Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1999/11/08 00:00

LA LEY DE LAS FARC

Durante el despeje ha quedado en evidenciael sistema de justicia paralelo instaurado por las Farc <BR>desde hace varios años en esta zona del país.

LA LEY DE LAS FARC

Desde hace varios lustros las Farc han aplicado en el área de distensión, y en otras zonas del
país, un sistema de justicia paralelo al del Estado. El despeje en sí no ha sido causa de esto, pero si ha
servido para hacerlo más notorio.
Desde noviembre del año pasado en cada uno de los municipios despejados el grupo guerrillero fijó una serie
de 'normas de convivencia' que deben ser acatadas por todos ciudadanos. Estas establecen desde límites de
velocidad para vehículos en los cascos urbanos hasta fijar horarios y niveles de ruido para los
establecimientos nocturnos, pasando por violencia intrafamiliar, infidelidades conyugales y normas de
protección al medio ambiente.
El funcionamiento es relativamente simple y, aunque cada comandante tiene autonomía para dictar las
normas en el territorio a su cargo, éstas siguen lineamientos trazados por el secretariado de las Farc. La
infracción a alguna de las reglas es sancionada con multas en efectivo, trabajos comunitarios o el decomiso
del algún bien. Dependiendo de la falta cometida las cifras, que son similares en los cinco municipios, oscilan
entre 50.000 y 900.000 pesos. La justicia del miedo Aunque la mayoría acata las normas por físico temor y
porque las ven como una imposición a punta de fusil, no pocos reconocen sus bondades. En el último año las
estadísticas de accidentes, riñas, heridos, violencia doméstica y muertes violentas disminuyeron
sensiblemente en todos los municipios. Según informes del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, el
año pasado el 51 por ciento de las muertes registradas en ese municipio ocurrieron por causas violentas -158
personas-. En lo que va corrido de este año tan sólo se han presentado cinco muertes violentas, relacionadas,
en su mayoría, con crímenes pasionales. Luis Eduardo López miembro del Comite Local de Paz, explica
este decenso en la criminalidad porque "desde que el Ejército y la Policía se fueron, la guerrilla se quedo sin
nadie con quien pelear". Además es claro que la guerrilla se ha cuidado al máximo porque cualquier
irregularidad, asesinato o violación a los derechos humanos los dejaría a ellos como únicos responsables.
Pero la justicia de las Farc no se limita a fijar sólo normas de convivencia. La guerrilla ha instalado lo que ellos
denominan 'oficinas de quejas y reclamos'. Dos de éstas operan a pocos minutos del casco urbano de San
Vicente del Caguán, una bajo el mando de un comandante del Frente 14 y la otra dirigida por 'Leonardo', uno
de los comandantes del Frente Teófilo Forero. Diariamente atienden entre 40 y 60 personas. A estas oficinas
llegan personas y cartas de todo el país y del exterior que buscan información sobre algún familiar
secuestrado. Pero su principal función es la de servir de jueces o mediadores en disputas de todo tipo entre la
población. El mayor número de denuncias tiene que ver con el incumplimiento en el pago de deudas. Pero
también tienen la potestad de autorizar divorcios, fijar linderos entre fincas e incluso determinar paternidad.
El funcionamiento es simple. El encargado de la oficina envía una citación a las personas implicadas. En
presencia del comandante los implicados comienzan una discusión entre sí, buscando encontrar una
solución. Si las personas no llegan a ningún acuerdo el comandante decide quién tiene la razón. La decisión
es inapelable y de inmediato cumplimiento. En al gunoscasos, incluso, la gente acude para resolver
determinaciones que han sido falladas por la justicia ordinaria.

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