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| 4/28/2003 12:00:00 AM

La maldición de Foncolpuertos

La plata que les llegó como agua a los jubilados de los puertos como agua se les fue. Más cuando ael gobierno se ha dado a la tarea de recuperarla.

El pais lleva una decada acostumbrado a que cada vez que escucha algo sobre Foncolpuertos es para un nuevo escándalo. Sin embargo dicen que en juego largo siempre hay desquite.

Que hoy Foncolpuertos sea sinónimo de corrupción no es gratuito. Se cobraron pensiones de más de 25 millones de pesos al mes. Los pensionados demandaron y obtuvieron liquidaciones que alcanzaron a sumar 2,3 billones de pesos -una cifra equivalente al ahorro que hoy tienen todos los trabajadores del país en los fondos voluntarios de pensiones-. Corruptos de cuello blanco -algunos abogados, jueces y políticos- cobraron comisiones extravagantes para montar el negociado.

Para enfrentar semejante despropósito se creó en 1998 el Grupo Interno de Trabajo para el Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia (GIT), a cargo del hoy Ministerio de Protección Social. Hoy, gracias a un empujón del nuevo gobierno, empieza a arrojar notorios resultados. Expertos del GIT calculan que el Estado puede incluso recuperar la mayor parte de lo que fue desfalcado.

No sólo se ha tratado de recuperar lo perdido sino que también se busca frenar las 39.495 reclamaciones que están en lista de espera y que, según cifras conservadoras, podrían sumar entre 1,8 y 2,4 billones de pesos más.

Se cree que muchas de estas reclamaciones no van a prosperar porque se utilizaron trampas tan burdas como no colocarle la puntuación a las cifras, lo que permite confundir los ceros de los centavos como si fueran pesos. Es más, hasta se han encontrado reclamaciones en las que se suman los números de las cédulas como un valor más a cobrar.

La reconstruccion

En el caso de Foncolpuertos no hay cifras exactas. El despelote encontrado en los archivos de las demandas fue tal que más que de número de procesos o folios se puede hablar de metros de altura de las montañas de documentos.

De ahí que la consolidación de la información haya sido una labor titánica. Pues a pesar de que los 17.110 pensionados se encuentran asociados en 26 organizaciones, muchos de ellos firmaron poderes a cuanto abogado se apareció. Esto sin contar con los documentos falsos que se utilizaron para quedar cubiertos por los beneficios que gozaron por años los trabajadores portuarios.

La madeja de Foncolpuertos le está saliendo carísima a los colombianos. Hoy los pagos mensuales de las pensiones legales le cuestan al país 30.783 millones de pesos, una cifra escandalosa si se tiene en cuenta que Ecopetrol, la empresa más grande del país, paga en salarios 12.000 millones de pesos mensuales.

Lo recuperado

Decisiones de los últimos meses han comenzado a taponar las fugas de este barril que parecía sin fondo. Para empezar, los tribunales laborales en segunda instancia revisaron 10.047 acuerdos de pagos a pensionados de Colpuertos de los 22.000 que se cree que se alcanzaron a firmar antes de la creación del GIT y que sumaron los 2,3 billones de pesos. En aproximadamente 35 por ciento de los casos se determinó que se había pagado de más. Esos dineros empiezan a ser descontados a partir de este mes, y durante los próximos tres años, de las mesadas de los jubilados. Por ejemplo, a Jose Ito Hurtado Guerrero, que hasta abril recibió una pensión mensual por 3.800.000 pesos, de aquí en adelante y por tres años más va a recibir sólo medio salario mínimo. Los 3.600.000 pesos que se le descontarán de ahora en adelante se irán a pagar los 123 millones de pesos que según los tribunales se le entregaron irregularmente.

Según las proyecciones del GIT, cuando se hagan efectivas todas las sentencias que ya dictaron los tribunales dictaminando pagos fraudulentos el Estado recuperará un billón de pesos.

Pero, ¿de dónde surge el entusiasmo de quienes creen que se pueden rescatar gran parte de los 2,3 billones de pesos que ya se pagaron? De lo que puedan recuperar con nuevas demandas que se iniciaran contra quienes obtuvieron beneficios irregularmente, exigiendo la devolución no sólo del pago irregular, sino también reclamando la indexación del dinero e intereses. Eso era precisamente lo que hacían los ex trabajadores portuarios en sus demandas contra el Estado. Estas sanciones se aplicarán sobre los bienes de los pensionados, incluso si ya murieron. Es decir, con la vara que mides serás medido.

Cada caso documentado de pensiones y pagos irregulares está siendo remitido a la Fiscalía, a la Procuraduría o la Contraloría, según corresponda, para que los beneficiados respondan penal y fiscalmente.

Del ahogado el sombrero

Ante lo que se viene han surgido propuestas insólitas de los jubilados. La Unión de Pensionados de Colpuertos le dijo al gobierno a principios de este año que a ellos se les adeudaban 1,8 billones de pesos, y que para solucionar el problema de una vez les dieran sólo la mitad en dinero y la otra mitad la destinara a inversiones en proyectos empresariales en sus ciudades.

Cada vez son más los pensionados que dicen que ellos son víctimas de varios abogados que han encontrado en su ignorancia y en el desorden del Estado una mina de oro para explotarla por punta y punta.

Hay jubilados del puerto de Barranquilla que denuncian que unos abogados les cobran 300.000 pesos supuestamente para comprar pólizas de seguros necesarias para futuros pagos, lo que es obviamente una estafa. Otros del puerto de Buenaventura aseguran que, como adquirieron muchas deudas para cobrar sus pensiones, agiotistas de la región, en complicidad con bancos locales, les han retenido sus libretas y tarjetas débito de sus cuentas hasta que no paguen lo que deben con 30 por ciento de interés mensual. A ellos tan sólo les dan algo mínimo para subsistir.

Muchos de los pensionados de Foncolpuertos que recibieron millonarias indemnizaciones o que gozaron de pensiones altísimas hoy están en la quiebra. Los ex trabajadores creen que es una especie de maldición, otros simplemente consideran que malversaron la plata en carros, casas, viajes, mujeres o erradas inversiones. Hoy la situación de los pensionados no sólo es caótica por su estilo de vida, también padecen del 'guayabo' que produjo el frenesí por los millones que corrieron tras la escandalosa liquidación de Puertos de Colombia. La bonanza que vivieron se ha diluido en honorarios de abogados, otros sobreviven con sus sueldos embargados por alimentos o deudas y algunos están pagando por los excesos que trajo la que hoy consideran una plata maldita. Una crisis que hoy pagan cientos de familias portuarias (ver historias de algunos pensionados en recuadros).

Un trabajador le había dicho a Felipe Lozano, autor del libro Conspiración en los puertos, la mayor investigación sobre el tema, que la plata de Foncolpuertos fue "el primer gran acceso que tuvimos los negros y los pobres a la igualdad social", pero al parecer esta ilusión de plata fácil se frustró porque resultó ilegal.

Los jefes

Así, mientras avanzan los procesos para recuperar los dineros, también progresan los procesos contra quienes han sido señalados como cabezas visibles del desfalco. Entre ellos se destaca Hernando Rodríguez, el primer director de Foncolpuertos, quien hoy afronta un juicio y está bajo detención domiciliaria. Ya fue escuchado en audiencia pública el 10 y 11 de abril, que continuará el 19 de mayo en un juzgado de Santa Marta antes de saber el veredicto final.

A este ritmo es probable que el nuevo gobierno logre gran parte de lo que se ha propuesto, que es cerrar este triste capítulo de la historia colombiana antes de que termine este año.

Quedará pendiente que la justicia descubra a los grandes responsables de este entuerto, aquellos de los que todo el mundo comenta pero que nadie sostiene. Pues a estas alturas sería por lo menos ingenuo que toda esta multimillonaria operación pasara bajo las narices de congresistas, ministros, contralores, procuradores y hasta presidentes de turno sin que nadie se diera por enterado de lo que sucedía.
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