La mala hora de Sabas

El primero de dicimbre de 2004, el entonces ministro del Interior Sabas Pretel se levantó convencido de que él sería el próximo candidato a la Presidencia por el Partido Conservador. No le cabía duda de que se había ganado a pulso ese derecho. La noche anterior había coronado tal vez la faena más importante de su carrera política: logró que el Congreso reformara un ‘articulito’ de la Constitución para que Álvaro Uribe se pudiera hacer reelegir como Presidente en 2006.

Pero su convicción de aquella noche se derrumbó por completo la semana pasada, cuando la Fiscalía lo acusó de haberle ofrecido prebendas a Yidis Medina para que cambiara su voto a favor de la reelección presidencial. Ese voto, que en ese momento le produjo la mayor alegría de su vida como político, pues sin él se habría caído la reelección, es ahora también el motivo de su mayor desgracia.

El proceso judicial, que ya lleva dos años, hizo de su estadía en Roma, donde se desempeñaba como embajador, un verdadero infierno. Pero lo peor es que como están planteadas las cosas, según fuentes del Palacio de Justicia, no se descarta que termine en la cárcel. ¿Por qué? El paso que sigue para él es interponer un recurso de reposición ante la misma Fiscalía. El encargado de resolverlo es el vicefiscal general de la Nación,
Fernando Pareja, es decir, el mismo que lo acusó del delito de ‘cohecho por ofrecer’. En la práctica, el recurso es un ritual que escasamente le servirá a Sabas para ganar algunos días para preparar su defensa. Luego le tocaría ir a juicio en la Corte Suprema. Y este tribunal, por estos mismos hechos y con las mismas pruebas, ya condenó a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño.

La esperanza que le queda a Pretelt es que el delito que le imputan tiene una pena mínima de tres años y, en caso de que sea esa la que le impongan, sería excarcelable. Sin embargo, la Corte no se ha caracterizado propiamente por la mano blanda en este escándalo. Tanto a Yidis como a Teodolindo les aplicaron la pena máxima de ocho años de cárcel porque el delito iba en “menoscabo de los valores que nutren un modelo de Estado democrático”. Luego la Corte le redujo a Medina la pena a poco menos de cuatro años porque la ex congresista había confesado el delito y se acogió a sentencia anticipada.

El caso de Sabas Pretelt se había convertido en una verdadera papa caliente. La Fiscalía ya llevaba poco menos de dos años sin resolverlo. Primero le tocó asumirlo al entonces fiscal general Mario Iguarán, pero este se declaró impedido por haber sido tiempo atrás su viceministro. En ese entonces el expediente le tocó al vicefiscal Guillermo Mendoza, hoy fiscal encargado, y pasó más de un año engavetado.

Entre tanto, en la Procuraduría hacía trámite también un proceso disciplinario en contra del ex ministro. El entonces procurador Edgardo Maya, como lo reveló SEMANA en su momento, dejó sobre su escritorio un borrador de fallo que lo condenaba. Pero no se atrevió a firmarlo. Y tampoco el procurador entrante, Alejandro Ordóñez, que le cambió varios párrafos y resolvió absolver a Sabas.

Sin duda no era un caso fácil. Y el hoy vicefiscal encargado Fernando Pareja, a quien le tocó asumirlo en agosto pasado, finalmente se dio la pela de tomar una decisión tan compleja como esta. En la voluminosa resolución, de 253 folios, el vicefiscal relaciona un centenar de testimonios y pruebas documentales y técnicas para acusar al ex ministro de ‘cohecho por ofrecer’.

Para el vicefiscal es claro que Yidis Medina cambió su voto para sacar adelante la reforma de la reelección por las dádivas que le ofreció Sabas. El 4 de junio de 2004 votó a favor de la reelección, a pesar de que tres días antes había suscrito un acuerdo con otros 17 parlamentarios para hundirla. Está probado que tras la voltereta varios allegados a Yidis fueron nombrados en cargos públicos, dos en el propio Ministerio del Interior. La Fiscalía tiene registro de varios ingresos de Yidis, en compañía de esas personas, al despacho del ministro Sabas y no cree que esas visitas fueran para hablar de pobreza infantil, como este lo asegura.

En la acusación, la Fiscalía dice que Pretelt también logró, vía tajada burocrática, que el representante Teodolindo Avendaño no asistiera a la memorable sesión de la Comisión Primera de la Cámara en la que se aprobó el proyecto de reelección. La votación final fue de 18 votos a favor frente a 16 en contra, la mínima diferencia necesaria para que el proyecto pasara a la siguiente fase.

Este caso tiene algo de paradójico. Y esa paradoja tiene que ver en parte con lo que dijo el presidente Álvaro Uribe luego de conocer la decisión de la Fiscalía: “Se está confundiendo lo que ha ocurrido toda la vida en Colombia (...) con el cohecho”. Y explicó que lo que hizo el gobierno fue “dar representación, estudiar recomendaciones”. El mismo argumento que ha sostenido sin suerte la defensa del embajador, que renunció el jueves pasado a su cargo diplomático.

Y eso es cierto desde el punto de vista de lo que ocurre en la realidad. Es probable que buena parte de las notarías que se han otorgado en el país sea como recompensa por algún voto en el Congreso. Y sin duda todos los ministros del Interior se han encargado de ofrecer “participación” en el gobierno a cambio de votos. Pero el hecho de que siempre haya sido así no quiere decir que no sea ilegal. Por lo menos así lo creen la Fiscalía y la Corte Suprema.

Lo que hizo distinto este caso, además, fue la confesión de Yidis Medina. Ese mismo gesto de dar puestos, que antes era interpretado como legítima participación burocrática, ahora, luego de que ella dijo que le compraron el voto, se convierte en el presunto delito de cohecho.

El presidente Uribe también dijo que le dolía “que todo se haga sobre la base del testimonio de una persona cuya capacidad de mentir está plenamente acreditada”, al referirse a Yidis Medina, que hoy tiene casa por cárcel. Y sin duda para el país es claro que la ex congresista no brilla por su sinceridad. En los últimos seis años ha cambiado su versión de los hechos muchas veces. Sin embargo, dos detalles han sido definitivos para decidir cuál de sus testimonios es creíble. El primero es una declaración que grabó en video en 2004 con el periodista Daniel Coronell, con el compromiso de que él no lo revelara hasta que ella le diera permiso. En 2008, cuando ya vio que su posibilidad de chantajear al gobierno por puestos burocráticos se había acabado, decidió sacarla a la luz pública, al parecer como una forma de ejercer una última presión sobre el gobierno. Y la segunda es una conclusión sencilla: que nadie en sano juicio se va a inventar un delito para terminar condenada, como le ocurrió a Yidis, si no es porque en efecto existió.
La Fiscalía considera, además, que la conducta de Sabas se agrava porque no se trata de un funcionario cualquiera, sino que fue un ministro que usó su alto cargo para hacer ofrecimientos ilegales.

La Corte Suprema tiene ahora la última palabra. Con la decisión que tome el máximo tribunal no solo se definirá el futuro de quien en su momento fue considerado el ministro estrella del gabinete de Uribe I, sino puede poner en entredicho la reelección inmediata de los futuros presidentes.

Si bien la reelección de Uribe ya es un hecho cumplido y nadie pone en duda su mandato, la pregunta es si tal y como van las cosas, existe la posibilidad de que la reforma que permitió la reelección sea demandada por la manera como se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara. Algo que sin duda no le caería bien al Presidente que será elegido en las próximas semanas.