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| 4/12/1999 12:00:00 AM

LA LEY DEL CAGUAN

SEMANA revela el documento que ha servido de base a las exigencias de las Farc en la zona de <BR>despeje.

La expulsión de la fiscal Maritza Chavarro de San Vicente del Caguán no sólo molestó al
fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, sino que revivió la pregunta que dicho funcionario le hizo a
finales del año pasado al presidente Andrés Pastrana de si el gobierno adquirió compromisos con las Farc al
aceptar el despeje de cinco municipios. Pastrana ha negado enfáticamente la existencia de compromisos
distintos al despeje mismo. Pero las Farc insisten en que sí los hubo basadas en un documento _que al
parecer les hizo llegar Alvaro Leyva_ en el que se fijaron las condiciones para el despeje y al que ellas
consideran oficial. A mediados de diciembre el alto comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, reconoció la
existencia del documento pero dijo que el mismo no está firmado por él ni por ninguno de los miembros del
secretariado de las Farc y que no se trata, por lo tanto, de un documento 'oficial'.Lo cierto es que todo lo que
dice el famoso papel se ha venido cumpliendo casi al pie de la letra. Para información de sus lectores
SEMANA lo reproduce en su totalidad.
Salidas de militares
El despeje consiste en el retiro de la Fuerza Pública de los municipios de La Uribe, Vista Hermosa, La
Macarena y Mesetas, en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán, en el departamento del
Caquetá. La Fuerza Pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Así lo indica la
norma constitucional al tenor del artículo 216. Para efectos del despeje de los cinco municipios antes
mencionados, se incluye en el concepto de Fuerza Pública los uniformados y no uniformados, civiles
hombres y mujeres vinculados directa o indirectamente a líneas de mando o a unidades del Ejército, Armada
y Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Policía Nacional y organismos de seguridad e inteligencia del Estado
cualquiera que sea la naturaleza de estos últimos". El gobierno despejó de Fuerza Pública los cinco
municipios pero dejó un grupo de soldados bachilleres en el Batallón Cazadores. Las Farc dijeron que eso no
era lo acordado y se rehusaron a comenzar las conversaciones hasta que los soldados salieron del batallón
por los días de Navidad.
El despeje
La orden de despeje se efectuará el día 14 del mes de octubre del año en curso. El despeje ordenado se llevará
a efecto íntegramente entre la fecha ya citada y el día 7 de noviembre de este mismo año". El 14 de octubre
de 1998 el gobierno nacional expidió la Resolución número 85, estableciendo la zona de distensión y fijando la
fecha del 7 de noviembre para el inicio de las conversaciones.
Policía cívica
El alcalde municipal de cada uno de los municipios despejados seguirá siendo el jefe de la administración
local y representante legal del territorio en los términos indicados en la Constitución. Los alcaldes
proseguirán atendiendo las órdenes que reciban del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El
alcalde continuará desempeñando la función de policía a él señalada por la Constitución. Indica ello que es el
alcalde la primera autoridad en tal materia dentro del área de su jurisdicción. Los agentes por él escogidos
dentro de los ciudadanos más idóneos para el correcto desempeño de la función de policía cumplirán con
prontitud y diligencia las órdenes que a ellos les imparta el jefe de la administración local. Los Concejos
municipales de los territorios despejados de Fuerza Pública continuarán gozando de las atribuciones que
les son propias por mandato de la Constitución y ley de la República".El 11 de noviembre, después de
reunirse con los voceros de las Farc, el alto comisionado, Víctor G. Ricardo, anunció la creación de una
policía cívica compuesta por 200 habitantes de los municipios despejados. El 15 comenzaron a operar
oficialmente. Las Farc asumieron, en la práctica, el control de la zona.Retiro de fiscalesLa jurisdicción
ordinaria proseguirá en el desempeño de su función pública, salvo en lo atinente a lo penal. Se incluye en
esta salvedad a la Fiscalía General de la Nación. El gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura
procederán a trasladar la función de la jurisdicción penal a los municipios aledaños a los despejados, a la
luz de la competencia indicada en el artículo 257 de la Constitución, numeral 3, para la segunda entidad
citada. La Fiscalía General de la Nación procederá a hacer los ajustes del caso. El alcalde municipal entraría
a desempeñar de manera transitoria las funciones administrativas y de trámite a que haya lugar como auxiliar
de la justicia".Este es el punto en cual se apoyaron las Farc para exigir el retiro de la fiscal de San Vicente
del Caguán, Maritza Chavarro Anturi. Lo curioso es que sólo hicieron esa exigencia una vez que la
Fiscalía General decidió cambiar a la fiscal anterior.RetenesProseguirá el libre comercio entre los municipios
despejados de Fuerza Pública y el resto del país. El quehacer financiero y bancario continuará su normal
desempeño. Se garantizará el libre tránsito. Los límites de los municipios despejados que coincidan con
las divisiones territoriales locales ajenas a este tratamiento especial serán objeto de pleno cuidado. Allí
continuará la vida normal. Los retenes que en puntos diversos de estos límites se impongan por parte de las
fuerzas del orden y las fuerzas insurgentes durante el período excepcional de despeje y conversaciones de
paz, mantendrán la disciplina, la cordura y la responsabilidad requeridas a fin de satisfacer la pacífica
entrada y salida de ciudadanos civiles que hacen de la región su natural entorno y su sitio de residencia,
estudio y trabajo. La presencia de dichos retenes se efectuará dentro de una logística tal que atienda la
prudencia requerida para evitar fricciones y enfrentamientos entre las partes en conflicto".Desde el día mismo
en que comenzó a operar la zona de distensión la guerrilla montó retenes en los límites de los cinco
municipios despejados. Nadie entra o sale de ellos sin autorización de las Farc.
Sobrevuelos
Durante el tiempo en que se realice y se mantenga el despeje, los cinco municipios no serán objeto de
sobrevuelos de naves aéreas militares o de policía. Los corredores aéreos de vuelos comerciales serán
respetados. Se mantendrá el normal servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga. Los itinerarios y rutas
habituales hacia los cinco municipios y de ellos hacia el resto del país serán atendidos normalmente por las
empresas comerciales que lo vienen haciendo. El servicio en los terminales estará a cargo de personal
administrativo y técnico de naturaleza civil acreditado por las autoridades de Aeronáutica Nacional adscritas al
Ministerio del Transporte. Las tripulaciones gozarán de todas las garantías para el logro exitoso de sus
funciones". El tema de los sobrevuelos ha sido uno de los más críticos desde que se oficializó el
despeje. Las Farc han hecho varias denuncias al respecto y el tema fue motivo de fricción entre el
comandante de la Fuerza Aérea y el alto comisionado para la Paz.Comisión de acompañamientoLas partes
podrán acordar la colaboración de facilitadores como la Cruz Roja Colombiana o de personalidades
nacionales y extranjeras a fin de que, en caso de ser necesario, se explore con ellos mecanismos y
procedimientos que garanticen la operatividad de lo aquí propuesto. Tales facilitadores se limitarán
exclusivamente a conocer de asuntos meramente operacionales y formales".El 8 de noviembre el gobierno
anunció la creación de una Comisión de Acompañamiento y dio los nombres de Juan Manuel Santos y
Juan Gabriel Uribe, de Colombia; Gustavo Carvajal, de México, y el canciller de Costa Rica, Roberto Rojas.
Faltaban dos comisionados más que nunca se nombraron y la Comisión nunca jugó un papel importante.
Verificación
A partir del 7 de noviembre de este año, la insurgencia verificará el retiro de la Fuerza Pública de los
municipios antes aludidos. Para ello gozará de un plazo de 90 días. Sin embargo, si antes del término indicado
manifiesta su satisfacción respecto al cumplimiento de lo acordado en tal sentido, se iniciarán los diálogos
entre las partes del conflicto armado antes del tiempo acordado".Una vez solucionado el tema del Batallón
Cazadores las partes acordaron sentarse a conversar el 7 de enero, día en que fueron instaladas las mesas de
diálogo en San Vicente del Caguán con la notoria ausencia de 'Tirofijo'.
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