La mala hora de la Corte Suprema

Por una curiosa coincidencia, el pasado viernes fue el último día en la Corte Suprema de Justicia para el magistrado Francisco Ricaurte y el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Los dos, a su manera, fueron protagonistas de una de las épocas más importantes en la historia de ese alto tribunal. Velásquez se convirtió en el símbolo de la investigación de la parapolítica. Y a Ricaurte, como presidente de la Corte, le tocó manejar el año más crítico de los seguimientos del DAS a los magistrados.

No solo es una coincidencia que los dos se vayan el mismo día sino que lo hacen en momentos en que la Corte Suprema, después de convertirse en la heroína de los sectores de opinión del país, pasa por una racha difícil. Hay casos conocidos de los últimos meses que la han puesto en entredicho. Como el lío en el que se metió la sala penal al anunciar una denuncia sin pies ni cabeza contra la columnista Cecilia Orozco. Luego tuvieron que echar para atrás el anuncio. O la elección de Alejandro Ordóñez como candidato a la Procuraduría sin hacer convocatoria pública de candidatos. Con lo cual, como dice la coalición Elección Visible, la Corte "abandonó los estándares de publicidad y transparencia que se habían logrado en el pasado". Cabe recordar que incluso a Edgardo Maya, cuando buscó su reelección como procurador, le tocó inscribirse en la convocatoria pública como un candidato más, para ser postulado de nuevo por la Corte.

También se han dado otros episodios menos conocidos que dejan igualmente mal parada a la Corte. Como el fallo que se conoció la semana pasada en el que el Consejo de Estado condena a la Rama Judicial a pagar poco más de 100 millones de pesos por un error de interpretación de la sala laboral de la Corte Suprema. En la Corte están dispuestos a impugnar ese fallo pero no deja de ser diciente que el Consejo de Estado le corrija la plana a sus colegas de la Suprema.

Pero tal vez los dos temas que más llaman la atención de esta nueva Corte son lo que Cecilia Orozco llamó la 'clientelización' de algunos de sus magistrados y el futuro de la parapolítica.

No habla bien del alto tribunal el hecho de que desde hace varios meses solo haya 18 de los 23 magistrados porque no han podido ponerse de acuerdo para llenar las cinco vacantes (ahora seis con la de Ricaurte). No es la primera vez que tienen problemas para elegir nuevos magistrados, lo preocupante es que cada vez es más evidente que priman criterios políticos o de favoritismo a la hora de elegirlos.

El episodio de la postulación del procurador ha dejado en evidencia hasta donde ha llegado lo que el periodista Daniel Coronell llamó 'favores cruzados' entre la Procuraduría y la Corte Suprema. Y han salido a relucir ejemplos de cuotas de magistrados en la Procuraduría: como el de Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal, que tiene allí a su esposa Ana Josefa Velasco; y en el caso de Javier Zapata, el hoy presidente de la Corte Suprema, se trata de su cuñada Olga Lucía Cadavid, nombrada en la Procuraduría hace un año. Zapata, por ejemplo, no se declaró impedido para dar su voto para postular a Ordóñez a la reelección.

Tratándose de la Corte Suprema no es un simple caso de clientelismo. El problema es que en la medida en que los magistrados les abren la puerta a las componendas políticas cada vez más se sacrifican las calidades jurídicas.

En ese orden de ideas los voceros de la Corte no han podido explicar de manera convincente el retiro de Iván Velásquez de la coordinación de la investigación de la parapolítica, cargo que venía desempeñando con resultados reconocidos por todo el país desde hace seis años. Su retiro tiene que ver conque perdió el apoyo que tenía en la Sala Penal, pues se retiraron magistrados como Yesid Ramírez y Augusto Ibáñez que lo respaldaban. Pero también con el viraje que ha dado la Corte Suprema, el sector más inquisidor ha ido perdiendo terreno ante el más político debido al cambio de magistrados.

Por ahora es necesario esperar a ver qué sucede con la investigación de la parapolítica, que es, de cierta manera, patrimonio del país. La Corte Suprema se está jugando su credibilidad y el país gran parte de su justicia.