"La izquierda busca el centro"

No es raro que la izquierda se pronuncie sobre el acontecer nacional. Sin embargo es revolucionario que las ONG de derechos humanos y paz, líderes políticos y los sindicatos se unan para rechazar de plano la violencia como forma de lucha, para decir que la guerrilla comete crímenes de lesa humanidad y para proponer fórmulas de seguridad alternas a las del presidente Alvaro Uribe. SEMANA habló con Daniel García-Peña sobre Confluencia por la democracia y contra la guerra, una iniciativa lanzada la semana pasada para convocar a los que rechazan a las Farc pero tampoco se identifican con la política de mano dura de este gobierno. SEMANA: ¿Qué es lo revolucionario de Confluencia? Daniel Garcia-Peña: Es la izquierda buscando el centro. La izquierda normalmente dice que la democracia actual defiende un Estado burgués que hay que acabar. Nosotros creemos que hay que defender los avances logrados con la Constitución de 1991, que están en peligro de perderse. Esto tradicionalmente ha sido interpretado como una traición a las viejas tesis revolucionarias. La otra ruptura es rechazar la violencia como instrumento político. Eso no fue fácil para personas que durante años pensaron que la lucha armada se justificaba para lograr los cambios estructurales. Eso es muy significativo. SEMANA: ¿Cómo fue el proceso para ponerse de acuerdo? D.G-P.: Fue largo. La iniciativa surge de la Comisión Colombiana de Juristas y duramos seis meses de discusiones fuertes para llegar a esta carta de principios. SEMANA: ¿Cómo van a hacer para que Confluencia no se agote en esta declaración como otras iniciativas? D.G-P.: El riesgo existe. Venimos de una cultura contestataria que está acostumbrada a decir no a todo, abajo todo, a sólo criticar las políticas existentes. La Confluencia nace con la idea de ser propositivos. Otro de los grandes problemas de la cultura de izquierda es que siempre se ve en la oposición y no como alternativa de poder. Por eso creamos una secretaría técnica, encargada de dar una orientación general, y tres mesas de trabajo, que buscan proponer acciones concretas para hacer lobby en el Congreso, para lanzar campañas de opinión pública, para crear conciencia. SEMANA: ¿Cuál es el siguiente paso? D.G-P.: Luchar por un acuerdo humanitario y contra el estatuto antiterrorista. SEMANA: ¿Será que Confluencia es la plataforma de lanzamiento de la campaña de Lucho Garzón? D.G-P.: Buena parte de sus integrantes del sector político son del Polo Democrático, pero la Confluencia va más allá. Hay sectores muy importantes de la izquierda del Partido Liberal. Está Augusto Ramírez Ocampo, que es conservador. Robledo, que es del Moir. La idea es trabajar con un grupo de personas más amplio, que más allá del Polo, pueda encontrar puntos fundamentales de convergencia. SEMANA: ¿Pero es el embrión de una propuesta de gobierno? D.G-P.: No es un proyecto electoral ni partidista. Es político en el sentido de generar opinión, elaborar propuestas. SEMANA: Por primera vez un grupo tan amplio de izquierda dice que la guerrilla incurre en acciones "terroristas". ¿Es efecto post 11 de septiembre? D.G-P.: Los cambios son más por parte del comportamiento de la insurgencia, que ha llevado a que personas que siempre han defendido los derechos humanos se encuentren en la obligación de ser tan duros contra las acciones de la guerrilla como lo han sido contra el Estado. Y también porque vemos que esas acciones terroristas de la guerrilla lo único que hacen es 'justificar' la política de mano dura de Uribe y que se estrechen más los espacios democráticos. SEMANA: ¿En qué sentido la política de seguridad no es democrática? D.G-P.: Esquemas como los informantes y las zonas de rehabilitación van en contra del espíritu del derecho humanitario de no involucrar a la población a la guerra. Detrás de eso hay una tendencia preocupante hacia menoscabar la separación de poderes, volviendo a un excesivo presidencialismo, al desconocimiento de las Cortes y a un desprecio por las instituciones que defienden los derechos de la gente, como el recorte presupuestal a la Defensoría y el punto de referendo que acaba con las personerías. También discrepamos de la idea de que para lograr seguridad hay que restringir libertades y hay que afectar el debido proceso. Nosotros decimos que para luchar contra el terrorismo hay que ampliar y fortalecer la democracia: garantizar la protesta social, el derecho a la oposición. La concepción de Bush y Uribe y la vieja escuela es que hay que restringir libertades, acallar la oposición y acallar los espacios democráticos, y eso lo único que hace es darle más aire al terrorismo. SEMANA: Pero Uribe reivindica la oposición en todos sus discursos. D.G-P.: Es cierto que Uribe siempre ha dicho que respeta el derecho a la oposición. El problema son los uribistas y funcionarios de su gobierno: un Ministro del Interior que dice que los ambientalistas son comunistas y los abstencionistas subversivos; militares que señalan que las ONG son todas amigas de la guerrilla; amigos cercanos al gobierno como Pedro Juan Moreno, que no tiene ningún problema en colocar a las ONG al lado de las Farc, el ELN y las AUC. Y acciones en las zonas de rehabilitación donde líderes sindicales y activistas de izquierda fueron señalados de guerrilleros. Desde arriba Uribe habla de respeto a la oposición pero en la práctica sus políticas llevan a todo lo contrario. SEMANA: ¿Se opone la Confluencia al fortalecimiento del Ejército? D.G-P.: Defender en la Carta el uso legítimo de la fuerza, el monopolio de las armas, fue el punto más difícil porque tradicionalmente el tema de seguridad se le había entregado a la derecha. La izquierda siempre ha hablado de la justicia social pero ha tenido una timidez absurda para abordar el tema de la seguridad. Es fácil decir abajo las políticas actuales. Pero si tuviéramos el poder, ¿cómo sería la seguridad desde una óptica progresista? La tendencia era decir con hambre no hay paz. Nosotros proponemos otra cosa. SEMANA: ¿Qué proponen? D.G-P.: Un soldado es efectivo en su labor en la medida en que detrás de él hay todo un Estado que vale la pena defender. Un soldado puede estar armado con el mejor fusil pero si está abusando de la gente nadie va a colaborar con él. La efectividad de la seguridad tiene que ver con que el ciudadano sienta que el Ejército lo está defendiendo. Queremos impulsar la alternativa de una seguridad humana integral, que dice que para que haya más seguridad no se debe militarizar a la sociedad sino fortalecer la ciudadanía. Es que el 11 de septiembre se derrumbó también el paradigma de seguridad que se había manejado de que mientras más armado más seguro está uno. SEMANA: En su manifiesto abogan por una salida negociada al conflicto armado. ¿En qué condiciones? D.G-P.: Somos realistas y sabemos que, aunque hay que seguir insistiendo en el diálogo, hoy las posibilidades reales de que se dé son mínimas, por no decir nulas. Tras la frustración del Caguán, tanto el gobierno como la insurgencia están apostando a cambiar la correlación de fuerzas en la confrontación político-militar. Los dos dicen que quieren la negociación, pero están forcejeando para entrar con la sartén por el mango. SEMANA: ¿Pero creen que el gobierno debería imponer condiciones? D.G-P.: No hemos avanzado sobre eso porque en este momento es un debate un poco académico. Reconocemos que el proceso de Andrés Pastrana tuvo fallas que hay que corregir. Pero nos une saber que tarde o temprano tendremos que volver a la mesa de negociación. También estamos de acuerdo en que antes de abordar cualquier intento de paz se requiere un acuerdo humanitario. SEMANA: ¿Qué tipo de acuerdo? D.G-P.: Hasta ahora tanto el gobierno como las Farc se han dedicado a colocarle al otro condiciones pero no han señalado cuáles son las concesiones que están dispuestos a hacer. Ambos tienen motivaciones más políticas que humanitarias. Por ejemplo, aunque el secuestro económico es tan repudiable como el político, las Farc sólo quieren hablar del político. Si fueran humanitarios la guerrilla incluiría todos los secuestrados y el gobierno liberaría a los presos. Así seguiremos en un diálogo de sordos. SEMANA: Ustedes son críticos de la actual negociación con los paras. D.G-P.: Estamos de acuerdo en que todo proceso encaminado a sacar a un actor armado del conflicto es positivo. Pero un proceso encaminado a desmontar el paramilitarismo debe ir al fondo del fenómeno y no limitarse a desmovilizar a las AUC. Tiene que desmontar la vieja tradición de la élite colombiana de acudir a matones para acallar a la oposición. Tiene que desmantelar sus redes de apoyo, esclarecer el grado de corresponsabilidad estatal y las responsabilidades sobre las atrocidades cometidas. ¿Fue cierto que utilizaron motosierras o fue una calumnia de la oposición? Es muy difícil pero sociedades que han logrado dejar atrás estructuras como el apartheid en Suráfrica lo hicieron a partir de esclarecer la verdad. Aquí en aras de la confidencialidad no sabemos de qué están hablando ni hacia dónde van. SEMANA: ¿Qué garantiza que Confluencia no desaparecerá mañana? D.G-P.: Aunque es una apuesta difícil hay una realidad política cada vez más favorable. Hay un reconocimiento de que estamos ante una situación muy crítica que obliga a poner de lado nuestras pequeñas diferencias para construir consensos sobre los cuales podamos trabajar juntos. Por otro lado, creo que el gobierno de Uribe y la dinámica de la confrontación están llevando a que muchos sectores que no se identifican con la guerra ni con las posiciones de la guerrilla ni del gobierno estemos encontrándonos, y eso también permite que hacia el futuro trabajemos juntos. Estamos tratando de forjar un centro a favor de la sensatez en medio de la insensatez.