Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2007/06/09 00:00

La Liga de la Justicia

En Cartagena, una valiente organización de mujeres desplazadas y víctimas de la violencia está logrando reconstruir los hogares perdidos y la esperanza de volver a empezar. José Fernando Hoyos, de SEMANA, estuvo en la Ciudad de las Mujeres.

El pequeño barrio, bautizado con el pomposo nombre de La ciudad de las mujeres, se ha convertido en un refugio y un ejemplo para las mujeres desplazadas del país

Al ver el menudo cuerpo de Marian Parra hundido en el rincón de la cocina, pareciera que ella fuera uno más de los niños que habitan la casa. Está pelando unas yucas para lo que será el almuerzo de los seis hijos que viven con ella. Al ver la presencia de extraños, se levanta y trata de arreglarse un poco la blusa amarrilla y acicalarse la falda. Sus ojos castaño oscuro tienen una profundidad que sólo a medida que empieza a hablar, permite ir descubriendo la tristeza de lo que ha sido su vida. Tiene 41 años, pero sus facciones y su piel curtida de mujer de campo imponen sobre su rostro y su cuerpo la carga de otros años más.

Mientras toma en sus brazos a Surleidis María, su octava hija, muestra con orgullo su casa de 78 metros cuadrados, de paredes de ladrillo gris y piso de cemento. Las puertas de las dos habitaciones son dos viejas cortinas que tratan de disimular la vida precaria que lleva la familia. Desde cuando su esposo fue asesinado por paramilitares, en junio de 2000, intenta sacar adelante a sus hijos, lejos de la parcela de cuatro hectáreas donde las gallinas, los cultivos de aguacate, yuca, ñame y maíz hacían más fácil la vida.

Por la ventana se pueden ver las fachadas de otras casas como las de Marian, pintadas unas con rojo bermellón, otras de un amarillo ocre o unas más con verde oliva, colores que le dan un tono de alegría al lugar, especialmente cuando el sol abrasador golpea y la luz se hace intensa. Marian, al igual que casi un centenar de mujeres desplazadas de todo el país, encontró de nuevo un hogar aquí, en La Ciudad de las Mujeres, un sitio donde echar raíces y construir un futuro para sus hijos.

Estas mujeres han tenido que rehacer sus vidas de las cenizas de la violencia, especialmente paramilitar. Muchos de los responsables del drama que se ve en sus rostros morenos, indígenas, negros, mulatos, mestizos y blancos están recluidos hoy en Itagüí. Mientras esta semana las audiencias de Hernán Giraldo y Luis Alfredo Berrío, alias el 'Alemán', terminaron convertidas en carnavales populares de simpatizantes, estas mujeres y muchas víctimas más pasaron en silencio, sin que nadie escuchara sus denuncias.

La Ciudad de las Mujeres, un complejo de seis pequeñas manzanas, queda en El Talón, una arenosa y seca colina a las afueras de Turbaco, 11 kilómetros al sur de Cartagena, donde la riqueza y la abundancia que se viven en el turístico corralito de piedra aún no han llegado. Prosperidad que, a decir verdad, ni siquiera ha alcanzado a rozar muchas zonas marginales de la misma ciudad, como la humilde barriada de El Pozón. Allí tiene una de sus sedes la Liga de Mujeres Desplazadas y fue esta organización la que logró construir el complejo donde ahora viven Marian y sus vecinas. Ellas dejaron El Pozón y lograron lo que muchos otros desplazados y pobres no han podido: salir del barro, no tener que aguantar el pestilente olor que circula en esta zona sin alcantarillado ni acueducto.

La Liga fue creada en 1999 por Patricia Guerrero, una abogada de rostro y palabras duras que, después de trasegar en una que otra ONG, decidió ayudar a las mujeres desplazadas de algunos de los barrios marginales de Cartagena. A esta ciudad han llegado más de 70.000 personas en los últimos años para refugiase de la violencia de grupos paramilitares y guerrilleros. En vista de que las mujeres, muchas de ellas jefes de sus hogares, debían dejar a sus hijos solos en los ranchos o al cuidado de una amiga, la Liga construyó en El Pozón, con el apoyo de Acnur y Cooperación Española, un pequeño albergue para que algunas vecinas cuidaran los niños. Después empezó a trabajar en derechos humanos, en capacitación y en ayudarles a buscar alternativas para ganarse la vida. El refugio era un pequeñísimo amparo para el vendaval de problemas que allí se vivía, en aumento a medida que la intensidad del conflicto iba arrojando más y más personas a los tugurios de Cartagena.

En 2003 la Liga comenzó su proyecto más ambicioso, buscar la forma de construirles una casa digna a las 300 mujeres que la conformaban. Tras meses y meses de búsqueda infructuosa en entidades encargadas del restablecimiento socioecómico de la población desplazada, la Liga recibió un mensaje alentador en 2004, una carta de la oficina del senador demócrata Patrick Leahy en la que les anunciaba que el gobierno estadounidense les iba a dar, por medio de su ayuda en el Plan Colombia, medio millón de dólares para construir casas. La buena noticia vino acompañada de otra negativa: la plata no alcanzaba para las 300 mujeres asociadas a la Liga, por lo que era necesario buscar más recursos con el Estado.

En vista del poco apoyo que los gobiernos de Turbaco y Cartagena les han dado a los desplazados, las mujeres tuvieron que concursar, junto a miles de colombianos, por los subsidios que ofrece el gobierno para financiar la compra de vivienda popular. En cuanto lograron juntar los recursos americanos y 95 subsidios que recibieron del Estado, la Liga comenzó la construcción del proyecto en las afueras de Turbaco, dentro de los predios La Bonanza, una urbanización popular que llevaba varios años anunciándose en una valla, al lado de la carretera principal, sin que se moviera un ladrillo.

Para reducir los costos y darles oportunidades laborales a algunas mujeres, la organización decidió crear una pequeña fábrica de adobes de cemento. Más de 30 mujeres fueron capacitadas para el oficio y, tras comprar dos aparatosas máquinas, montaron la industria que durante casi dos años produjo los más de 95.000 bloques que se necesitaron para construir las casas.

Las mujeres, los esposos, compañeros e hijos adolescentes ayudaron a cavar para los cimientos e hicieron las veces de auxiliares de construcción. Mientras la comunidad trabajaba, otro grupo de mujeres cocinaba para todos en el centro multifuncional.

En medio del trajín y del anhelo de tener casa propia, aparecían mensajes del pasado. Un grupo de escuadrones de la muerte empezó a dejar cuerpos sin vida de las personas que asesinaban al lado de la urbanización o en un cultivo de maíz que financió la Liga para ayudar a numerosas socias. Luego el terror tocó sus puertas. El 18 de mayo de 2005, Julio Miguel Pérez, con quien Simona Velásquez se había casado hacía 21 años en San Andrés de Sotavento y con quien había huido, junto a sus seis hijos, en 2002, de su pequeña parcela, por amenazas de los paramilitares, fue asesinado a cuchilladas mientras cuidaba las máquinas y la producción de bloques de la Liga.

Él había sido escogido por las mujeres no sólo porque vivía en una casucha de madera cerca de la nueva urbanización, sino por su voluntad incondicional de ayudar y servir a la comunidad. Los autores y las causas de su muerte aún duermen, junto a otras denuncias que ha hecho la Liga por amenazas, desaparición forzada y violación de mujeres y niñas en los despachos judiciales. Frente la irracionalidad de esta muerte, algunas creen que lo mataron para robar los cables de la luz que llegan a las máquinas, con el fin de vender el cobre, un delito muy común en la Costa Caribe colombiana, mientras otras dicen que era un mensaje en contra de la Liga. La muerte de Julio unió más a las mujeres y les dio el impulso para terminar las casas. La Ciudad de las Mujeres fue inaugurada en marzo de 2006. Escogieron el nombre por votación.

La armonía del conjunto residencial contrasta con la pobreza de los hogares. En los pequeños solares se ven pedazos de tejas, tablas, cajas plásticas y basura. En uno de los patios, un pequeño lechón busca donde guarecerse del sol. La economía de sus habitantes es mínima. Para enfrentar este flagelo, la Liga creó MujerCoop y un fondo de pequeños créditos.

En una colina está el centro multifuncional que hoy sirve de colegio a los 130 niños de la urbanización. El Alcalde de Turbaco no ha querido entregarles a las mujeres las zonas de cesión para construir un colegio y un parque, ni mucho menos ayudarles con recursos. Sólo les envió cuatro maestros que deben dar las clases en dos cuartos en los que los niños se hacinan, como si fueran refugiados africanos en una balsa, para aprender a leer y a escribir. "Ahora por lo menos soportan el roce de los otros, pues al principio no lo toleraban y terminaban pegándose y agrediéndose los unos a los otros. Son niños difíciles, que traen un duro pasado", dice la profesora Elizabeth Rojas, una robusta morena, de antiparras doradas, que hace las veces de coordinadora. Los más grandes reciben las clases fuera del edificio, bajo la sombra que ofrecen tres árboles de lorito.

Todos los materiales de la escuela fueron quemados en marzo, cuando el centro comunitario se incendió misteriosamente. Sin duda en el acto hubo manos criminales, pues los bomberos, que llegaron al día siguiente, comprobaron que no se debió a un corto circuito ni a algún accidente. Para ellas, fue una amenaza más de grupos ilegales, posiblemente paramilitares, los mismos que algunas veces han ido en las noches a rozarles las puertas de las casas con machetes. El incendio sirvió para encender las alarmas sobre la necesidad de que las autoridades, en especial el Alcalde de Turbaco, un joven de 26 años, comprenda la importancia de proteger este proyecto, modelo en el país, auspiciado por Usaid, Acnur y el Fondo Global para las Mujeres. De hecho, ganó el Premio Nacional de paz en 2005.

Aunque la justicia no ha encontrado a los autores de estas agresiones, se cree que pueden venir de agentes políticos que ven en la Liga una amenaza a su poder. La otra teoría es que puede provenir de grupos armados, especialmente paramilitares, pues allí viven no sólo mujeres, sino testigos de los crímenes por los que deberán responder ante la justicia.

La Liga demandó la Ley de Justicia y Paz. Buena parte de las 300 mujeres de la Liga considera que la Ley, contrario a su nombre, sólo permitirá la impunidad ante las violaciones de las mujeres, masacres, desapariciones de personas y el desplazamiento forzado. Además, porque, según ellas, no reconoce el derecho de las víctimas a saber la verdad. Muchas de las mujeres de la Liga ya habían dado sus testimonios ante la Defensoría del Pueblo. En marzo de este año, los dos computadores y las carpetas en las que reposaban estos y otros cientos de denuncias fueron robados. de esa dependencia en Cartagena. Lo preocupante es que los denunciantes aparecen con nombres, apellidos y lugar de residencia.

A Marian Parra no la desvela que hasta el momento no haya noticia de los autores del robo. Ella sólo trata de encontrar, mirando a los cerros que se ven desde su casa, las imágenes y las palabras para narrar el asesinato de su esposo. La familia vivía en La Angostura, una vereda cercana al Carmen de Bolívar, territorio que, por ser un corredor hacia el oriente del país y por estar cerca de unas serranías que permiten refugiarse del asedio militar, se lo han disputado la guerrilla y los paramilitares.

La familia salió tras las amenazas de muerte, pero Víctor Medina decidió regresar al día siguiente a sacar un cultivo de ñame y algunas pertenencias. Cuando salía de la vereda, fue muerto a tiros. Ella nunca denunció lo ocurrido. Desde ese día, su única preocupación fue sacar adelante a sus siete hijos. Mientras se seca las lágrimas con una de las cortinas, reconoce que el apoyo de sus vecinas y sus hijos le da ánimos para seguir adelante. En sus brazos tiene a Surleidis, su hija menor, de ocho meses, que tuvo con un segundo amor, un mototaxista que sin mayores razones la abandonó cuando quedó embarazada. Sus dos hijos mayores viven en Cartagena.

Le da tristeza la finca y lo que perdió, pero ve en la Ciudad de las Mujeres la mejor alternativa para salir adelante, así se pasen trabajos y se asuman riesgos. Ella sabe que una Liga de mujeres organizada, que recibió una mención de honor del Premio Rey de España de Derechos Humanos este año, que busca hacer justicia en un país que es duro con las mujeres desplazadas, es poderosa. En medio de su tristeza no está sola. Esa es su fortaleza.

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