Lunes, 1 de septiembre de 2014

LA MANO INVISIBLE

| 1990/10/29 00:00

LA MANO INVISIBLE

Sin querer queriendo, los hechos políticos de la semana pasada comienzan a despejar el camino para una posible solución de los secuestros recientes.


La última comunicación que alguna de las familias de los periodistas secuestrados ha tenido con alguien, rue una llamada el viernes 21 del hombre que se identificaba como "Caliche". Este le dijo a Roberto Pombo, representante de la familia Santos para los asuntos relacionados con el secuestro de Francisco, que harían llegar su ropa como prueba de supervivencia, al día siguiente. Una semana despues, la ropa no había llegado llegado. Despues de la llamada se produjo el comunicado de "Los Extraditables" en el cual se desautorizaba a "Caliche" como vocero del cartel de Medellín, pero no se negaba que los secuestrados estuvieran en su poder. Desde ese momento, no ha habido sino silencio.

A pesar de la falla de comunicación, las autoridades colombianas y las familias de los secuestrados han llegado a conclusiones que les han servido para formular hipótesis de trabajo para enfrentar la situación. La primera de estas es que los secuestrados están en manos de Pablo Escobar. Los generales Miguel Maza Márquez, director del DAS, y Miguel Antonio Gómez Padilla, director de la Policía nacional, quienes inicialmente tenían sus reservas sobre la autoria intelectual de los secuestros, principalmente el de Diana Turbay por sus peculiares características, están ya plenamente convencidos de que se trata de una nueva ofensiva del carcel de Medellín.

En cuanto a las llamadas de "Caliche" y su posterior desautorización, se cree que forma parte de una estrategia global que consistiría en revelar las as piraciones del cartel a traves de una persona vinculada al mismo para luego desautorizarlo como vocero, pero sin refutar el contenido. El propósito de ésto sería dejar saber que tienen los secuestrados y qué es lo que buscan, pero sin necesidad de identificar se. Y como para no dejar duda alguna sobre la autoría de los secuestros, incluyeron en el abanico a la hermana del ex-secretario de la Presideneia de la República durante la administración Barco, Germán Montoya. Aparte de Pablo Escobar, la señora Marina Montoya de Pérez no podía interesar a nadie más, pues se trata de una respetable y sencilla ama de casa, sin recursos económicos, ajena por completo al mundo de las intrigas y del poder. Este hecho se interpreta como la firma que Escobar le ha puesto a los secuestros pero con tinta invisible.

En lo que se refiere a Diana Turbay a pesar de las reiteradas negativas del ex-sacerdote Manuel Pérez sobre la participación del Ejército de Liberación Nacional en ese caso, existe cada vez más convencimiento de que la hija del expresidente y sus aeompañantes fueron engañados por una célula de ese movimiento guerrillero, cuyo objetivo no era precisamente conducirlos hasta el jefe guerrillero, sino hasta Escobar. Se trataría de un contrato de servicios, como hay evidencia de que ha ocurrido en otras oportunidades.

Diana Turbay es una persona precavida y, antes de aceptar la invitación para ir al monte, exigió toda clase de pruebas de que sus "invitantes" pertenecieran a esa organización subversiva. Ella y su editor, Juan Vitta, se reunieron con ellos exclusivamente para verificar la autenticidad de la invitación y se consideraron satisfechos con las pruebas que recibieron. Todo ésto le da peso a la intepretación de que una célula del ELN estaba comprometida.

¿Qué podría pasar ahora? Existe la posibilidad de que los secuestros no vayan a ser reivindicados ni que se vayan a hacer exigencias concretas. El propósito de no reivindicarlos sería el de no dejar tipificar el delito de secuestro, lo cual complicaría las cosas si se busea una salida negociada. El decreto 2047 de reducción de penas y no extradición cubre los delitos en forma retroactiva y deja de ser aplicable para cualquier delito cometido después de su expedición. Por lo tanto, si Escobar está más interesado en una solución que en una guerra total, no sería lógico ponerle la firma a un delito más, lo cual equivaldría a quemar las naves.

En cuanto a las exigencias, es posible que nunca se formulen, por la sencilla razón de que hacerlo, significaría reconocer la autoría. Pablo Escobar, a quien aún sus más violentos detractores le reconocen dotes de estrategía, sabe perfectamente que cualquier intento de chantaje directo sólo obtendría un rotundo "no" por parte del gobierno.

Si al presidente Gaviria le llegara un comunicado de "Los Extraditables" exigiendo tratamiento político la no extradición o el indulto, estarían de entrada, cerrándose las puertas. Por ésto, se ha llegado a pensar que la estrategia consistía en dejar hablar a "Caliche" y luego callarlo. Esto sería un globo de ensayo para medir la temperatura, poner a pensar a todo el mundo y esperar. En otras palabras, sin pedir nada concreto, generar con los secuestros suficiente presión indirecta que pudiera traducirse en movimientos o hechos para su beneficio. De esta manera, "Los Extraditables" estarían pasando la pelota al campo del establecimiento, al que le tocaría crear condiciones para la liberación de los secuestrados. Estas no necesariamente recaerían sobre el ejecutivo, sino sobre otros poderes como el Congreso y la Asamblea Constitucional e inclusive la prensa.

Los temas que les interesan a"Los Extraditables" son la no extradición, el tratamiento político y no de delinciencia común, y hasta el indulto. Estos no dependen exclusivamente de César Gaviria, como se demostró en la junta de parlamentarios liberales el miércoles de la semana pasada y como lo han demostrado las propuestas de la guerrilla y algunas columnas de los periódicos. Estos temas, que se estaban moviendo en la sombra y estaban como adormecidos, salieron a note con particular intensidad como consecuencia de los secuestros. Por ejemplo, en la junta parlamentarios liberales la semana pasada, cuyo propósito inicial era la elección de la Comisión Política central, Bernardo Guerra y Alberto Santofimio sorprendieron a los presentes poniendo sobre el tapete y sin tapujos los temas candentes:
Santofimio el de la no extradición y Guerra el del tratamiento político para todas las formas de violencia, lo cual hacía suponer que estaba incluido el narcotráfico. La iniciativa de Guerra casi "corona" de no haber sido por Horacio Serpa quien, al pedir una explicación detallada de su alcance, abrió un debate que impidió el pupitrazo. La frase de lajornada corrió por cuenta de Alvaro Uribe Vélez, quien afirmó que el apoyo a la propuesta de Guerra podía interpretarse como un paz y salvo físico para los que la firmaban y un paz y salvo moral para los que no lo hicieran. Después del debate, en el cual se vio no poca cobardía y no poca hipocresía, por iniciativa de Serpa se llegó a una fórmula transaccional mediante la cual no se hablaba de dar tratamiento igual a todos los factores de violencia, sino de "el tratamiento requerido para cada caso" .

Y si la clase política le echó muela a esos temas, tampoco se quedó atrás la guerrilla. En medio de las discusiones sobre un prosible ingreso de las FARC y el ELN en los procesos de paz y la Asamblea Constitucional, surgió como una de las propuestas de la Coordinadora Guerrillera la inclusión de la no extradición en el temario de esta.

Por su parte, algunos columnistas de prensa como D'Artagnan y Juan Diego Jaramillo decidieron darle cabida en sus columnas al debate sobre la posibilidad de que el narcoterrorismo pueda considerarse como delito político.

Todos estos eventos han tenido lugar por iniciativas personales que, aunque no obedecen a un plan coordinado, se guardan relación con los secuestros recientes. Como consecuencia de éstos, parece estar actuando una mano invisible que, sin comprometer directamente al gobierno y a los familiares de las víctimas, puede estar facilitando las condiciones para la liberación de los secuestrados.










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