Jueves, 19 de enero de 2017

| 1994/08/22 00:00

LA LARGADA

La apertura a los privados del servicio de larga distancia ha suscitado expectativas de todo el mundo y hasta una rabieta del Ministro de Comunicaciones.

LA LARGADA

A RAIZ DE LA EXPEDICION de la ley de servicios públicos, se abrieron toda una serie de espacios para la participación del sector privado en ese campo. El de las telecomunicaciones es uno de ellos y particularmente el relacionado con la prestación de servicios de telefonía básica de larga distancia, tanto a nivel nacional como internacional.

La intención del presidente de la República, César Gaviria Trujillo, es impulsar la reglamentación de la ley de servicios públicos hasta donde más pueda. Concretamente aspira a irse dejando reglamentada la larga distancia nacional. Sin embargo, esa no parecía ser la tónica del Ministro de Comunicaciones hasta que el presidente Gaviria se vio forzado a agitar los temas que no se estaban moviendo.

El mercado de la larga distancia nacional es de unas dimensiones que, por cuenta del monopolio estatal que rigió hasta hace poco tiempo, pocos colambianos han asimilado. Los estudiosos calculan que los colombianos hablarán 4.000 millones de minutos por larga distancia en 1995. El 10 por ciento de esa cifra, es decir 400 millones de minutos, correspondería a tráfico entrante y saliente de larga distancia internacional, y el resto a tráfico nacional. Un mercado como el chileno representa 1.400 millones de minutos al año de larga distancia nacional, lo que se traduce en términos de plata en 400 millones de dólares al año. Y existen hasta la fecha seis operadores autorizados para competir por ese mercado.

Aunque el debate de la reglamentación de la larga distancia nacional no ha sido fácil, el proceso ya es irreversible por cuenta de la apertura al sector privado consagrada por la ley de servicios públicos. El dilema por ahora sólo parece ser de tiempo y oportunidad. Sin embargo, está limitado a aquellos casos en que se vaya a utilizar el espectro electromagnético, pues de lo contrario no se necesita la licencia y el acceso es libre para cualquiera.

En el seno del alto gobierno y de la comisión reguladora de telecomunicaciones se han venido analizando los diferentes temas que afectan el sector, como la decisión de dar el acceso por licencia o por concesión, la entrada de operadores locales a la prestación de larga distancia nacional, la instalación de una red mínima de cobertura nacional y el manejo de Telecom frente a un entorno de competencia.

En materia de acceso al servicio había que definir si se optaba por el sistema de licencias o de contratos de concesión. El planteamiento de Telecom es restringir los operadores a un número máximo de ocho, a pesar de que la ley de servicios públicos no plantea limitación alguna. La tendencia dentro del gobierno se está inclinando hacia el esquema de la licencia, que implicaría el cobro de unos derechos a cada operador. Con ello se busca garantizar la idoneidad de los aperadores y obtener los recursos para constituir un fondo destinado a atender el pasivo pensional de Telecom.

En cuanto a la entrada de operadores locales, la discusión se ha centrado principalmente en establecer los mecanismos para evitar la consolidación de posiciones dominantes de mercado por parte de los actuales operadores de telefonía pública conmutada, como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) o las Empresas Públicas de Medellín. Se debatió incluso si se permitía el acceso a los actuales operadores públicos o se restringía exclusivamente a empresas con capital privado o mixto. La conclusión fue permitir el acceso a los operadores locales pero prohibiendo que se asocien aquellos que sumados puedan llegar a tener más del 40 por ciento del mercado, y obligándolos a garantizar la interconexión oportuna y no discriminatoria. También se decidió optar por el sistema de multicarrier, que significa que es el usuario -y no la empresa de teléfonos local- quien decide qué operador utiliza.

Todos los operadores de larga distancia tendrán que tener u operar una red con cobertura nacional, para evitar que se concentren en descremar los mercados más rentables. Eso implicaría en muchos casos acuerdos con Telecom para no duplicar la red nacional. Por ese uso de las redes ajenas se pagaría un peaje.

En cuanto al manejo de Telecom frente a un entorno de competencia, hubo varios temas sobre el tapete. Como primera medida se tenía el tema del pasivo pensional, cuyo costo se estima en 980.000 millones de pesos. Es decir 1.200 millones de dólares. Se consideró que una tarifa de entrada alta permitiría generar los recursos para constituir un fondo destinado a atender buena parte de esos pasivos. El proyecto de resolución contempla un pago inicial de 300.000 salarios mínimos, lo que equivaldría a 30.000 millones de pesos, o cerca de 40 millones de dólares.

Otro rubro financiero que despierta preocupación en Telecom es la fuente de los recursos para financiar la inversión en telefonía social. De una parte se requieren 150 millones de dólares para el servicio de deudas ya contraídas con entidades financieras del exterior y de la otra seis millones de dólares anuales para atender el costo de mantenimiento de ese servicio. Para financiar ese rubro se ha pensado cobrar una suma periódica equivalente al 5 por ciento de los ingresos brutos de los operadores de larga distancia nacional como canon de concesión.

Existe preocupación en Telecom por la apertura al sector privado puesto que el 40 por ciento de sus ingresos corresponden a larga distancia nacional. Sin embargo, también es cierto que es en este servicio donde se requieren las mayores inversiones y se tienen los más altos costos de operación.

Por último, está el tema de los subsidios. La ley de servicios públicos obliga a incluirlos dentro de la estructura de costos de la tarifa. Eso implica acabar con los llamados subsidios cruzados con lo cual sólo quienes sean verdaderamente eficientes podrán mantenerse en el mercado.

El tema está candente, pues ya se han presentado varias solicitudes para licencias de larga distancia. Del lado de los operadores públicos ya han solicitado permiso la ETB, las Empresas Públicas de Medellín y Emcali en forma conjunta y las empresas de la zona cafetera a través de una sociedad mixta. Del lado del sector privado se han presentado hasta ahora una de Colomsat -donde participa Chilesat y un grupo de inversionistas locales-, otra de Movicel -donde participa Bell South, Oswaldo Cisneros, El Tiempo y Vanguardia Liberal- y otra más de Procedatos, donde participan el Grupo Santo Domingo y Entel de Chile. También se ha podido establecer que la Organización Luis Carlos Sarmiento y Telegan -una filial del Banco Ganadero- están preparando sus solicitudes.

Todavía resta saber qué va a pasar. El gobierno saliente pretende gobernar hasta el último día y la actitud del nuevo gobierno es totalmente positiva frente al tema. Queda por ver si el ministro William Jaramillo se decide a empujar el tema o, por el contrario, deja trunca la apertura en telecomunicaciones.

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