LA MANO AL DRIL

El mensaje había sido claro pero pocos lo creyeron. Cuando el gobierno anunció que los
accionistas de los bancos debían "meterse la mano en el bolsillo" para sacarlos de problemas lo dijo en
serio. Al menos eso es lo que se concluye tras la intervención y liquidación de los bancos Andino y del
Pacífico la madrugada del pasado viernes. Las dos entidades, que no representan siquiera el 2 por ciento de
los activos de los bancos colombianos, eran de propiedad de los hasta hace poco fusionados grupos
financieros ecuatorianos Pacífico y Popular, contaban con unos 30.000 ahorradores y sumaban activos por
715.000 millones de pesos. Tanto el Andino como el Pacífico se encontraban en serios problemas desde
octubre del año pasado y habían recibido diversas órdenes de la Superintendencia Bancaria para ajustar su
creciente cartera morosa, la cual estaba además mal calificada. Como solución a su deterioro (pérdidas
superiores a 83.000 millones de pesos al terminar 1998) habían decidido fusionarse en abril pasado. Sin
embargo las pérdidas siguieron creciendo, ante lo cual la Superbancaria convocó el pasado 15 de abril a
los máximos ejecutivos ecuatorianos y les dio plazo para capitalizar el Banco Pacífico _el que quedaría
después de la fusión_ en 15.000 millones de pesos a más tardar el 19 de mayo pasado. Cuando el 20 de
mayo no habían cumplido con su aporte la Superbancaria decidió intervenirlos. Sobre todo al darse
cuenta de que estaban sobreviviendo casi que exclusivamente con dineros del Estado. Basaban su
operación en el recaudo de impuestos y de aportes al Instituto de Seguros Sociales y en recursos de
liquidez del Banco de la República para cumplir con el encaje. A tanto había llegado esa dependencia que
el Banco Andino quedó debiéndole 80.887 millones de pesos a la Administración de Impuestos y el Pacífico
38.000 millones. Para completar, en su loca carrera para no dejarse ahogar venían captando recursos del
público con tasas hasta 3 y 4 puntos por encima de otros bancos pequeños del país. Al final de cuentas los
pequeños ahorradores tendrán el respaldo del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin). Pero
las mayores preocupaciones están concentradas en la recuperación de los dineros de la Dian y de los
propios empleados, éstos últimos en razón a que las entidades no hicieron en su momento las provisiones
del caso. A pesar de que el nuevo campanazo de alerta que deja sobre el sistema financiero la
desaparición de estos dos bancos puede revivir la incertidumbre sobre la recuperación de la economía o
sobre la estabilidad del sector financiero en general, aunque un poco tardía, esta es una medida más en la
dirección correcta. Lo cierto es que, aunque hay más bancos en problemas, de la acción inmediata de las
autoridades para ayudarles y del aporte de sus accionistas dependerá el futuro de otras entidades
financieras. Por ahora el mensaje del gobierno ha quedado claro: de esas entidades que se encuentren en
problemas sólo tendrán acceso al bolsillo del Estado aquellas cuyos accionistas hayan metido antes la
mano a sus propios bolsillos.