La mafia que vendía predios destinados a las víctimas del conflicto

La restitución de tierras y bienes destinados a reparar a las víctimas del conflicto ha sido blanco de varias mafias que buscan apropiarse de este botín.

Desde el año pasado, la Policía y la Fiscalía se dieron cuenta de que algunas de las propiedades de narcotraficantes y exparamilitares incautadas en diferentes regiones del país estaban siendo libradas como si no fueran producto de negocios ilícitos.

Por ese motivo, comenzaron una investigación en contra de una organización que desde 2015 se dedicó a defraudar las arcas del Estado y el dinero que en teoría debió estar dedicado a la reparación de víctimas.

Esta mañana, el presidente de la República, el director de la Dijin y el delegado de seguridad ciudadana de la fiscalía anunciaron la legalización de captura de trece personas (12 hombres y una mujer) supuestamente responsables del millonario fraude.

Aparentemente, el modus operandi del grupo consistió en levantar las medidas cautelares que recaen sobre las propiedades de  la SAE por medio de la compra de peritos que les permitieron vender los predios a terceros.

A partir de esta cadena de transacciones habrían buscado conformar una causal de buena fé para quedarse con las propiedades que en otro tiempo pertenecieron a grupos ilegales y debieron servir para reparar a las víctimas del conflicto.

Ese fue el caso de la finca de Turbaco perteneciente a los hermanos Rodríguez Orejuela que se negoció en 360 millones de pesos a pesar de que la propiedad costaba 3.600 millones

Según conoció Semana.com, en el momento de la captura se incautaron 70 documentos de escrituras, 120 millones de pesos en efectivo, 70 carpetas con documentos de bienes con las reseñas de predios del Fondo de Reparación y la SAE.

Entre los bienes que se habían vendido estaban fincas en Barú, Turbaco -esta pertenecía  a los Rodríguez Orejuela-, La casa Gacha en Bogotá, La huerta en Planeta Rica, Córdoba; La Mandinga, en el bajo cauca antioqueño; San Felipe y La Ilusión en San Martín, Cesar.

En el seguimiento hecho por las autoridades, se encontró que los compradores tenían enriquecimiento sin demostrar por más de mil millones de pesos en un año.

Según fuentes de la fiscalía, en la operación presuntamente participaron un miembro activo del CTI, un ex empleado del Congreso de la República y varios funcionarios de instituciones tales como el Fondo de Reparación a las Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De estos, los apellidos más llamativos serían los de Néstor Eduardo Imbett, quien fue secretario de la comisión cuarta del Senado entre 1998 y 2006 y Diego Alejandro Escobar, exfuncionario del Fondo para la reparación de víctimas hasta 2014.

Durante las audiencias por venir, los presuntos responsables de la estafa serán imputados por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos al adquirir de manera fraudulenta 10 predios avaluados en 120 mil millones de pesos.

Estas capturas hacen parte de la cuarta fase de la operación Victoria, adelantada desde hace más de dos años que ha permitido la captura de falsas víctimas de restitución de tierras, de tramitadores, funcionarios que se prestan para actividades ilegales y ahora, de comercializadores ilegales de predios de la nación.

"Necesitamos de la colaboración de la ciudadanía para que nos indique donde podemos destapar más ollas podridas", destacó por su parte el Presidente de la República Juan Manuel Santos antes de agregar que el próximo paso consistirá en extinguir los bienes adquiridos por el grupo delictivo.