La volteada del gobierno con el voto obligatorio

El pasado mes de mayo, y ante los elevados índices de abstención registrados en la primera vuelta presidencial, empezó a calentarse el debate en torno del voto obligatorio. Primero fue el entonces vicepresidente de Juan Manuel Santos, Angelino Garzón, quien planteó esa posibilidad. Coincidía con uno de los tantos postulados que defendía el expresidente Álvaro Uribe. El mandatario no asumió posición alguna.

El gobierno se negó a dar el debate y, de hecho, no lo incluyó en el proyecto de equilibrio de poderes. No era prioridad para el Ejecutivo. Incluso, Santos se mostró indiferente. “Ensayar esa figura, no me parece que sea inconveniente pero eso se lo dejo a la elección de los congresistas, no va incluida esta propuesta en el proyecto de reforma”, explicó cuando presentó a los medios la reforma.

Un mes después, la Comisión Primera del Senado le colgó un artículo para que se pueda ensayar, para las próximas tres elecciones, el voto obligatorio, por cuenta del senador oficialista Roy Barreras. El gobierno, esta vez, pareció cambiar de opinión. Por lo menos el ministro Juan Fernando Cristo no se opuso a la voluntad de la mayoría de parlamentarios.

El argumento expresado por Barreras fue que “más de ocho millones de colombianos abstencionistas nos ayuden a mejorar la democracia y a limpiar las costumbres electorales. Tenemos la garantía de que los ciudadanos que no votan por distintas razones, no venden su voto y por tanto éste será libre, independiente y que legitime aún más las instituciones colombianas”.

Sin embargo, detrás hubo una razón más poderosa que terminó por convencer al gobierno: al establecer la obligatoriedad del voto, se vería ampliamente beneficiado el referendo para la paz, la fórmula de Humberto de la Calle para que los ciudadanos refrenden los acuerdos de paz a los que se llegue con la guerrilla de las FARC.

En la pasada legislatura, el gobierno se valió de las mayorías del Congreso para habilitar que las votaciones de refrendos puedan coincidir con cualquier otro acto electoral. En ese entonces se pensaba en la posibilidad de que se llegaría a acuerdos antes de las elecciones presidenciales y se podría aprovechar la afluencia de electores para que el referendo tuviera éxito.

Y es que el referendo por la paz, para que sea aprobado por la voluntad popular, necesita una participación mínima del 25 % del censo electoral, aproximadamente 7,5 millones de personas. Para el gobierno eso se ha convertido en un “obstáculo insuperable”. Nunca en la historia del país un mecanismo de participación como el referendo ha prosperado.

Pero al establecer la obligatoriedad del voto para las tres próximas elecciones, el referendo por la paz, seguramente, coincidirá con las elecciones de alcaldes y gobernadores de octubre de 2015, según las cuentas de los más optimistas del proceso de paz. Con la nueva norma cerca de 32 millones de colombianos (cifra aproximada del actual censo electoral) deberán concurrir a las urnas, con lo que el eventual referendo superaría ese obstáculo de los 7,5 millones de votos.

Por eso, pensando más en la apuesta de la paz del presidente Santos, y no tanto en derrotar la abstención, el gobierno se subió al ‘bus’ del voto obligatorio, el mismo que parecía ser bandera exclusiva del uribismo y de Angelino Garzón.