La manzana de la discordia

Eran las 8 de la noche del lunes 26 de julio. En la Casa de Nariño se celebraba el Consejo Nacional de Política Económica del gobierno (Conpes), al cual asisten todos los ministros y el Presidente de la República. Después de casi seis horas de reunión y de haber aprobado nueve de los 10 puntos de la agenda de ese día, había llegado el momento de mirar el tema de la ampliación de la refinería de Cartagena.

El ambiente se puso cargado de inmediato. A pesar de la cordialidad que caracteriza estas reuniones, los asistentes advirtieron que el debate iba a ser intenso. Su pálpito no les falló. El enfrentamiento verbal entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, subió tanto de tono que el único que pudo calmar los ánimos fue el propio presidente Álvaro Uribe, a quien le tocó mediar en la pelea en la que ambos funcionarios se salieron de casillas, según comentó a SEMANA uno de los asistentes.

Al día siguiente se reunieron en Palacio el presidente Uribe y Yanovich. Este último, profundamente molesto por el pulso con Carrasquilla del día anterior, manifestó al primer mandatario su intención de renunciar a su cargo como presidente de la petrolera estatal. Uribe, quien es amigo cercano de Yanovich desde hace tiempo, lo escuchó en silencio. Al cabo de unos minutos le respondió que descartara esa opción y cerró el tema. Yanovich no tuvo otra salida que dar marcha atrás en su decisión.

¿Qué fue tan importante que motivó la renuncia del presidente de Ecopetrol? El meollo de todo el asunto es la construcción de un megaproyecto para ampliar y modernizar la refinería de Ecopetrol en Cartagena, que tiene un costo de 806 millones de dólares. Esto es casi 100 millones de dólares más que lo que cuesta montar los cuatro nuevos proyectos de transporte masivo del país -el de Cali, Pereira, Bucaramanga y Cartagena-, que valen 721 millones de dólares en total.

Las discrepancias entre el Ministro de Hacienda y el presidente de Ecopetrol giran en torno a la financiación del proyecto y la participación del Estado en la expansión de la refinería. El centro del debate fue con cuánto dinero debe participar el gobierno en la financiación de la obra.

Los argumentos

El plan maestro de la refinería de Cartagena fue diseñado hace nueve años con el fin de aumentar la producción de la planta de 75.000 a 140.000 barriles diarios de combustible, y adecuar la planta a los nuevos requerimientos ambientales y de calidad. También se hizo pensando en estimular el desarrollo de nuevos negocios privados en la Costa Atlántica, como la planta de olefinas y la producción de petroquímicos.

Hasta el Conpes del lunes pasado, estaba prácticamente definido que la mayoría de la financiación de este plan provendría de las arcas de Ecopetrol. Así lo había declarado recientemente el propio ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, quien sostuvo que la obra empezaría a operar a mediados de 2007.

Como hasta ahora está previsto, Ecopetrol asumiría casi toda la financiación, excepto la referente a los servicios industriales (energía, vapor, nitrógeno, hidrógeno), cuya inversión la haría el sector privado por 70 millones de dólares. Los recursos de Ecopetrol provendrían de diferentes fuentes: 158 millones de recursos propios, 260 millones de financiación externa, 300 millones de leasing de activos, 18 millones de licencias para mantenimiento y construcción de la refinería y 88 millones de dólares de la venta de activos en inversiones que no le son estratégicas, como las acciones en Promigas o Invercolsa.

Las diferencias sobre el origen de estos recursos fueron la manzana de la discordia entre Carrasquilla y Yanovich. Mientras que para el Ministro de Hacienda la participación del Estado en el proyecto debería ser baja, por la estrechez fiscal, para Ecopetrol debería ser de absoluto control, como estaba definida.

El primer argumento de Hacienda es que la rentabilidad del proyecto es muy baja y que con esos recursos es mejor atender otras necesidades. Según sus cálculos, el impacto fiscal sobre las cuentas de la Nación sería de 648 millones de dólares. Esto, porque las utilidades de Ecopetrol tendrían que reinvertirse en el proyecto, en vez de transferirse al Estado. De los 13 billones de pesos de utilidades que da Ecopetrol, el fisco nacional recibe cinco billones de pesos. Esto es el 29 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación.

El segundo argumento es que para que la planta sea eficiente y competitiva se necesitaría que produjera 300.000 barriles diarios de combustible como mínimo y no los 140.000 para los que se va a ampliar. En tercer lugar señala que la participación de la inversión privada en la refinería debería aumentarse y que es conveniente hacer la obra por etapas a lo largo del tiempo y no de un solo tacazo como quiere Ecopetrol.

Ecopetrol, por su parte, sostiene que el proyecto sí es rentable y que Cartagena quedaría preparada para abastecer de combustibles a la Costa Atlántica y parte del interior del país hasta el año 2015. Sus proyecciones arrojan una tasa de retorno del 20 por ciento anual, de acuerdo con un análisis realizado conjuntamente con Shell Global Solutions. Los datos de Ecopetrol indican que de no llevarse a cabo el proyecto, en cinco años la refinería de Cartagena le representaría una pérdida de valor presente neto de entre 177 millones de dólares y 250 millones de dólares, ya que el país estaría en la obligación de importar gasolina y Acpm para cumplir con los estándares ambientales. Esto porque el Ministerio del Medio Ambiente ha exigido reducir la concentración de azufre en la gasolina para disminuir la contaminación.

El trasfondo político

A pesar de la polémica, el proyecto sigue en marcha. El presidente Uribe, después de mediar en la pelea, ordenó a Carrasquilla y Yanovich revisar las cifras y presentar una solución a las diferencias en una próxima reunión. Y les recordó que la ampliación de la refinería de Cartagena era una promesa del gobierno y que él jamás incumplía lo que prometía.

Dos días después, en la tarde del miércoles 28, el ministro Carrasquilla salió oficialmente a decir que pese a que hubo una discusión preliminar, "es claro que la reconversión y ampliación de la planta se hace porque es considerada una inversión estratégica y un compromiso del gobierno". Si bien reconoció que aún hay discusiones sobre la forma en que se financiará el plan maestro y por esa razón no se ha aprobado el documento Conpes, dijo: "En la intimidad del gobierno estamos discutiendo el tema de cómo hacerlo, pero esa es una discusión del cómo y no del sí o del no".

La orden del presidente Uribe de hacer el proyecto a toda costa pone en evidencia un trasfondo político. De no hacer la ampliación de la refinería de Cartagena, corre el riesgo de que el bloque parlamentario costeño se le vaya en su contra y vote negativamente el proyecto de reelección.

En medio de la controversia, la pregunta es si un país que se está quedando sin petróleo debe hacer una refinería de 800 millones de dólares en vez de invertirlos en escuelas y obras sociales. Todavía hay quienes cuestionan por qué el tema no se le puede dejar de una vez por todas al sector privado y evitarle la presión financiera a Ecopetrol. Otros, sin embargo, sostienen que éste será el primer eslabón de una cadena que le puede traer a Cartagena tantos o más beneficios como los que le deja hoy el petróleo. Dicen que hoy la industria petroquímica colombiana es competitiva sin la planta de olefinas, pero que en el futuro la eficiencia y productividad dependerán de la integración de toda la cadena. El presidente Uribe tiene la última palabra. No será una decisión fácil de tomar.