La maldición de Caldas

En menos de mes y medio el departamento de Caldas ha vivido una especie de abrebocas de lo que sería el apocalipsis. En apenas seis semanas le ha tocado padecer cuatro grandes tragedias.

Primero, el 21 de septiembre, una explosión en una subestación eléctrica mató a seis obreros. Ocho días después, un incendio casi acaba con la licorera del departamento. El 20 de octubre, toda Manizales se quedó sin agua durante 16 días. Y la semana pasada, una avalancha dejó 48 muertos y 111 familias damnificadas.

Como si fuera poco, otros tres grandes descalabros del departamento salieron a flote en septiembre: el gobernador Mario Aristizábal fue suspendido por la Contraloría por supuestos actos de corrupción; el alcalde Juan Manuel Llano reveló que Manizales podría ir a la quiebra por el pago de una demanda de más de 100.000 millones de pesos; y el proyecto del aeropuerto en Palestina amenaza con convertirse en un gran elefante blanco, pues su costo se incrementó 10 veces y no se sabe cuándo se terminará.

Desde la década de los veinte, cuando Manizales enfrentó dos incendios seguidos que acabaron con el centro de la ciudad, Caldas no padecía tantas calamidades juntas. Los caldenses se preguntan si semejantes golpes son producto de la mala suerte o se está cosechando el fruto de malas administraciones. "Nos cayó la roya", dijo Germán Jaramillo, presidente del Comité Intergremial de Caldas.

Por ahora, están buscando responsables. Si bien las dos últimas emergencias fueron originadas por el invierno, son vistas como tragedias que se pudieron manejar. Por ejemplo, tras la avalancha del 5 de noviembre en el barrio Cervantes de Manizales, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones para establecer si se presentaron irregularidades en la avalancha. "Se está evaluando la responsabilidad en la que incurrieron funcionarios públicos ya sea por omisión o por dudosa actuación en este drama", dijo el procurador Alejandro Ordóñez.

La duda tiene que ver con que horas antes del derrumbe, vecinos del barrio llamaron a la línea 116 de Aguas de Manizales -la empresa que opera el acueducto- para reportar "el empozamiento de agua que brotaba sobre la calzada y los andenes", dijo el personero Juan Carlos Pérez. La gente dice que habría estallado un tubo debido a la presión del agua que se produjo cuando se restableció el servicio de acueducto.

Y ahora que surgen dudas en torno a la conducta de Aguas de Manizales con la tragedia en el Cervantes, el alcalde Juan Manuel Llano ha mantenido el debate acerca de si se debió evacuar o no el barrio, dejando a un lado la discusión de fondo sobre las causas reales de la avalancha, donde el principal sospechoso hasta el momento es un tubo.

Todo ese escándalo ocurre unos días después de que los 400.000 habitantes de la ciudad apenas se reponían de la guerra que padecieron en sus calles para acceder a una gota de agua durante el racionamiento que sufrieron por cuenta de una avalancha que inhabilitó su sistema de acueducto.

Antes de sufrir el desierto urbano, los caldenses ya habían padecido otro trance cuando el 21 de septiembre se fueron a la cama con la penosa noticia de seis muertos y 17 heridos durante una explosión en una subestación de la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), ubicada en Chinchiná. La tragedia ocurrió mientras los obreros pintaban el interior de un tubo de conducción que estalló por la acumulación de gases.

Diez días después, es decir el primero de octubre, los sorprendería otra tragedia pero esta vez ocurriría de nuevo en Manizales, donde un voraz incendio consumió dos bodegas de la Industria de Licores de Caldas (ILC); por fortuna, allí solo hubo pérdidas materiales cercanas a los 35.000 millones de pesos.

La sed por hallar responsables de sus desgracias tiene a los caldenses escarbando si en el incendio de la licorera hubo manos criminales. Aunque aún no culmina la investigación, lo que muchos se preguntan es si los 22.000 barriles que consumieron las llamas estaban llenos de licor. No obstante, el simple hecho de que la aseguradora no ha objetado el pago de la póliza, hace pensar que todo estaba en regla y no hubo irregularidades.

Las dudas afloraron debido a que la ILC ha sido objeto de varios escándalos. El más reciente es la condena que le impuso la justicia en 2010 a su exgerente Carlos Arturo Fehó a seis años de cárcel por falsedad en documento público durante la adjudicación del millonario contrato para la distribución de licores a una firma vallecaucana.

Con este abanico de desastres, la gente se pregunta si de verdad se le puede atribuir toda la culpa a la mala suerte y a la furia de la naturaleza. Hay quienes dicen que no. Y hablan, por ejemplo, de la responsabilidad que le cabe a la clase dirigente en una región que venía de padecer una suerte de patria boba en la que dos grupos políticos (barquismo y yepismo) dominaban y se repartían burocráticamente el departamento y luego cayó en la parapolítica, que salpicó a muchos de sus dirigentes (seis congresistas y siete alcaldes están investigados, y algunos ya fueron condenados).

Pero serán las indagaciones las que determinen si la maldición que por estos días recae sobre los caldenses es producto de una mala racha o negligencia de sus gobernantes.