Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1984/09/17 00:00

LA LEY DEL MONTE

Después del asalto a Yumbo, contactos entre periodistas y guerrilleros determinan intervención de la ministra de Comunicaciones

LA LEY DEL MONTE

Hace unos meses un fotógrafa francés fue invitado por rebeldes afganos a presenciar un dramático acontecimiento: la emboscada a un convoy de tropas soviéticas. La resistencia afgana, que tenía conocimiento de la ruta que seguirian esas tropas, habia minado la carretera. El fotógrafo no rechazó la invitacion. Fríamente instaló su tripode a un lado de la carretera y esperó Minutos después el motor de su cámara estaba en acción y tomaba cuatro placas por segundo registrando paso a paso el ataque en el que murieron decenas de soldados soviéticos. Las fotos, meses después, ganaron un premio en Europa y suscitaron una polémica sobre si habia sido o no ética la conducta del periodista.
Este episodio sirve de antecedente al caso del asalto de Yumbo por guerrilleros del M-19, el cual fue cubierto por periodistas de radio y prensa escrita que se hallaban alli por "invitación" de los guerrilleros.
Aparte del estupor que el sangriento asalto causó en la opinión pública nacional, la forma como fue cubierto el incidente generó a su vez una ola de indignación en amplios sectores. El primero en reaccionar en ese sentido fue el comandante de la III Brigada Brigadier general Jesús Jamasaid Yussef Arias, quien acusó a los comunicadores de haber estado "en contacto con los subversivos" y haber sido "coparticipes de la acción" El alto oficial también declaró que el asalto se hubiera podido frustrar si los periodistas informan a las autoridades de lo que iba a ocurrir. Poco después, la ministra de Comunicaciones Nohemí Sanín Posada pedía al ministro de Justicia Enrique Parejo González investigar a los comunicadores, para lo cual, en efecto, fue nombrada la Juez 17 de Instrucción Criminal ambulante de Cali, doctora María Cristina Quintero de García. Horas más tarde se supo que en Bogotá se adelantaban dos investigaciones más contra periodistas por supuestas vinculaciones con actuaciones guerrilleras, como la "toma" del tren de la Sabana efectuada por el M-19 el 28 de abril pasado, y la posterior "toma" de Zipacón por el mismo grupo insurgente.
Otros altos militares protestaron también aunque con argumentos distintos a los del general Yussef. El ministro de Defensa, general Gustavo Matamoros declaró que los periodistas en general estan "haciendo eco de los propósitos de los grupos al margen de la ley". Otro alto oficial que no quiso dar a conocer su nombre critica la actividad de muchos periodistas en los últimos meses por "presentar a la ciudadania" hechos que "repercuten en el orden público".
La polémica empezó a aclararse cuando nueve periodistas de los que estuvieron en Yumbo declararon que los sucesos en esa ciudad "no fueron comunicados a los periodistas" cuando el M-19 les cursó la "invitación " y que el asalto guerrillero sorprendió a los comunicadores "tanto en su ocurrencia como en sus alcances".
Otro periodista involucrado en las acusaciones militares, Carlos Alfonso Victoria, de El Pueblo, ratificó lo declarado por sus colegas. Según el editorial de El Pueblo del 14 de agosto, su redactor fue citado por el M-19 en la tarde del jueves anterior a los hechos "para asistir a una reunión con motivo de la inminente firma del Acuerdo de Paz" y que una vez trasladado a un sector rural "estuvo no ya en condición de invitado sino de secuestrado hasta el día sábado en las horas de la tarde en que le informaron que no se trataba de la firma de un convenio de paz sino de la toma de la población de Yumbo".
En favor de los periodistas estaba el hecho de que la invitación había sido formulada antes del asesinato de Carlos Toledo Plata y en el contexto de los varios intentos frustrados de la Comisión de Paz, lo cual no hacía previsible la realización de un acto suicida o de venganza por la muerte de Toledo Plata como después fue in terpretado el insuceso de Yumbo. El fondo de la cuestión, de todas maneras, radica en la credibilidad que se le otorgue a las palabras de los periodistas sobre las características y momento de la "invitación" pues nadie confiesa tener previo conocimiento de la comisión de un delito, de ahí que jurídicamente es probable que el caso más allá de la conmoción inicial, no progrese mucho.
Los hechos de Yumbo sin embargo han puesto sobre el tapete un candente debate sobre las funciones de la prensa, que tiene diversos elementos. Quizás el más debatido es el de la legalidad o no de los contactos de los periodistas con voceros o dirigentes guerrilleros. Para algunos el hecho mismo de que el gobierno central haya legítimado de algún modo a estos grupos mediante el proceso de diálogo, ha dado pie para que los diferentes medios de comunicación tengan menos inhibiciones para reportar sobre el fenómeno guerrillero del país, aumentando considerablemente los contactos con los voceros de tales grupos y difundiendo ampliamente sus propósitos. Se puede decir incluso que esto llevó a una verdadera orgía de despliegue informativo al respecto, en la cual los líderes centrales de algunas organizaciones rebeldes se convirtieron en verdaderos talimanes para captar audiencia radial y televisiva. Así, en escasos dos años, el país pasó de una relativa proscripción de esas imágenes a una familiaridad con ellas. Entre los comunicadores se puso de moda ser invitados por los voceros de la guerrilla desarrollándose una competencia por ese "privilegio". Surgió así lo que se conoce como el "síndrome de la chiva guerrillera".
Las medidas tomadas por el Gobierno han sido presentadas coma una amenaza de censura y éso es la que ha desatado la actual controversia Como sucede con frecuencia en Colombia, el debate es sibilino, puesto que en lo que se refiere a la prensa no habrá censura y en lo que se refiere a la TV y a la radio está prevista. En el caso de la prensa escrita, que es de carácter privado, políticamente sería un escándalo insostenible para un gobierno cualquier medida de censura, que evocaria los días de la dictadura militar. No sucede lo mismo en radio y TV., donde no sólo el Estado tiene facultades directas de intervención por ser el propietario de los canales o frecuencias, sino que tiene derecho de revocar las concesiones de los espacios. Así como se ha hecho un llamado a los periodistas para que no sirvan de "idiotas útiles" de la guerrilla, no podria esperarse que el Estado hiciera, a su vez, de "idiota útil" de sus concesionarios, si considera que éstos en un momento dado con las informaciones que transmiten, pueden estar poniendo en peligro la seguridad misma del Estado. Mal que bien, el Estado defiende los intereses que presenta y cuando interviene en este sentido, puede considerarse que lo está haciendo en legitima defensa.
De ahí que los pronunciamientos de la Ministra más que ser interpretados como una amenaza de mordaza que muy probablemente no vendrá, deben serlo como el reflejo de un sentimiento colectivo de rechazo al exceso de pantalla que se le viene dando al asunto. Para un colombiano promedio, resulta dificil entender cómo, en las puertas de palacio, para no citar sino un ejemplo, un hombre que se acaba de entrevistar con el Presidente de la República, olimpicamente, ante los micrófonos de muchos periodistas, reconoce que su grupo tiene secuestrados y que están estudiando el tratamiento que se dará a ese problema.
Más importante que el concepto de censura que está flotando en el ambiente, en un país respetuoso de la libertad de prensa como Colombia, es el concepto de responsabilidad de los periodistas quienes, desde que comenzaron los diálogos de paz con elementos que antes eran proscritos y que de la noche a la mañana pasaron a ser, en cierta forma, "legitimos", se vieron sometidos a una situación nueva que, en muchas ocasiones, condujo a excesos.

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