La mala hora del Magdalena

Cinco de los siete alcaldes elegidos por los samarios desde 1988 no terminaron el periodo: fueron separados de sus cargos y encarcelados. El actual, Juan Pablo Diazgranados, debe sortear un largo año electoral, en el que los opositores van a querer arrojarlo por la ventana utilizando en su contra los problemas que por décadas ha tenido la ciudad.

En el departamento la situación no es menos tensa. De los cinco gobernadores anteriores, solo Juan Carlos Vives (1998-2000) no ha estado en la cárcel; y el actual, Omar Diazgranados (2008-2011), está viviendo desde los primeros días de diciembre un vía crucis judicial por la solicitud de la Contraloría de separarlo del cargo por la compra, con presuntos sobrecostos, de 30.000 kits escolares.

El gobierno nombró al general (r) Manuel José Bonnet, quien se posesionó y ejerció por un fin de semana, pero el Gobernador logró frenar su destitución por vía de tutela y regresó a su despacho. Esta semana, un juez de Santa Marta debe resolver una apelación contra la tutela fallada a favor del funcionario.

El Gobernador dice que todo es una persecución política en su contra desde Bogotá y que el alcalde Juan Pablo Diazgranados metió la mano en su contra. Cuando fue separado del cargo, en diciembre, afirmó que él no es de los Diazgranados de abolengo del club Santa Marta que tienen alcaldía y ministerio, en una clara alusión al Alcalde y al ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Diazgranados, quienes son primos y miembros de una familia con larga tradición política (sin parentesco con el Gobernador). Pero lo que este no dice es que él lleva siete años mandando en el departamento: primero, como secretario de la administración de Trino Luna -condenado por nexos con paramilitares-, quien lo señaló como su delfín, y ahora, como gobernador. Contra Omar Diazgranados hay 32 investigaciones en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.

La integridad del alcalde Juan Pablo Diazgranados no está en entredicho judicialmente, pero la crítica situación de la ciudad lo tiene contra la pared. El 20 de enero hubo una marcha de protesta por el rebosamiento de las aguas negras, la acumulación de basuras y los malos olores en las calles de esta capital turística. Cuando llueve mucho, como ocurrió entre octubre y diciembre, la gente destapa las alcantarillas, y en barrios como Pescaíto, Pradito, Los Almendros, Bastidas y 20 de Julio, la fetidez se extiende. La situación llegó a ser tan grave que las aguas negras comenzaron a filtrarse por los patios de las casas, y estalló el descontento cuando el fenómeno llegó a sectores de clase media alta y a la zona comercial de la avenida El Libertador.

El último aguacero fue el 24 de diciembre, pero un mes después el agua sigue inundando, ya no por las lluvias, sino por cuatro quebradas que bajan desde altos de Bahía Concha. Lo grave es que una de esas corrientes atraviesa el relleno sanitario de Palangana, arrastrando con su hilo de agua los lixiviados que escurren las basuras. El Alcalde dice que la solución es la construcción del colector pluvial Bastidas-Mar Caribe, que recoge todas las aguas que vienen de esas quebradas, pero en el mejor de los casos estaría listo en dos años.

Muchos en Santa Marta atribuyen estas inundaciones a la construcción de la Marina Internacional del grupo Daabon, que sacó centenares de toneladas de piedras para construir una dársena en la bahía de la misma cuenca donde se originan las cuatro quebradas. Dicen que fue una concesión que le hizo el Alcalde a este grupo empresarial, con el cual trabajó. El Alcalde replica que los permisos para el funcionamiento de la Marina los otorgó la Dimar; para la explotación de la cantera el Ministerio de Minas y la licencia ambiental Corpomag, antes de que empezara su administración. El Alcalde pidió al Ministerio de Medio Ambiente determinar si la explotación de las canteras es la causante de esta problemática.

La polémica no termina ahí. Así como el Gobernador acusa al Alcalde de intervenir ante la Contraloría y el Ministero del Interior para separarlo del cargo, este denuncia que la marcha en su contra del pasado 20 de enero fue auspiciada por el gobierno departamental, que, desde hace meses, según el Alcalde, financia programas radiales que denigran contra su gobierno.

Por ahora lo único claro, más allá de la pugna entre los dos políticos, y luego de 25 años de elecciones populares en el Magdalena y su capital, Santa Marta, es que la gestión de sus gobernantes no ha logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes . En ese departamento del país, una de las más bellas joyas paisajísticas del territorio nacional, la política, más que un espacio para solucionar los problemas de la gente, es una maldición que los empeora.