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Juan Luis Font, de 'El Periódico', de Guatemala. | Foto: Mario Niño / SEMANA

CONFERENCIA COLPIN

La investigación de la actuación pública, otro tema analizado en COLPIN

Este domingo el panel de COLPIN 2012 trató sobre las investigaciones que se refieren a la actuación de los funcionarios estatales y los trabajos periodísticos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

14 de octubre de 2012

Este domingo el panel de COLPIN 2012 trató sobre las investigaciones de la actuación de los funcionarios estatales. Los invitados fueron los periodistas Christopher Acosta, de INFOS, de Perú, Janeth Hinostroza, de Teleamazonas, de Ecuador e Iván Ruiz, del diario La Nación, de Argentina.

En el caso de Acosta, la investigación que adelantó en el municipio peruano de Trujillo, llevó a develar la forma irregular como el alcalde de esa ciudad asignó las subvenciones sociales del erario público. “Nos preguntamos: ¿A dónde se estaba yendo el dinero? Cruzamos datos de destinatarios y afiliados del partido del alcalde y descubrimos que eran más del 35 por ciento los ‘beneficiados’ y que, además, tenían los montos más altos”, señaló Acosta en su presentación.

Para Jineth Hinostroza, quien presentó en el canal Teleamazonas la investigación sobre los extraños préstamos del gobierno de Rafael Correa al argentino Gastón Duzac en Ecuador. Se refirió, además, a las dificultades para descubrir y recabar los datos necesarios debido a la “persecución” que realiza el actual gobierno ecuatoriano a los periodistas.

“Nos aseguramos de tener toda la documentación, porque en Ecuador por cualquier cosa nos enjuician (…) luego de sacar la nota al aire recibí amenazas que me obligaron a salir del medio donde trabajaba”, añadió Hinostroza. También se refirió a que el gobierno de su país “se declara como adalid de la libertad de expresión en el caso de Julian Assange en la embajada en Londres, mientras los periodistas en Ecuador somos enjuiciados o acallados”.

La tercera investigación presentada fue la dirigida por Iván Ruiz, del periódico La Nación, de Argentina, que descubrió los sobrecostos y las irregularidades de una empresa británica contratada por la Secretaría de Transporte de Buenos Aires para operar la tarjeta inteligente para el transporte público SUBE.

Según la investigación, el Gobierno argentino “pagó más de 17 millones de dólares al concesionario, pero la tarjeta tuvo muchas fallas, además, se descubrió que la Secretaría de Transporte pagaba sueldos de hasta dos millones de dólares y que se escogió la propuesta más cara para la supervisión de la tarjeta inteligente SUBE”, señaló Ruiz en su exposición.

Añadió que “al buscar la sede de la empresa inglesa que debía hacer la auditoría, nos dimos cuenta que allí no había rastro de la empresa y que, en cambio, funcionaba una peluquería”.

Las investigaciones sobre el crimen organizado y el narcotráfico

Para este panel, los invitados fueron Sergio Arauz, de El Faro, de El Salvador, Juan Luis Font, de El Periódico, de Guatemala, y Gustavo Villarrubia, del CIPER, de Chile. Los tres asistentes coincidieron en que las investigaciones sobre las bandas de criminales organizadas son las más difíciles y peligrosas de llevar en el periodismo en América Latina.

Arauz presentó cómo un pequeño grupo de investigadores lograron revelar “una estructura criminal que llevaba operando más de diez años y que a pesar que ya era conocida por el gobierno y por los políticos, nosotros logramos desnudarla para el resto de la sociedad”.

Por su parte, Juan Luis Font mostró su investigación sobre la presencia del cartel mexicano de 'Los Zetas' en Guatemala, añadió que aunque había “mucho miedo por las represalias” se logró, por medio de una “gran cantidad de fuentes” mostrar las redes de apoyo que esa organización criminal tiene en el país centroamericano. También agradeció a la inteligencia de México por su “fundamental ayuda en la recolección de los datos”.

Cerrando el panel, el chileno Villarrubia presentó la investigación sobre ‘Los narcos de La Legua’, una localidad de la capital chilena, “a unas cuadras de La Moneda, el palacio de Gobierno”, donde “todos saben que expenden drogas, pero nadie habla del tema”, señaló Villarrubia.

“Una de las características de esta zona de microtráfico era que muchas vendedoras de droga eran mujeres, pues sus maridos estaban presos”, agregó el periodista chileno, quien consideró que “los gobiernos tratan de invisibilizar los lugares donde se sabe que se comercializan las drogas ilícitas.