La maldición del Valle del Cauca

Vuelve y juega otro escándalo electoral en el Valle del Cauca. El primero ocurrió en 2010, cuando varios aspirantes vallecaucanos al Congreso denunciaron fraude y el entonces director del partido Liberal, Rafael Pardo, pidió reconteo de votos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) trasladó todo el material y los escrutinios a Bogotá. Pero un mes después, el mismo CNE anunció que el Valle pasaba de tener ocho a 11 senadores, sin haber recontado un solo voto.

Un año y medio después, fue el propio presidente Santos quien puso la lupa nuevamente sobre el departamento. A dos meses de las elecciones regionales, advirtió públicamente que allá se estaba fraguando "un torcido". El actual alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, por poco termina fuera de la contienda cuando la Registraduría invalidó algunas firmas que había presentado como candidato independiente. Luego él mismo denunció que unos personajes con supuestos contactos en la entidad le ofrecieron solucionar el problema a cambio de 100 millones de pesos, pero aún más grave es que por 2.000 millones de pesos le garantizaban el triunfo.

Con la destitución de Héctor Fabio Useche, elegido el pasado octubre como el séptimo gobernador del departamento en dos años, el gobierno ordenó la celebración de elecciones atípicas. La ilusión era ponerle fin a la maldición de los últimos gobiernos, que dejaron al departamento inundado de demandas superiores a 700.000 millones de pesos y con un déficit fiscal de 120.000 millones. Pero otra vez la corrupción ocupó los principales titulares.

Cuatro días antes de los comicios, la Fiscalía ordenó detener al exsenador Juan Carlos Martínez por presuntos delitos de narcotráfico. Su captura en realidad acabó con la candidatura de Francined Cano, del MIO, así Cano lo niegue, porque el verdadero cerebro detrás de la campaña era Martínez. En su lujosa casa, en un conjunto residencial en Dapa, Martínez ofrecía suculentos almuerzos con comida típica del Pacífico a financiadores, colaboradores y líderes políticos del departamento, según le contó a SEMANA alguien que trabajó para la campaña. En el mismo lugar, al parecer, se habría orquestado también un plan para robarse las elecciones con funcionarios cómplices de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Pero la Policía intervino el sábado antes de los comicios y el fraude no se pudo consumar.

Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre los presuntos integrantes de esta red criminal, que reveló El Espectador, y el rol que desempeñaban cada uno de los detenidos en cargos claves al interior de las instituciones generan varias dudas, pero también hay pistas de que este no es un caso aislado.

Para empezar, aún no es claro si los funcionarios capturados son un grupo de timadores profesionales, capaces incluso de engañar a un zorro como Juan Carlos Martínez, o si realmente tenían el poder de alterar los resultados electorales, sobre todo ingresando al sistema de información interno de la Registraduría. "Técnicamente no es posible alterar los resultados electorales", ha asegurado el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez.

Sin embargo, la Fiscalía investiga si la misma red habría orquestado exitosamente un fraude en las pasadas elecciones en diez municipios de cinco departamentos: Valle, Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Cesar. SEMANA conoció que algunos candidatos en otros lugares del país recibieron en su momento ofertas tentadoras para asegurar su elección.

Queda la duda también sobre si los capturados son el único grupo, si son todos los que están o existen más personas en el negocio de las 'registradurías paralelas'. Dos de los capturados, que trabajaron para la Registraduría, entregaron un listado en el que mencionan a 20 funcionarios cómplices, algunos en cargos claves. Doce de ellos, sin embargo, van a demandarlos por injuria y calumnia. De comprobarse que son más los que están participando en este tipo de delitos, se estaría hablando de una institución infiltrada y no de uno que otro caso aislado, como ha sostenido el registrador. Es más, la infiltrada no solo sería la Registraduría, sino la Organización Electoral en su conjunto, incluyendo al Consejo Nacional Electoral.

Entre las capturadas, precisamente, está Adriana Lucía Castro, que trabajaba directamente como asistente y recepcionista en el despacho del presidente del CNE, José Joaquín Plata, elegido por el partido PIN, donde primero militó Martínez antes de crear el MIO. "Nunca tuve conocimiento de lo que ella estaba haciendo. Le pido a las autoridades que investiguen", le dijo Plata a SEMANA. De los funcionarios capturados, Castro era la única que tenía antecedentes disciplinarios por el uso indebido de viáticos en una investigación que el CNE adelantaba por trashumancia electoral en Dosquebradas en 2011.

El hombre que al parecer habría hecho el contacto entre los funcionarios y la campaña es Jairo Candelo Banguero, exsecretario general de la Alcaldía de Cali del destituido Apolinar Salcedo y quien había sido elegido para integrar el Tribunal de Garantías del Valle por el CNE en las pasadas elecciones. Él, además, sería el hilo conductor con el escándalo de las firmas de las elecciones de 2011, pues también habría actuado como intermediario entre funcionarios de la Registraduría y las campañas. Candelo también aparece en el listado de asiduos visitantes de Martínez en La Picota.

En el mismo listado aparece María del Pilar Yangana, otra de las capturadas, quien fungía como secretaria general del partido MIO. Yangana en realidad es la mano derecha de Martínez, que le manejaba sus finanzas y temas personales, a tal punto que fue en su casa donde encontraron los dos pasaportes del exsenador. Quienes trabajaron en la campaña afirman que ella no movía un dedo sin el consentimiento de Martínez, por eso es dudoso el argumento de que ella habría pagado los servicios de los funcionarios corruptos sin que Martínez la autorizara.

La otra pregunta es si el 'Hollman' que aparece en las conversaciones interceptadas es Hollman Ibáñez Parra, exdirector del Censo Electoral de la Registraduría y uno de los hombres de confianza del registrador Carlos Ariel Sánchez. Ibáñez renunció el pasado mes de agosto, luego de que en medio del escándalo de las firmas del alcalde Guerrero, que él invalidó, se conociera su relación sentimental con Eliana Salamanca, exsecretaria de gobierno del exgobernador Juan Carlos Abadía y amiga del senador Martínez.

La relación sobrevivió al escándalo y en diciembre la pareja contrajo matrimonio, pero, según le dijo Ibáñez a El País de Cali, a los pocos meses se separaron y él no ha vuelto al Valle. Niega que esté involucrado en el proceso y como coartada explicó que el sábado 17 de junio, cuando se habrían reunido en casa de Martínez para planear el fraude, él estaba en el funeral de su bisabuela en Bogotá.

Para completar la colección de dudas y suspicacias que hay alrededor de los escándalos electorales del Valle, SEMANA conoció que los dos fiscales que llevan la investigación por el escándalo de las firmas de 2011 fueron denunciados ante el Consejo Superior de la Judicatura. Una de las personas que entabló la demanda contra la fiscal es el hijo del magistrado Henry Villarraga, quien antes de ingresar al Consejo Superior de la Judicatura fue socio del registrador Sánchez en una firma de asesorías llamada Procesos Electorales. De la misma firma hicieron parte Alfonso Portela, actual director de asuntos electorales de la Registraduría, y el exfuncionario Hollman Ibáñez. La Corte Suprema de Justicia determinó que la demanda no era procedente y la fiscal continúa con el proceso.

Les corresponde a las autoridades resolver pronto quiénes están realmente detrás de este nuevo escándalo, pero también de los anteriores. La reputación de las dos instituciones vitales para el proceso democrático está en juego, así como también la legitimidad de las elecciones y los gobernantes.