que hagan factible la negociación. Y no se puede perder de vista que los comandantes de las AUC tienen expectativas de no pagar cárcel y poseen una fuerte capacidad de negociación derivada de una fuerza militar de más de 15.000 combatientes y una evidente influencia en varios departamentos y municipios, y hasta en el Congreso mismo. Aunque desde una posición de principios cueste trabajo aceptarlo, lo cierto es que el establecimiento de altas penas carcelarias para los paras que se desmovilicen prácticamente equivale a renunciar a la negociación.

Las diferencias no son nuevas. Pero no se habían hecho evidentes, porque hasta ahora el gobierno le había apostado a la riesgosa estrategia de exigir y hacer gestos que cultivaran la confianza entre las partes y para aclimatar el proceso en la opinión pública (y en Washington). La extensa serie de miembros de las AUC que entregaban fusiles, y la desmovilización de 3.000 combatientes debían actuar como capital sobre el cual se podría girar a la hora de aceptar las exigencias de los paras para ingresar a la vida legal sin mucho castigo y con la posibilidad de trabajar por su proyecto político.

Los gestos no fueron pocos: cese de hostilidades, que el gobierno defiende como un logro a pesar de que ha sido violado en forma sistemática, y entrega de armas que en materia de fusiles y pertrechos equivalen a todo el armamento de una brigada de las Fuerzas Armadas. El gobierno, por su parte, ha mantenido la zona desmilitarizada de Santa Fe de Ralito, autorizó a Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza para hablar en el Congreso, y suspendió las órdenes de captura de los jefes paramilitares, incluida la solicitud de extradición que pesa sobre Mancuso.

Durante dos años, el controvertido proceso había sobrevivido gracias a estas señales positivas de ambas partes. Sin embargo, la estrategia implicaba en el fondo posponer la discusión de los temas conflictivos: los que definen las condiciones de castigo, confesión y devolución de bienes adquiridos ilegalmente, bajo las cuales se consolidará el ingreso de los paras a la institucionalidad. Y eso fue lo que estalló esta semana, cuando saltó el tapón que tenía represado el debate sobre el marco jurídico. Un asunto tan complejo, que ya se han presentado al Congreso cuatro proyectos: el que impone condiciones más severas, de Piedad Córdoba; el más blando, de Carlos Moreno de Caro; los de los congresistas uribistas y el del gobierno, que poco a poco han llegado a parecerse; y se anuncia otro más, del Partido Conservador.

La próxima semana, cuando el Congreso celebrará a sesiones extraordinarias para tratar tres proyectos, uno de los cuales será el de verdad; justicia y reparación, se iniciará el difícil debate. Por la atención que ha suscitado y la inclinación mediática de sus gestores, el proyecto de Parody, Pardo, Velasco y Borja será el punto de partida. En una columna publicada en El Tiempo, el senador Pardo sostuvo que no se debe confundir la desmovilización de los jefes paramilitares con el desmonte del fenómeno paramilitar. De ahí el peso que le atribuye su iniciativa a la confesión que hagan los miembros de las autodefensas sobre los crímenes cometidos y los bienes que adquirieron con sus actividades ilícitas. Lo cual se considera condición necesaria para evitar que estos grupos sigan funcionando como mafias locales que compran el poder político de las regiones, no con armas, sino con sus inmensas fortunas.

Una larga concertación

La historia de encuentros y diferencias entre el grupo de congresistas uribistas y el gobierno es larga. La última versión, después de que durante 2004 se hicieron audiencias públicas en el Congreso, y se consultaron expertos y ONG internacionales, comenzó a cocinarse en la última semana de diciembre. Velasco, Pardo y Parody acordaron con el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, que no radicarían el proyecto y el gobierno lideraría la conciliación durante el receso legislativo.

Pero todo se complicó. Enero terminó sin ningún acuerdo. El gobierno delegó la concertación en el secretario jurídico de la Presidencia, Camilo Ospina, y al viceministro de Justicia, Mario Iguarán, quienes siempre hicieron saber que los acuerdos no eran definitivos hasta que el Ministro no diera el visto bueno. Y, con frecuencia, cuando se surtía esta instancia se desbarataba lo que se había pactado inicialmente.

El lunes pasado el senador Pardo se reunió con Pretelt y le expresó su cansancio de asistir a reuniones sin obtener resultados concretos, y le pidió que lo dejara a él y a sus colegas radicar el proyecto tal y como estaba. Pero al día siguiente los voceros de los congresistas y del gobierno trabajaron hasta altas horas de la noche y produjeron un texto que incorporaba el 90 por ciento del articulado propuesto inicialmente por los parlamentarios.

Sin embargo, el miércoles en la mañana Pretelt anunció en una entrevista radial que presentaría al día siguiente, en la mesa internacional de donantes que estaba reunida en Cartagena, el proyecto conciliado. Y agregó que éste incluiría elementos de las otras iniciativas que circulan en el Congreso. Estas afirmaciones inquietaron a Pardo y sus compañeros, quienes intentaron durante todo el día hablar con el Ministro, y decidieron radicar el proyecto el jueves, a la misma hora en que Pretelt estaba exponiendo en Cartagena el proyecto gubernamental. Lo paradójico es que la propuesta del gobierno, que será radicada este martes, es casi idéntica a la de los congresistas uribistas. Pero carece de los respaldos clave que tiene el proyecto de Pardo, como sectores políticos liberales y de izquierda, y el visto bueno de influyentes organizaciones de Estados Unidos como Human Rights Watch.

¿Son posibles los acuerdos?

A pesar de que la controversia es difícil y las posiciones están radicalizadas, hay puntos de posible acercamiento. Los proyectos que minimizan la cárcel para los paramilitares desmovilizados necesitan legitimarse. Para lograr la aceptación de la comunidad internacional, la tolerancia de la opinión pública y el respaldo parlamentario, deberán incluir fórmulas de castigo. Las concesiones que haga el gobierno en este frente necesitarán compensaciones significativas en los de entrega de bienes y confesión. Y los que provienen de la línea dura no pueden desconocer que un proceso de negociación no funciona sobre la base de que el final de los ex combatientes será la cárcel o la extradición. De hecho, hay paras que quieren sólidas pruebas de que no habrá extradición.

La misma pelea se está dando en dos escenarios distintos y separados: el Congreso y Santa Fe de Ralito. Aunque en el primero hay influencia de las AUC y representantes de localidades donde han actuado los paras, también hay grupos que actuarán con la mente puesta en las ONG y en la comunidad internacional. Pardo, Velasco y Parody además han demostrado que la línea dura es rentable frente al esquivo electorado de opinión que el año entrante definirá quién se queda y quién se va del Congreso. En cambio, en las discusiones de Ralito los comandantes estarán presionando, cara a cara con Luis Carlos Restrepo, condiciones óptimas para su vinculación a la vida legal.

En el escenario, en fin, hay muchos elementos que invitan al pesimismo y hacen pensar que no hay salida posible. Al mismo tiempo hay un hecho que permite cultivar una dosis de optimismo moderado: los paramilitares están ansiosos de dejar las armas y -a diferencia de lo que hicieron las Farc en al Caguán- no están dispuestos a dejar la mesa y volver al monte. El proyecto de las AUC además está agotado. Y la opinión pública no desea un paso atrás, para que los desmovilizados y sus jefes vuelvan a tomar las armas. ¿Bastará este elemento para contrarrestar todas las otras dificultades? Esa es la gran pregunta que el Congreso y la mesa de Ralito responderán durante los próximos meses.
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