La lucha silenciosa contra la corrupción

El mismo día que se celebra la lucha internacional contra la corrupción, el presidente Juan Manuel Santos reveló un nuevo fraude y denunció que seis personas les cobraban a las personas por acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
 
Se hacían pasar por tramitadores y cobraban a los desplazados para acceder a los beneficios que otorga el Estado. “Si me da el 30 por ciento hago que les paguen rápidamente”, contó Santos, al hacer referencia de la forma cómo de manera descarada se pedía tajada a cambio de permitir el funcionamiento de los procedimientos legales.

La revelación de este nuevo desfalco es uno más entre los múltiples actos de corrupción que sacuden al país semana a semana, mes a mes. Cadenas de denuncias que hablan de millonarias pérdidas, defraudación que afecta tanto al sector público como al privado, hechos que corroen buena parte de las instituciones gubernamentales y que termina por minar la confianza en los colombianos.

“Lo más difícil es volver a hacer confiar a los ciudadanos en las iniciativas que existen contra la corrupción, porque están cansados de que cada vez los esfuerzos sean aprovechados por los corruptos”, explica Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, organización que lidera la iniciativa de control social que reúne a organizaciones ciudadanas que se convierten en guardianes silenciosos de la lucha contra la corrupción.
 
“Desde Transparencia hemos hecho el acompañamiento a 23 iniciativas, que involucran a 55 organizaciones sociales para el seguimiento de 7,5 millones de dólares, dinero público destinado a programas de derechos básicos”, dice Luz Ángela Ramírez, coordinadora del proyecto de veeduría ciudadana de Transparencia por Colombia.
 
El proyecto, que termina este mes, tuvo importantes procesos en diferentes ciudades del país. Uno de los más importantes ocurrió en Cali, donde las organizaciones que ejercían el seguimiento a los recursos de la educación comprobaron hace más de un año como un mismo niño aparecía matriculado en tres colegios. Este escándalo que se conoció como el de los niños fantasmas y que fue ventilado hace pocos días por el gobierno, originó que varios concejales de esa ciudad terminaran en la cárcel.
 
En Cartagena, Leandra Castrillón, y su fundación Pompeya, hizo el seguimiento a los recursos que destinó el programa de inclusión social para niños con discapacidades para que pudieran acceder a la educación pública. “Al principio de la veeduría encontramos que desde los centros educativos se decía que había más gente matriculada para que se les entregaran más recursos”, relata.
 
La tarea no es fácil. Según Leandra, depende mucho de la voluntad de los funcionarios y “de si quieren entregar la información oportuna, hay muchos que no lo hacen y entonces toca acudir a los derechos de petición; la información tarda y no se da en el momento que uno la necesita”, comenta Castrillón.
 
En Bogotá, la organización Ocasa, que trabaja contra la corrupción únicamente con la participación de jóvenes, ha controlado distintas iniciativas. Su directora, Gina Romero, relata cómo varias administraciones locales entorpecen estos procesos. “Hay sitios como Arauca en donde hacer control es imposible, porque es poner en riesgo a la gente que lo hace. Otro caso es en Cesar donde la corrupción hace parte de la cultura y ni las administraciones ni las sociedades acceden a hacer el control”.
 
Desde Ocasa empezarán a promover desde el martes 13 el programa ‘Corrupción en off’, una serie de capítulos que se emitirán cada mes a través de internet, en la página www.priradiotv.com y que busca “hacerle la vida más difíciles a los corruptos”, según su directora.
 
A pesar de los logros alcanzados por estas iniciativas, “no podemos decir que el total del dinero llegó a buen puerto”, reconoce Luz Ángela Ramírez. Sin embargo, y según la coordinadora del proyecto, lo importante es fortalecer estos seguimientos, prevenir la mala práctica y que las instituciones obedezcan las recomendaciones.
 
Las distintas iniciativas coinciden en la dificultad en el acceso a la información que existe. Como se sabe, el derecho a la información es un derecho humano como el derecho a la vida.

Desde Transparencia aseguran que el control social ha ayudados a mitigar que los actos de corrupción se lleven los recursos para los menos favorecidos y concluyen diciendo que el problema de la corrupción no se puede cuantificar.
 
Y es que si usted quiere saber de qué tamaño es el impacto, tome conciencia de que, como dicen quienes luchan sin pausa contra la corrupción, “el daño fundamental es que así se le está negando a un niño la posibilidad de ir a la escuela, de que las comunidades tengan agua potable y de que el país piense siquiera en contar con un futuro a largo plazo”.