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| 3/8/1999 12:00:00 AM

LA LEY DEL TERROR

El secuestro de los defensores de los derechos humanos de Medellín, realizado por Carlos <BR>Castaño, es tan grave como las matanzas de comienzo de año.

La máquina de muerte de los grupos paramilitares no se detiene. El jueves pasado le tocó el
turno al Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín, una de las organizaciones defensoras de
derechos humanos más reconocidas del país. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades,
cuatro hombres armados llegaron hasta la sede y después de intimidar a los presentes se llevaron
secuestrados a Jairo Bedoya, director del instituto, y a los investigadores Jorge Salazar, Claudia Tamayo y
Olga Rodas. Los esposaron a los cuatro y antes de salir con ellos anunciaron que "no vamos a permitir que se
propague el comunismo".
Al pánico que produjo esa acción terrorista se sumó el asesinato de Everardo Puerta y Julio González,
miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), ocurrido en zona del Magdalena
Medio cuando viajaban la noche del sábado desde esa ciudad hacia Bogotá. Como el grupo del IPC plagiado,
las víctimas no sólo eran trabajadores por los derechos humanos sino que en ambos casos recaían fuertes
sospechas de que grupos paramilitares estaban detrás de todos estos actos.
Como esperaban las autoridades, el secuestro de los investigadores del IPC fue reivindicado por Carlos
Castaño, máximo jefe de los grupos de Autodefensas de Córdoba y Urabá, quien afirmó que las personas
que estaban en su poder eran considerados prisioneros de guerra por hacer parte de organizaciones
'parasubversivas'. El jefe paramilitar negó su participación en la muerte de los investigadores del CSPP
El pronunciamiento de Castaño cayó como un baldado de agua fría para un sector de la opinión que
considera que la guerra sucia en el país está llegando a unos niveles de degradación sin antecedentes. Creer
que los defensores de los derechos humanos son 'parasubversivos' es tan absurdo como pensar que los
centros educativos de formación militar son 'paramilitares'.
El despliegue terrorista de Castaño, como era de esperarse, produjo airadas protestas no sólo de
defensores de derechos humanos sino de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que consideran
que la situación está llegando a niveles insostenibles. Así se lo hicieron saber en carta enviada al presidente
Andrés Pastrana y al ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda.
Los analistas en el país también condenaron los hechos. Jaime Zuluaga, investigador del Instituto de
Estudios Políticos de la Universidad Nacional, cree que lo ocurrido no se sale del libreto de las
autodefensas señalando infiltraciones de la insurgencia en los organismos de derechos humanos del país.
"Se trata de una estrategia de Castaño para que el país le dé a las autodefensas un reconocimiento como
actores políticos y como participantes del proceso de paz" , dijo a SEMANA.
Otros, como el politólogo Alfredo Rangel, piensan que, aunque suene desproporcionado, los
paramilitares podrían estar pensando en un canje de activistas de derechos humanos por militares y
policías retenidos por la guerrilla.
Pero mientras los analistas tratan de interpretar lo que está sucediendo el propio Castaño no da señales de
dar su brazo a torcer. Por el contrario, su posición es cada día más radical. En carta que envió a los
principales organismos de derechos humanos del mundo no sólo defendió su propuesta política y militar sino
que justificó todas sus acciones.
En la misma carta se compromete a entregar a dos de los cuatro retenidos en Medellín al Comité
Internacional de la Cruz Roja. Según el comunicado, "su condición no los hace susceptibles de ser
considerados prisioneros de guerra". De los otros dos, por el contrario, dijo que hacían parte de
organizaciones subversivas.
Sea como fuere, las acciones terroristas de Castaño contra los defensores de los derechos humanos en
Medellín la semana pasada tienen la misma dimensión que tuvieron las matanzas de comienzo de año. Se
trata de actos terroristas contra la población civil que se encuentra indefensa en medio del fuego cruzado.
Resulta por lo menos desconcertante que semejante barbarie esté ocurriendo ante la pasividad del Estado.
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