La juez que quiere acabar con el hacinamiento

Apenas despuntaba el mes de febrero del 2013 cuando al despacho de la juez 56 Penal del Circuito de Bogotá, Gloria Guzmán, llegó una tutela más. En ésta se buscaba que a un grupo de presos se les respetaran sus más elementales derechos.

En esta ocasión, Santiago Villa Arboleda, preso del patio 2A de la cárcel Modelo de Bogotá, pedía lo que parecía un imposible: que a ese centro penitenciario no ingresaran más internos por un término de tres meses. Ya en esta misma línea varias entidades del Estado habían fracasado.

La juez leyó el documento. En la acción judicial el recluso alegó que no se le suministró ningún elemento de aseo o de higiene. Además que carecía de colchoneta, cobija y sábana, implementos considerados básicos para su paso en la prisión. Ella le amparó sus derechos y fue más allá: ordenó a la Fiscalía, entre otras cosas, que se investigara la existencia de posibles fosas comunes en el centro de reclusión.

Pero lo ordenado por la juez solo duró mes y medio. El Tribunal Superior de Bogotá consideró que era necesario anular lo actuado por Guzmán. ¿Por qué? La respuesta es que se había violado el debido proceso y se negaron los derechos a la defensa de las diferentes entidades que, según criterio de la juez, debían intervenir en una pronta y efectiva solución del problema que se vive en ese penal.

De acuerdo con la decisión, la jurista debía notificar las irregularidades no sólo al Inpec y a la cárcel La Modelo, también a la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería, entre otras entidades.
La segunda tutela

Pero la acción judicial no quedaría allí. A manos de la juez 56 llegó otra tutela de la cual se desprendió otra trascendental decisión. En la acción interpuesta por Elkin Rojas, preso en la cárcel La Modelo, se solicitó a la funcionaria que se amparara el derecho a la igualdad, trabajo y al estudio. Esto para poder redimir su pena. También pidió que se aclarara que su condición es de condenado y no de sindicado.

La funcionaria estimó pertinente amparar los derechos de Rojas y ordenó a la cárcel La Modelo, el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y los Ministerios de Justicia y de Hacienda, cumplir algunas órdenes en pro de mejorar las condiciones de los reclusos de ese centro penitenciario.

En primera medida, la cárcel La Modelo deberá velar para que Rojas pueda trabajar, estudiar o enseñar. El propósito es que se le pueda descontar tiempo en su condena, mientras es llevado a otra prisión.
Pero quizás la decisión más importante que se desprende del fallo es que se ordena que en un “plazo máximo de cuatro meses, ejerza las acciones administrativas necesarias, la coordinación con el Inpec y demás entidades, para lograr el efectivo traslado de 2.630 personas condenadas”.

La cárcel no podrá recibir reclusos mientras se supera el hacinamiento del 206 % que presenta, pues su capacidad es para 2.850 presos y en la actualidad hay 5.886.

Al final, quienes estén pasando por la misma situación de Elkin Rojas podrán ir a centro carcelario para que puedan redimir su pena, teniendo en cuenta que La Modelo es una cárcel para sindicados y no para condenados.

Así mismo, se dispone al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y al Ministerio de Hacienda, gestionar los recursos para remodelar la prisión y poder entregar una vida digna a quienes permanecen allí a la espera de conocer el resultado de su proceso.

La primera tutela

Pese a que la tutela interpuesta por Santiago Villa Arboleda fue anulada por el Tribunal, en el mes y medio que estuvo en ejecución, fueron varias las acciones que se ejecutaron.

La primera de ellas fue entregarle al accionante su colchoneta. En segunda medida se determinó el traslado de 3.102 reclusos condenados. Esto en tres fases diferentes, cuya fecha de culminación fue el 11 de abril pasado.

Mientras la Fiscalía inició la investigación en torno a la existencia de posibles fosas, se adelantaron brigadas de salud, la Personería evacuó 165 de las 321 solicitudes de internos para atender su situación jurídica. En ese lapso de tiempo 28 presos solicitaron recuperar su libertad por pena cumplida. 145 más reclamaron su libertad condicional.

Ante estos hechos la juez -quien personalmente ha visitado la cárcel para conocer el hacinamiento y las condiciones “inhumanas” que se viven en su interior- señaló en su segunda decisión que sería más fácil buscar alternativas para que los reclusos puedan producir recursos mientras purgan su condena, y así ayudarles a ser personas rehabilitadas y útiles para la sociedad.

La juez es una firme convencida y lo ha demostrado desde sus decisiones, que es necesario actuar de manera pronta en casos como los de La Modelo, ya que se están violando desde todo punto de vista los derechos fundamentales, lo que lleva a devolver a la sociedad personas sin ningún tipo de resocialización.

Con esta ya son varias las decisiones que ponen al Inpec y diferentes instituciones a tomar acciones para solucionar el problema carcelario.