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| 4/2/2011 12:00:00 AM

La mala educación

Los actos vandálicos en universidades de varias ciudades demuestran que la autonomía no puede permitir repúblicas independientes, y que el pulso por la reforma de la educación propuesta por el gobierno apenas comienza.

El ambiente en las universidades públicas está caldeado, pero muy pocos colombianos han logrado entender las razones de las pedreas, los actos vandálicos y los enfrentamientos con la fuerza pública que se vivieron en varias ciudades del país y que hicieron pensar a muchos padres si estaban enviando a sus hijos a prepararse para ser doctores o ingenieros, o para ser delincuentes.

En Bogotá, las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica fueron escenario de pedreas y protestas. Lo mismo ocurrió en la Universidad de Antioquia, en Medellín; en la Pedagógica de Tunja y en la de Nariño, en Pasto, en donde un estudiante murió y otros resultaron heridos por manipular pólvora, entre otras. La presencia de personas encapuchadas que, según el general Óscar Naranjo, respondían a una "estructura terrorista", llevaron al presidente de la República, al vicepresidente y a varios ministros a repudiar estas manifestaciones violentas.

Más allá del ruido de las papas, del humo de los gases lacrimógenos y del desolador panorama que deja una pedrea, lo que quedó en evidencia son las dificultades por las que están atravesando varias universidades públicas, como las de Caldas, Nariño y Antioquia, que no logran encontrar su norte, y, por el otro lado, los temores que está generado la reforma a la educación que quiere hacer el gobierno nacional.

Hace un par de semanas, el presidendente Juan Manuel Santos anunció una proyecto de ley que busca aumentar la cobertura del 37 al 50 por ciento de la población, es decir, pasar de 1.680.000 estudiantes a 2.200.000 en 2014. Además, pretende mejorar la calidad de la educación, aumentar los recursos para estudiantes pobres y los recursos públicos para las universidades públicas. La preocupación del gobierno, según dijo la ministra de Educación, María Fernanda Campo, es que en este momento hay 3.200.000 jóvenes que se graduaron de bachillerato desde 2000, pero no pudieron ingresar a la educación superior o desertaron de ella. Si a eso se suma que en 2010 salieron 625.000 jóvenes y que en 2014 serán casi 800.000, se requiere con urgencia crear programas pertinentes y de calidad.

Pero para dar este salto se requieren, según el gobierno, unos 2,4 billones de pesos. De ahí que la propuesta del gobierno sea permitir la entrada de capital privado a la educación que financie la mitad de esos recursos, a cambio de obtener un lucro. Esto se podría hacer creando nuevas universidades privadas en las que sus dueños puedan ganar plata; aliándose con centros sin ánimo de lucro que ya existen y cambiando su naturaleza, o desarrollando programas de investigación o innovación con las públicas.

Precisamente la llegada de capital privado y del lucro es el punto que más polémica ha generado. La comunidad universitaria siente que el Estado ha hecho desde 1992, cuando expidió la Ley 30, muy pocos esfuerzos para financiar la educación superior. De hecho, la llevó a buscar recursos propios a través del aumento de matrículas, la venta de servicios, o a restringir sus gastos en maestros o en la oferta de carreras o programas. Y siente, como lo ha dicho el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, que la guerra, las pirámides financieras o el invierno han llevado al Estado a buscar recursos que le ha negado a la educación superior.

"El proyecto es una huída sutil del Estado en la educación superior", dijo Ana Sofía Mesa, rectora de la Universidad del Atlántico. La ministra Campo dijo que el proyecto no va a acabar con la universidad pública. "Por el contrario, la va a fortalecer, pues llegarán, como nunca antes, recursos adicionales del presupuesto y de regalías. Los 410.000 millones que deberán llegar en los próximos tres años deberán privilegiar el aumento de cobertura y programas en las regiones, aumentar la oferta de buena calidad, la formación de profesores, y el mejoramiento de la transparencia y el buen gobierno".

Pero la expectativa que el gobierno generó durante varias semanas con el proyecto y la tardía publicación del articulado hicieron que muchos temores surgieran alrededor de la reforma, incluso entre los rectores. "Hoy muchos estudiantes y profesores creen que detrás del anuncio de la llegada del capital privado llega el 'coco' de la privatización, que vienen anunciado desde los años setenta", dijo un profesor titular de la Nacional.

La gran duda que tienen varios rectores de universidades públicas y privadas consultados por SEMANA es si esta reforma es el mejor camino para conseguir las metas que quiere el gobierno. Aumentar en 610.000 el número de estudiantes es crear 12 universidades del tamaño de la Nacional en tres años. Algo que, según ese centro, requeriría 45.000 nuevos profesores y una infraestructura que cuesta más de 2,4 billones de pesos. En respuesta, la ministra dice que se puede lograr el salto con la incorporación de nuevas tecnologías o de programas y clases virtuales, además de aprovechar la infraestructura actual.

Carlos Angulo, rector de la Universidad de los Andes, cree que el gobierno y el sector universitario se deberían centrar en disminuir la deserción, que es del 50 por ciento, lo que aumentaría de inmediato la cobertura.

Otra duda que se genera es la de la calidad. El proyecto propone darle autonomía al Consejo Nacional de Acreditación, para que sean los pares académicos quienes se evalúen y aprueben programas, pero se arrogan a el Ministerio unos poderes de vigilancia y control que pueden ser una amenaza.

Por lo pronto, el proyecto será presentado al Congreso de la República después del 20 de julio, lo que significa que habrá tiempo para que el gobierno explique y aclare tantas dudas que hay sobre su reforma: cómo la va a financiar; qué va a hacer para fortalecer la universidad pública, su autonomía; qué va a hacer para mejorar la calidad de tanta universidad de garaje; a dónde quiere que llegue el capital privado y quién lo va a vigilar. A su vez, las universidades podrán plantear sus ideas, que ojalá rompan la premisa de pedir y pedir más recursos sin que se les pueda exigir por la forma como gastan los recursos públicos, por el rendimiento de sus profesores y empleados o por la calidad de la educación que están impartiendo, entre otros temas que preocupan.

Sin duda, habrá más marchas y protestas, como la que se anuncia para este jueves. Lo importante es que haya una confrontación de ideas y no de piedras. Y que grupos como las Juventudes Camilistas, TNT, Juco o las Juventudes Bolivarianas, estas últimas financiadas por las Farc, entre otros grupos de izquierda o de derecha que son minoría en las universidades, no destruyan la discusión abierta y constructiva que ya hay en el seno de los campus.

La participación de encapuchados y los actos vandálicos no solo dejaron en claro que los rectores no controlan sus territorios. También mostraron que detrás de la autonomía universitaria hay grupos ilegales y mafias de tráfico de drogas, de productos piratas, fotocopias y ventas ambulantes que han construido repúblicas independientes a costa y en contra de un patrimonio que es del Estado, o sea de todos.

La educación superior necesita con urgencia una reforma profunda. Todos lo saben y están de acuerdo. El proyecto que hay tiene cosas buenas y malas que requieren ajustes y cambios para lograr una educación que se acerque a las mejores del continente.
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