La investigación que le archivaron al registrador

El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, ahora podrá tener la tranquilidad de que no será llevado ante los estrados judiciales. La Fiscalía decidió cerrarle la investigación que le adelantaba por los supuestos delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, concusión y alteración de resultados electorales.

La entidad asegura en su decisión que no se encontraron méritos para continuar con la indagación, en torno a las supuestas irregularidades que se pudieron presentar durante las inscripciones para las elecciones a la Alcaldía de Cali en el periodo 2012- 2015.

A cargo de la investigación del registrador, se encontraba la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, quien en un documento de 32 páginas hace un resumen de los hechos de los cuales se deprendió el proceso y las razones que la llevaron a tomar la determinación de cerrarla. 

En su momento fue el fiscal 95 Seccional de la Unidad Administración Pública quien pidió que se investigara al registrador porque presuntamente habría incurrido en irregularidades durante el proceso de inscripción a la candidatura a la alcaldía de Susana Correa y Rodrigo Guerrero. 

Esto en relación con la supuesta exigencia de 40 millones de pesos y 200 millones de pesos, de Correa y Guerrero respectivamente, a través de sus asesores, para corregir los errores en las firmas presentadas ante la entidad. 

Sobre los hechos, la Fiscalía expresó que no se hallaron elementos para establecer la existencia de una conducta ilícita aunque aclaró que de encontrarse algún elemento probatorio que comprometa al funcionario, la indagación podrá reanudarse siempre y cuando no haya prescrito.  

Para la época de los hechos, el propio presidente Juan Manuel Santos se refirió al tema. En un comunicado de prensa el mandatario dio a conocer las supuestas irregularidades, hecho que provocó el comienzo de las indagaciones. 

De la investigación también hacía parte la denuncia interpuesta el 4 de octubre del 2011 por el senador Alexander López en contra de Rodrigo Guerrero, entonces aspirante a la Alcaldía de Cali, y del registrador. El congresista señaló que este último modificó una ley para beneficiar al candidato al emitir la resolución 7441 del 25 de agosto del 2011, que derogó los artículos 52 y 62. Estos establecían las técnicas de muestreo para la revisión de apoyos de las candidaturas por grupos significativos de ciudadanos. 

Pero el hecho fue desestimado por la Fiscalía por considerar que la acción no fue contraria de la ley. La entidad estimó que la decisión no tenía como destinatarios exclusivamente al aspirante a la Alcaldía de Cali. "No puede advertir la Fiscalía que existe una manifiesta contrariedad entre los decidido por el Registrador Nacional y la ley".