25 mayo 2011

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"La Ley de Víctimas es una oportunidad de resarcir años de violencia y desidia estatal"

ESTADO DE DERECHOMarco Romero, director de Codhes, sostiene que la aprobación de la norma es un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Pero, dice, también hay dos amenazas: los grupos ilegales y el modelo de desarrollo.

"La Ley de Víctimas es una oportunidad de resarcir años de violencia y desidia estatal". Marco Romero, director de Codhes

Marco Romero, director de Codhes

El Estado Social de Derecho y la supremacía de los derechos humanos son dos de los grandes pilares que trajo la Carta Política de 1991a nuestro orden institucional y social . Sin embargo, a veinte años de promulgarse la Constitución, ese Estado Social de Derecho aún está por desarrollarse, y pe
se a los avances en materia de derechos y garantías constitucionales las violaciones a los derechos humanos siguen haciendo de Colombia un país con saldo rojo en esta materia.

Para analizar qué sucedió en estas dos décadas con los derechos fundamentales, y por qué los gobiernos no han cumplido la misión social que ordena la Carta de 1991, el abogado Gabriel Bustamante conversó con Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes.

Gabriel Bustamante Peña: Colombia desde 1991 es un Estado Social de Derecho, ¿qué significa este cambio de modelo estatal y qué repercusiones tiene en la vida real para los colombianos?

Marco Romero Silva: Es un giro radical respecto a la Carta de 1886. Primero, porque los derechos humanos se ampliaron y hoy ocupan un lugar preeminente en nuestro orden constitucional y legal. Segundo, porque el constituyente, consciente de la larga tradición de incumplimiento en materia de derechos, trajo además mecanismos de exigibilidad, como la tutela. Y tercero, porque el Estado Social de Derecho significa que el Estado es el responsable del goce efectivo de los derechos, o sea que los gobiernos deben garantizar el acceso real a los derechos para todos los ciudadanos.

G.B.P.: Pero pareciera que hemos avanzado muy poco en este sentido…

M.R.S.: Si, de ahí la lucha solitaria de la Corte Constitucional que, a través de sentencias de tutela o de inconstitucionalidad, ha dado una batalla judicial para velar por la integridad de la Constitución y no permitir que se vulneren de peor forma derechos como la vida, la salud, la educación o se agrave la situación humanitaria de los millones de desplazados.

GBP: ¿O sea que estamos en un escenario donde toda la carga de derechos, especialmente los sociales, recae sobre el Tribunal Constitucional?

MRS: Exacto, de ahí la importancia de la jurisprudencia progresista de la Corte, como la que extiende los efectos del juez de tutela de lo individual a lo colectivo, y por esta vía a podido proteger, por ejemplo, a millones de desplazados a través de la sentencia T-025 de 2004, u ordenar la configuración de un sistema de salud más garantista y en condiciones de igualdad para todos los colombianos, a través de la sentencia T-760 de 2009. O proteger a poblaciones históricamente vulneradas como las mujeres, los indígenas, los afrocolombianos o los LGTB.

G.B.P.: Pero, así las cosas, ¿la Corte no termina invadiendo la competencia del ejecutivo y el legislativo?

MRS: En un país donde, a pesar de la Constitución garantista que tenemos, se siguen violando los derechos humanos y el gobierno no hace nada, pues no podemos decir que la Corte invade la competencia, sino la incompetencia del ejecutivo.

G.B.P.: ¿Por qué esta Constitución se considera más democrática que la de 1886?

M.R.S.:
La anterior Constitución no fue construida bajo la lógica de los derechos, de ahí que los intereses del Estado primaban sobre las libertades ciudadanas y su expresión más significativa fue el Estado de sitio. Por esta vía se permitían detenciones y allanamientos sin orden judicial por parte de la fuerza pública, no se respetaba el debido proceso, se recortaron derechos civiles y terminó la policía ocupando el lugar de los jueces. Por el contrario, la Constitución de 1991 elevó los derechos humanos a fin esencial del Estado, prohibió restringir los derechos aún bajo estado de excepción y estos fueron regulados con controles muy fuertes por parte del Congreso y la Corte Constitucional.

G.B.P.: ¿El último representante de ese estado autoritario fue el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala?

M.R.S.:
El Estatuto de Seguridad de Turbay es precisamente eso: recorte de libertades, abuso de autoridad, criminalización de movimientos sociales y violación masiva de derechos humanos por parte de miembros del Estado. Por el contrario, los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, con elementos como: el reconocimiento del conflicto, la política de paz, la descentralización o la participación ciudadana rompen con esta tradición y preparan las bases institucionales para la Asamblea Nacional Constituyente y el nuevo orden constitucional.

G.B.P.: ¿Pero esos dos modelos subsisten?

M.R.S.:
Sí, y están inmersos en lo que el investigador Gustavo Gallón llama la modernización autoritaria y la modernización democrática. El primero, un proceso de desarrollo a la fuerza, que busca beneficiar al gran capital sin tener en cuenta a la gente, que es el que hemos vivido; y el segundo, que es el de la inclusión social y la búsqueda de la paz, que fue el qué señalo la Carta de 1991, pero que no hemos sido capaces de cumplir. Además, la tentación del Estado de sitio no desapareció con la Carta del 91, sino mire lo que hizo Uribe en sus, a la fuerza, ocho años de gobierno. Por ejemplo, el estatuto anti-terrorista, que en la práctica era volver a las violaciones de derechos civiles que permitía el estado de sitio, y por esto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Por eso, de facto, en el gobierno pasado se hicieron allanamientos y detenciones arbitrarias, a través de las capturas masivas; interceptaciones sin orden judicial a través de las chuzadas del DAS y desafueros como las ejecuciones extrajudiciales. Si eso fue así, ¿qué hubiera pasado si la Corte no ataja esa política autoritaria y de represión?

G.B.P.: ¿Qué pasó con el acuerdo llamado Estado Social de Derecho?

M.R.S.:
Creo que el acuerdo se ha diluido, muchas de las fuerzas políticas que apoyaron la promulgación de la Constitución de 1991, como el pastranismo y el gavirismo, rompieron el pacto y de facto instauraron un modelo diferente: el neoliberalismo. César Gaviria, como primer presidente del nuevo orden constitucional, fue fundamental en el acuerdo para construir la Carta pero no fue consecuente para desarrollarla, y por el contrario, introdujo las privatizaciones, la apertura económica, le dio juego al proyecto privatizador de la salud -del por entonces senador Álvaro Uribe- y acabó con la sostenibilidad del agro colombiano.

G.B.P.: ¿Hay un atraso de derechos y garantía?

MRS:
Colombia no ha construido sus instituciones desde la óptica de los derechos, como ordena la Constitución. Por ejemplo, cómo explicar que la Dirección de Planeación Nacional, alto organismo técnico del Ejecutivo donde se definen las directrices más importantes en materia de política pública, ni siquiera tenga una unidad de derechos humanos. Cómo se explica que con todos los pueblos indígenas y afrocolombianos que tiene Colombia, y que hoy ven sus territorios amenazados por grandes megaproyectos mineros y agroindustriales, no tenga en el organigrama institucional una entidad seria en materia de consulta previa. Y ni hablar de la institucionalidad en materia de derechos laborales, o de medio ambiente.

G.B.P.: ¿El Estado Social de Derecho implica una intervención en la economía, bajo la lógica de favorecer a los más pobres y desamparados?

M.R.S.:
La no intervención del Estado en la economía la estamos pagando caro todos los colombianos. Mire el descalabro de billones de pesos de la salud, mire la crisis que trajeron las pirámides, la tragedia social que han desatado las empresas de servicios públicos privadas, el criminal sistema financiero que ha dejado sin vivienda a millones de compatriotas. Y aún así, insisten en un modelo que fracasó en toda América Latina, que produjo la crisis norteamericana y tiene en recesión a buena Parte de Europa.

GBP: Por último, ¿qué avances va a traer la ley de víctimas y de restitución de tierras para el desarrollo del Estado Social de Derecho y la protección de los derechos humanos?

MRS
: La ley de víctimas y de restitución de tierras tiene primero un gran logro: el reconocimiento del Estado de las víctimas y sus derechos. Veníamos de un gobierno autoritario donde las víctimas eran señaladas de terroristas, no había conflicto armado y los desplazados eran migrantes. Ahora, hay una oportunidad de resarcir años de violencia y desidia estatal frente a las víctimas del conflicto pero no va a ser nada fácil. Primero, porque las fuerzas violentas que causaron y causan las tragedias humanitarias siguen en el territorio y van a obstaculizar cualquier proceso de retorno y protección de las personas. Y segundo, porque a pesar de la buena voluntad del gobierno de Santos con las víctimas, reflejada en la política progresista del Ministro Juan Camilo Restrepo, económicamente este es un gobierno neoliberal y será imposible un proceso de desarrollo social, más allá de la restitución de tierras, mientras el Ministro Juan Carlos Echeverry siga adelantando un modelo de desarrollo económico pro-rico. Mejor dicho, para superar la miseria rural de años de violencia y abandono, necesitamos un Agro Ingreso Seguro tan generoso con los campesinos pobres como lo fue para los latifundistas.



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