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| 9/14/1998 12:00:00 AM

LA MALA HORA

Seis contralores han terminado en la cárcel. Esta semana el Congreso elegirá al nuevo titular del cargo maldito.

A pesar de la triste suerte de los anteriores contralores generales, este cargo ha sido siempre uno de los más apetecidos de Colombia. Ser contralor significa manejar la mayor fuente de puestos de libre nombramiento y remoción del Estado y ejercer el control fiscal sobre todo el gasto público. Por esta razón su titular se convierte en una pieza clave del ajedrez político del país. Con razón se habla del ascendiente y manejo que han tenido hombres como Rodolfo González o David Turbay sobre el Congreso. Por esas mismas causas cada cuatro años la elección de contralor se convierte en el tema más importante en la agenda de los parlamentarios. Durante la última campaña presidencial Andrés Pastrana sostuvo que los organismos de control debían estar en manos de personas con filiación política distinta a la del Presidente. Esto llevó a muchos a pensar que este puesto podría ser el centro de poder más importante para el liberalismo oficialista, después de las múltiples derrotas de los últimos días. Sin embargo el guiño del ex fiscal Alfonso Valdivieso a favor de uno de los candidatos introdujo un elemento nuevo en la contienda por la Contraloría. La terna de aspirantes está compuesta por el ex alcalde Jaime Castro, propuesto por la Corte Suprema de Justicia; el ex constituyente Carlos Ossa Escobar, candidato de la Corte Constitucional, y el ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Jaime Buenahora, cuyo nombre fue propuesto por el Consejo de Estado. Que las designaciones de las ternas las hagan los altos tribunales no significa que cada uno de los candidatos no represente un interés político específico. Se esperaba que esta elección significara la despolitización del cargo, pero los últimos episodios comprueban que esto está muy lejos de convertirse en realidad. El primer hecho que agitó el ambiente en el Congreso se presentó cuando la semana pasada, en una entrevista al diario El Tiempo, Alfonso Valdivieso invitó a los miembros de la Gran Alianza por el Cambio a respaldar el nombre de Jaime Buenahora. El guiño del ex fiscal fue visto con enormes reservas por amplios sectores de opinión, que no entendían cómo uno de los abanderados de la reforma recurría a los métodos de la vieja clase política pretendiendo señalar quién debía ser escogido para controlar al gobierno que él mismo ayudó a elegir. Al guiño de Valdivieso se unió el del ex vicepresidente Humberto de la Calle. Al final estas señas terminaron haciéndole más mal que bien a Buenahora, por cuanto ni el ex fiscal ni el ex vicepresidente son santos de la devoción del Congreso. Es bien distinto ayudar a la elección de Fabio Valencia Cossio como presidente del Senado que pretender señalarles a los miembros de las cámaras por quién votar para contralor. Por eso, a nombre de la autonomía parlamentaria, algunos han encontrado un muy buen pretexto para cerrarle el paso a la reciente carrera de éxitos políticos de Valdivieso. Pero los guiños no le hicieron daño solamente a Buenahora, sino al propio ex fiscal y a De la Calle, que quedaron ante la opinión al nivel de los más caracterizados manzanillos por su intento de interferir en la elección. Por cuenta de las señas de ellos a nombre de la Gran Alianza, que al fin de cuentas es el gobierno, el presidente Pastrana se vio obligado a declarar públicamente que él no tenía candidato a la Contraloría. La contraofensiva al guiño valdiviesista vino de parte de la representante María Isabel Rueda, quien calentó más el debate al señalar los que, a su juicio, son importantes reparos en las hojas de vida de dos de los candidatos. Según ella, Buenahora no puede ser elegido por tener afectada su independencia por haber sido asesor del ex contralor David Turbay, contratista de la mesa directiva del Senado y de Señal Colombia. Tampoco Carlos Ossa por haber representado gremialmente al sector cooperativo ya que _ según ella_ esto le impediría trabajar eficientemente para recuperar los recursos del Estado que están embolatados por manejos discutibles en algunas cooperativas. Todo esto significa para algunos solamente el apoyo de la representante María Isabel Rueda a la aspiración de Jaime Castro. Lo cual puede tener para el ex alcalde tanto de bueno como de malo. A pesar de que existe algún índice de renovación en el Congreso, las personas que piensan como María Isabel siguen siendo minoría y lo que prevalece a la hora de votar en el Parlamento son las mismas 'Martacatalinas' de siempre.Jaime Castro es sin duda quien posee la mejor hoja de vida de los tres candidatos, pero al mismo tiempo es el que de momento tiene menos opciones políticas por dos razones: primero, es el candidato de la Corte Suprema de Justicia, que tiene citados a indagatoria a los 110 representantes a la Cámara que absolvieron a Ernesto Samper, la mayoría de los cuales son repitentes en el Congreso con voto válido para elegir contralor. Por otra parte, esta no es una elección por méritos sino por conveniencia política. Y Castro, a pesar de ser un veterano en la política, es débil en este aspecto por la independencia con la que administró a Bogotá, sin hacerle concesiones a los concejales de entonces que representaban a muchos de los parlamentarios de ahora. La hostilidad hacia su candidatura se hizo evidente la semana pasada cuando fue el único de los candidatos que no fue invitado para exponer sus planteamientos sobre el manejo de la Contraloría ante la plenaria de la Cámara. El tercero en discordia, Carlos Ossa Escobar, se convertía al cierre de esta edición en favorito dentro de un amplio sector de la Cámara, más por sustracción de materia que por el entusiasmo mismo que despierta su candidatura. Todo esto ha llevado a que se mueva dentro del Congreso una tesis según la cual la terna debe ser devuelta a las Cortes para elegir entre tres candidatos nuevos. De todas maneras la Constitución señala que el último plazo para escoger contralor se vence el 20 de agosto, es decir el viernes de esta semana.
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