Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 3/15/1999 12:00:00 AM

LA LISTA DE CLINTON

La Corte Constitucional decidirá la suerte de tres colombianos condenado a muerte civil por <BR>aparecer en un documento del gobierno norteamericano.

Desde que en abril de 1996 su nombre apareció en una lista de 282 personas y empresas
sindicadas por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico y colaboración con el cartel de Cali,
Francisco Jairo Barreneche comenzó a sentir las consecuencias de quedar muerto civilmente: el Banco
Santander canceló su cuenta de ahorros, su trabajo como asesor de fincas se redujo y algunos amigos le
dieron la espalda. La lista fue publicada por El Tiempo después de que la Asociación Bancaria la
distribuyera entre las entidades financieras con la advertencia de que quienes tuvieran relaciones
comerciales con los allí mencionados serían objeto de drásticas sanciones, que incluían el veto para hacer
negocios con la banca norteamericana. Las medidas y la relación de nombres provenían del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos por una orden ejecutiva del presidente Bill Clinton, quien en octubre de 1995
decidió reforzar el combate contra el lavado de activos del narcotráfico. La denominada 'Lista Clinton' fue
divulgada desde entonces en la página de Internet del Departamento del Tesoro y en las redes del sistema
financiero y comercial en el mundo. Allí aparecían incluidos desde convictos por narcotráfico, como Gilberto y
Miguel Rodríguez, hasta el ex jugador de fútbol Willington Ortiz y algunos empleados de empresas de
propiedad de los jefes del cartel de Cali como Drogas la Rebaja. Advertidas sobre las sanciones, las
entidades financieras se apresuraron a cancelar las cuentas de quienes estaban en la lista. Las medidas
ordenadas por Clinton no fueron objetadas por el gobierno de Ernesto Samper. En ese momento estaba en
juego la certificación y las relaciones entre ambos gobiernos atravesaban por una de las etapas más
críticas. Los norteamericanos estaban indignados por la absolución a Samper en el juicio por la
narcofinanciación de su campaña. El clamor de los inocentesAunque Barreneche no sabía las razones por
las que aparecía en la lista, supuso que lo incluyeron por haber trabajado durante seis meses como asesor en
la cría de reses de la empresa Ganadera Limitada, propiedad de los jefes del cartel de Cali. Pero este
zootecnista de la Universidad de Antioquia no era el único afectado. Un drama similar vivían Gilberto
Gaviria Posada, Luis Enrique Villalobos Castaño y cerca de 50 personas más que trabajaron en empresas
de fachada del cartel de Cali. Todos quedaron muertos comercialmente: les cancelaron las cuentas bancarias,
las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios. Aunque no se conoce cómo fueron recolectados los
nombres hay quienes opinan que si se aplicara el criterio de sancionar a quienes han tenido alguna relación
comercial con los jefes del cartel de Cali casi la mitad del país quedaría incluido.Por eso ni Gaviria,
Barreneche ni Villalobos estaban dispuestos a resignarse. Por separado acudieron a la Fiscalía y al DAS,
que expidieron constancias de que no existían investigación ni procesos penales en su contra. Con esos
documentos acudieron a los bancos, pero las puertas continuaron cerradas. Sus nombres aparecían en el
manual de prevención de lavado de activos. En busca de ayuda acudieron individualmente a la Defensoría
del Pueblo, a la Procuraduría y al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde les dijeron que nada podían
hacer para ayudarles. Los tres decidieron entonces interponer tutela en contra de la Asobancaria, los bancos
de Bogotá y Santander y las corporaciones Davivienda y Ahorramas, con la intención de recuperar su acceso
al sistema financiero. Pero los jueces de primera instancia fallaron en su contra basados en dos argumentos:
la autonomía de las entidades financieras para establecer o no relaciones comerciales con sus clientes y su
falta de competencia para estudiar medidas del gobierno norteamericano.
Suplica al Tio Sam
Pero continuaron con su lucha. Cargados de documentos que demostraban un pasado judicial limpio,
Barreneche y Gaviria se dirigieron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá para pedir que sus
nombres fueran excluidos de la lista. Explicaron su situación a funcionarios que no se identificaron y que
después de varias consultas les dijeron que el único recurso que les quedaba era enviar una carta al
Departamento del Tesoro en Washington. Barreneche decidió jugarse su última carta y en abril de 1998
envió una petición al Departamento del Tesoro. Este le respondió que su solicitud estaba en proceso de
estudio. En diciembre de 1998 esa entidad le comunicó que habían decidido borrarlo de la lista pero con la
condición de que firmara un documento que lo comprometía en el futuro a denunciar, de tener
conocimiento de ello, a personas vinculadas con el narcotráfico. Sin embargo, y a pesar de haber aceptado
las condiciones, Barreneche no ha sido borrado hasta la fecha de la lista Clinton. En manos de la corte
Las tutelas negadas en primera instancia a Barreneche, Gaviria y Villalobos fueron seleccionadas para
revisión por la Corte Constitucional en julio de 1998 y el fallo está a punto de ser proferido. Los magistrados
enfrentan una decisión de grandes implicaciones: por una parte, las medidas de Clinton, con la lista y sus
sanciones, violan el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la Corte debe
considerar la protección de los derechos de los afectados que han demostrado no tener vínculos con el
narcotráfico. De otra parte, la amenaza de sanciones contra los bancos que tengan relaciones con las
personas de la lista pone en jaque a las entidades bancarias. Si la Corte las obliga a tener relaciones
comerciales con las personas de la lista podrían quedar inhabilitadas para tratar con la banca
norteamericana, lo que también podría significar su ruina. Tanto la Asobancaria como los presidentes de varios
bancos y corporaciones dijeron a SEMANA que solo se pronunciarán cuando se conozca el fallo de la Corte.
Para un experto en derecho internacional consultado por SEMANA "la lista Clinton es una muestra de la
tendencia de Estados Unidos de aplicar sus leyes extraterritorialmente, como ocurre con el proceso de
certificación". Calificó de "poco probable" impugnar las medidas ante la Corte Suprema de Estados Unidos
porque la Constitución y la jurisprudencia norteamericanas no protegen los derechos de ciudadanos ni
entidades fuera de su territorio. Una de las alternativas que estudia la Corte es ordenar al gobierno a que
defienda diplomáticamente a sus ciudadanos ante el gobierno de Clinton. Pero en realidad el reto de la Corte
Constitucional, en medio de las implicaciones políticas y económicas del caso, es buscar una fórmula
para conciliar la protección de los derechos de los afectados de la lista que han demostrado su inocencia y
evitar que las entidades bancarias se vean condenadas a sufrir las sanciones anunciadas por el gobierno
norteamericano.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1829

PORTADA

Gran encuesta presidencial

Vargas Lleras arranca fuerte, Petro está estancado, Fajardo tiene cómo crecer y los partidos tradicionales andan rezagados. Entre los uribistas, Ramos se ve fuerte. Y Santos tiene 35 por ciento de aceptación. Gran encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y SEMANA.