“La impunidad no es un mensaje correcto para la paz”

Era de esperarse que a la reforma que amplió el Fuero Militar le comenzaran a llover demandas. Su debate en el Congreso fue uno de los más polarizados y observados internacionalmente por organizaciones de derechos humanos.

Este martes los representantes a la Cámara Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela Robledo, Gloria Ramírez, Guillermo Rivera; los abogados Ramiro Bejarano y Santiago Medina, y las ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas demandaron la reforma que amplió el fuero penal militar.

En su criterio, el trámite de la reforma violó varios principios constitucionales. Este es el primer paso en aras de tumbar el Acto Legislativo, según el cual la justicia castrense será la encargada de comenzar las investigaciones de los posibles delitos cometidos por militares en combate. Según esa reforma, todas las violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), con excepción de siete delitos, serán competencia de los jueces uniformados. Hasta ahora, todos los casos que no estuvieran directamente relacionados con el servicio militar estaban en manos de la Fiscalía y de jueces ordinarios.

SEMANA entrevistó al representante Iván Cepeda, del Polo, quien integra la Comisión de Paz de la Cámara y hace parte de los demandantes. En su criterio, el fuero militar “prácticamente elimina el derecho a la justicia”.

SEMANA: ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a demandar el fuero militar?

Iván Cepeda: Tenemos muchas, pero en esta oportunidad hemos decidido actuar ante la Corte señalando los vicios de procedimiento en la formación del Acto Legislativo que amplió el fuero militar en Colombia. Hemos señalado cinco vicios, y otros en la unidad materia. Por ejemplo: en una de las sesiones se abrió el registro de la sesión plenaria y a la vez se estaba discutiendo en la Comisión Primera el acto legislativo. Según las leyes de funcionamiento del Congreso, no pueden sesionar de manera paralela y simultánea la plenaria y las comisiones constitucionales. Eso por sí solo es un vicio insubsanable.

SEMANA: ¿Vendrán más demandas?

I.C.: Vamos a preparar otra en relación con el fondo del acto legislativo. Los demandantes seremos muchos más.

SEMANA: ¿Cree usted que se podría argumentar que la reforma remplaza la Constitución?

I.C.: Sí. En una reciente jurisprudencia la Corte ha dicho que algunas reformas que tocan principios básicos de la Constitución de 1991 podrían sustituirla o distorsionarla. Estamos convencidos de que esta reforma toca asuntos esenciales de la Carta… Lo importante es que los órganos de derechos humanos que tienen autoridad y que ejercen observación y control sobre los tratados internacionales a los que Colombia adhirió han señalado que la ampliación del fuero riñe con normas esenciales del DIH y del Derecho Humanitario. En esta oportunidad un número significativo de relatores temáticos se pronunciaron conjuntamente sobre las inconveniencias de la reforma para los Derechos Humanos.

SEMANA: En su criterio, ¿cuál es la afrenta de esta reforma a las víctimas?

I.C.: Prácticamente elimina el derecho a la justicia porque un tribunal militar no es el indicado para juzgar hechos que atañen a miembros de la fuerza pública. Dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos constituye un riesgo para un país en guerra. Para nosotros el fuero no debe ser tocado, sino mantenido en el espíritu que existe.

SEMANA: ¿Qué piensa de que el fuero hubiera sido discutido en medio de un proceso de paz en ciernes?

I.C.: Eso muestra su inconveniencia política porque si se busca finalizar el conflicto y se quiere llegar a un cese de hostilidades, que desaparezcan los crímenes de guerra y los delitos lesa humanidad, no es posible que se haga una legislación, o peor, un cambio en la Carta que abra la puerta a estas violaciones y deje por fuera la justica. La impunidad no es un mensaje correcto para estimular la paz.

SEMANA: ¿Cómo vio la defensa del Estado que hizo Rafael Nieto en la CIDH, en la que dice que no hay evidencia de que en el Palacio de Justicia hubo desaparecidos?

I.C.: Habría que aconsejarles a quienes han acometido esas defensas entre comillas, que lean las sentencias de la justicia colombiana. No puede ser que lleguen a una corte internacional desconociendo lo que ya ha dicho la justicia. Con ideología no se puede ir a un tribunal.

SEMANA: ¿Y cuál es su opinión frente a las propuestas de exguerrilleros que piden amnistía también para los militares involucrados en casos como el del Palacio de Justicia?

I.C.: Hay que esclarecer plenamente esos hechos. Hay que asumir las responsabilidades. No se puede ofrecer amnistía de manera gratuita sin que haya procesos de justicia de por medio. Tiene que haber juicios y esclarecimiento de responsabilidades. La sociedad colombiana tiene que saber cómo se produjeron las desapariciones del Palacio y quienes tengan que asumir responsabilidad política deben hacerlo.

SEMANA: Ahora cuando el gobierno y las FARC discuten en la Habana, ¿cuál es su expectativa en materia de reconocimiento de las víctimas del conflicto?

I.C.: Lo mínimo que espero es que haya una comisión de la verdad con amplios poderes y facultades que sea instancia que provea de información a la Justicia para el esclarecimiento de 50 años de horrores que haya un instrumento de esclarecimiento y reconciliación.